La investigación judicial descubre un "grupo criminal" en la Policía Local de Granada para controlar ingresos y ascensos
Agentes de la UDEF durante los registros de febrero pasado. á.c./EP archivo
Si el sumario de la presunta trama en la Policía Local de Granada se pudiera consultar a ciegas, difícilmente se podría imaginar que los protagonistas son miembros de ese Cuerpo, incluidos mandos con el máximo rango para dirigirlo. Porque la investigación que la jueza Susana Álvarez Civantos, titular del Juzgado de Instrucción 4, puso en marcha hace prácticamente año y medio ha sacado a la luz la existencia de un "grupo criminal" en el seno de la Policía Local de Granada que, a través de los supuestos amaños en oposiciones, no solo ha facilitado el acceso a hijos, sobrinos, yernos y otros allegados, sino que ha tratado de "tener el control" del Cuerpo, maniobrando incluso en algunos momentos para favorecer que cargos del PP, cuando no estaban en el gobierno, obtuvieran "rédito político" y ellos se garantizaran el "liderazgo" en la Policía.
A través de los supuestos amaños en oposiciones, no solo ha facilitado el acceso a hijos, sobrinos, yernos y otros allegados, sino que ha tratado de "tener el control" del Cuerpo, maniobrando incluso en algunos momentos para favorecer que cargos del PP, cuando no estaban en el gobierno, obtuvieran "rédito político"
Son conclusiones que se recogen en los informes de la UDEF y autos que engrosan el extenso sumario al que ha tenido acceso El Independiente de Granada, que sitúa como supuesto cabecilla de ese "grupo criminal" a José Manuel Jiménez Avilés, que ha ejercido como jefe policial en distintas etapas, siempre con el PP en el gobierno municipal, cargo de confianza que desempeñaba cuando la UDEF entró en la Jefatura de la Huerta del Rasillo el pasado febrero y se conoció que, esta vez sí, la investigación de estas graves irregularidades, iba en serio.
Porque no es la primera vez que esos posibles amaños se han investigado. En algunos casos, como en el ya lejano 2007, se constató que hubo filtración de examen, si bien no se pudo identificar al responsable. Más recientes son las acciones emprendidas por algunos de los ahora investigados, que tampoco prosperaron -bien ante la Fiscalía o ante juzgados de Instrucción-.
Los hechos que se investigan se corresponden con posibles delitos de prevaricación administrativa, tráfico de Influencias, abuso de información privilegiada, revelación de secretos, fraude en la contratación, falsedad documental, extorsión o coacciones y amenazas, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho y pertenencia a grupo criminal, todos ellos en relación a los procesos selectivos de oposición al cuerpo de Policía Local de Granada de nuevo ingreso de 40 plazas por turno libre más 9 del turno de movilidad y 32 plazas, convocadas en 2019 y 2022, respectivamente, además de oposiciones al cuerpo de Policía Local de Algarinejo y Albolote.
En total hay 43 personas investigadas con distinto rango de participación en una trama que salpica al sindicato mayoritario (SIPLG), dos academias policiales, además de funcionarias del área de Contratación de la capital y un psicólogo.
En este caso concreto, las pesquisas se abrieron, como ya informó en su día El Independiente de Granada, a raíz de un desencuentro interno en el seno del Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG). La organización, algunos de cuyos integrantes están investigados en esta causa, denunció a un ex secretario general quien atribuyó esa acción judicial a lo que conocía de los presuntos amaños. Y así se activó la maquinaria.
"Un dispositivo grabador en forma de bolígrafo" y un terminal de teléfono con el que grababa por defecto todas las llamadas para "recopilar información con la que poder extorsionar a los distintos miembros del Tribunal, así como a los distintos mandos del Cuerpo de Policía Local"
Tras levantarse el secreto de las actuaciones, que ha permitido avances hasta ahora no logrados, ha dejado al descubierto la manera de actuar de este "grupo criminal", con prácticas de espionaje cruzadas en las que la grabación de conversaciones de manera oculta ha sido práctica extendida para utilizarlo como "comodín", a modo de defensa o coacción, para amenazar y "silenciar" a quienes tuvieran la tentación de denunciar. Esos espionajes cruzados llevó a uno de los investigados, que había filtrado preguntas, a comprarse "un dispositivo grabador en forma de bolígrafo" y un terminal de teléfono con el que grababa por defecto todas las llamadas para "recopilar información con la que poder extorsionar a los distintos miembros del Tribunal, así como a los distintos mandos del Cuerpo de Policía Local". Ese policía estaba frustrado porque no logró ascender en su momento. Según la investigación, filtró preguntas en uno de los procesos. Acabó ascendido a subinspector.
En el caso hay hasta un testigo protegido que está facilitando información.
Sorprendentes menciones a Ana Agudo y César Díaz en los informes de la UDEF
En ese sentido, en el sumario hay sorprendentes menciones tanto al exconcejal de Seguridad con el PP César Díaz como a la actual responsable del área, Ana Agudo. En ningún caso los sitúa como integrantes de ese grupo, pero lo recogido en los informes de la UDEF es delicado.
El caso estalla en febrero pasado, cuando los agentes de la UDEF irrumpieron en la Huerta del Rasillo días después de que se publicaran, en el diario digital The Objective, audios comprometidos en los que, supuestamente, Jiménez Avilés y otros hablaban sobre cómo materializar los amaños
El caso estalla en febrero pasado, cuando los agentes de la UDEF irrumpieron en la Huerta del Rasillo días después de que se publicaran, en el diario digital The Objective, audios comprometidos en los que, supuestamente, Jiménez Avilés y otros hablaban sobre cómo materializar los amaños. Como aquella famosa frase: "Que saque un ocho o un ocho y medio", para no levantar sospechas con notas más altas o la soez manera en la que reconocía que le había quitado una multa a una concejala porque le "salió de la polla".
Todos esos audios, que se fueron publicando en distintas entregas, señalaban a procesos con el PP en el gobierno municipal y en este contexto apareció de repente una grabación que apuntaba a una convocatoria de 2022 con el PSOE en la Alcaldía. El gobierno municipal que preside Marifrán Carazo se aferró a esa grabación para insistir en que las irregularidades alcanzaban también la etapa socialista. De hecho, solo en ese momento el gobierno local reaccionó y acudió a la Fiscalía, aportando ese audio. La conversación es entre tres de los investigados.
Es importante este contexto para entender la mención que la Udef hace a la actual concejala de Seguridad Ciudadana, Ana Agudo, y a las conversaciones que mantiene con el policía que hizo esa grabación:
"La intención al grabar no era denunciar los hechos", lo que debería haber hecho en su condición de Policía, sino que "la grabación del audio fue realizada con la intención de tener información relevante con intereses delictivos para el grupo criminal liderado por José Manuel Jiménez Avilés y con la que poder conseguir u obtener la connivencia en los amaños de V.G.B. o silenciarlo a través de amenazas y extorsión de hacer público dicha grabación y necesitaba tener asegurada su participación o su silencio"
Es necesario señalar en este punto que, aunque en la grabación aportada por R.L.T. citada anteriormente, a juicio de los investigadores, "se acusa veladamente" al que fue jefe durante la etapa socialista, esto en ningún momento se ha abordado durante la investigación, que se centra únicamente, de lo recogido hasta ahora, en los mandos de las etapas del PP. Los investigados que actuaban como un "grupo criminal" son del entorno del responsable policial designado por distintos gobiernos populares.
De hecho, según la UDEF, el audio de R.L.T. utilizado ahora para tratar de señalar el proceso convocado en 2022 se grabó en agosto de 2023, pero no se dio a conocer hasta febrero de 2025. "La intención al grabar no era denunciar los hechos", lo que debería haber hecho en su condición de Policía, sino que "la grabación del audio fue realizada con la intención de tener información relevante con intereses delictivos para el grupo criminal liderado por José Manuel Jiménez Avilés y con la que poder conseguir u obtener la connivencia en los amaños de V.G.B. o silenciarlo a través de amenazas y extorsión de hacer público dicha grabación y necesitaba tener asegurada su participación o su silencio".
En la "Guerra Fría" de la que habla la UDEF, el bloque investigado al que los investigadores consideran como un "grupo criminal" se corresponde con el grupo definido por su afinidad con los gobiernos municipales del PP, como certifican otros informes que se detallan más abajo.
El "KGB" de César Díaz
Sobre César Díaz, que con el PP ocupaba el puesto de edil de Seguridad, el sumario recoge que uno de los objetivos de la presunta trama era tener "influencia sobre cargos públicos o personas que desempeñan su función en la esfera política, medios, funcionarios de la Administración pública y/o de la Administración de Justicia y que, de acuerdo con los análisis de los mensajes de WhatsApp y declaraciones, "el GRUPO CRIMINAL habría realizado presuntamente favores al concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Granada, César Díaz Ruiz, favoreciendo a familiares de este, que pertenecerían al Cuerpo de la Policía Local". Refiere que tiene sobrinos en la Policía.
En torno a César Díaz y como ya informó este diario, se crea el grupo de WhatsApp denominado "KGB". Se crea cuando César Díaz pasa a la oposición y Jiménez Avilés es relevado como jefe de la Policía Local. A los investigadores les llama la atención el nombre del grupo, referido a la "conocida agencia de seguridad e inteligencia de la Unión Soviética", lo cual "al menos hace sospechar sobre el fin perseguido", que no es otro que "el de obtener y compartir información privilegiada, en este caso información policial con el portavoz del grupo municipal del PP, César Díaz Ruiz, quien literalmente pide este tipo de información al resto de miembros del grupo, la cual le es eficaz y solícitamente entregada por parte de estos de forma indistinta, incluyendo documentos policiales internos, para que este pueda utilizarla a modo de información privilegiada contra el gobierno municipal de turno, con el fin de someterlo a 'desgaste' y así obtener un beneficio personal en forma de rédito político, tal y como el propio César Díaz Ruiz escribe de forma literal en algunos de sus mensajes".
Dice más el informe de la UDEF que menciona esa relación. "Estos policías locales junto a César Díaz Ruiz actuarían en armoniosa simbiosis, ya que la contraprestación que estos policías locales obtendrían vendría cuando la corporación municipal cambiase de signo político, en esste caso el PP, donde entraría nuevamente en escena César Díaz Ruiz y de este modo todos verían colmados sus anhelos en forma de liderazgo de la Policía Local de Granada y la más que previsible continuidad de los amaños en las oposiciones de acceso libre a la Policía Local, así como los ascensos dentro de la misma".
Aunque el escándalo obligó al gobierno que preside Marifrán Carazo a apartar al jefe y buscar a otro responsable para el Cuerpo, los mandos que acompañaban a Jiménez Avilés siguen en sus puestos. El equipo de gobierno sigue apelando a la presunción de inocencia.
Información complementaria:
