La Junta consuma la extinción de la EASP con la aprobación del nuevo Instituto de Salud de Andalucía
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes la creación del nuevo Instituto de Salud de Andalucía, un organismo con el que se consuma la extinción de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno andaluz, su portavoz, Ramón Fernández Pacheco, ha dedicado una breve explicación a la creación de este ente, apuntando que viene a "regular figuras que ya existen, como son la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud".
El portavoz del Gobierno dice que la creación del Instituto responde al "esfuerzo por racionalizar el sector público", pero no detalla el ahorro, solo que "no costará ni un euro"
Se enmarca, según esa explicación, en el "esfuerzo por racionalizar el sector público", con dos objetivos concretos en este caso, de un lado, "racionalizar las entidades dedicadas a la formación y a la investigación en salud" y, de otro, "simplificar" su régimen jurídico.
Fernández Pacheco ha insistido en que "no va a costar ni un euro a los andaluces" y que con la creación del Instituto, "logramos mayor eficacia y eficiencia en la gestión".
A preguntas de los periodistas ha asegurado que "todos los trabajadores que integran la Escuela y la Fundación se van a integrar en el nuevo instituto y, por tanto, el coste va a ser cero y no se van a perder puestos de trabajo".
El consejero no ha ofrecido más detalles sobre el organismo y tampoco sobre dónde estará la sede. A la espera de conocer el texto definitivo aprobado por el Consejo de Gobierno, el último borrador del anteproyecto de Ley para la creación del Instituto que sustituye a la Escuela Andaluza de Salud Pública fue desvelado por este medio al ser enviado al Consejo Consultivo para que emitiera un informe cuyo contenido, en todo caso, no es vinculante.
En ese último borrador se reiteraba la "extinción" y "disolución" de la Escuela:
“2. Se autoriza a la Consejería competente en materia de hacienda para adoptar todas aquellas medidas de orden económico, financiero, contable y patrimonial que procedan, y a la Consejería competente en materia de salud para adoptar, dentro de sus competencias, cuantas medidas sean necesarias para la puesta en marcha del Instituto y la efectividad de lo dispuesto en esta Ley, incluyendo todas las operaciones jurídicas conducentes a la extinción y disolución de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, y la Escuela Andaluza de Salud Pública S.A.”
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La iniciativa suscitó una gran movilización en favor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y discrepancias incluso en el seno del entonces gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos por la reacción de estos últimos. El proceso se ha prolongado pero, a pesar de las voces de distintos organismos y sociedades a favor de la Escuela, finalmente se extingue como tal y su papel se diluye dando paso al Instituto, cuya ubicación no ha aclarado el Gobierno andaluz, de momento.
La Junta evita hablar de la sede del nuevo Instituto
En la referencia informativa del Consejo de Gobierno remitida a los medios, la Junta ofrece más detalles sobre el Instituto de Salud Pública, pero evita hablar de la sede.
Así, detalla lo ya conocido y recogido al inicio de la información, que el nuevo ente aglutinará a dos entidades instrumentales ya existentes, la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, y agrega que también asumirá una parte de la organización administrativa de la propia Consejería de Salud y Consumo, en concreto la Secretaría General de Salud Pública e I+D+i en Salud. El Instituto adoptará la forma jurídica de Agencia Administrativa, tendrá naturaleza de Organismo Público de Investigación y estará adscrito a la Consejería de Salud y Consumo, explica.
La incorporación de la Secretaría General de Salud Pública e I+D+i en Salud permitirá, según señala el Gobierno andaluz, "dotar a la futura agencia de personal funcionario, imprescindible para poder ejercer las potestades que el proyecto de ley le atribuye. Los fines y funciones de las entidades que se van a integrar en el instituto son básicamente del interés general y propios de la Administración pública, destacando el elevado grado de coincidencia en las instituciones en torno a la investigación, la gestión del conocimiento y la formación".
Sus fines serán "fomentar la investigación, el desarrollo, la innovación, la transferencia, y el emprendimiento en salud dentro del marco del Sistema Andaluz del Conocimiento y del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación; promover la excelencia en la atención sanitaria y el desarrollo profesional; fomentar la formación en materia de salud de la población andaluza, atendiendo especialmente a la cualificación profesional del personal al servicio del sistema sanitario público de Andalucía con carácter prioritario y de otras organizaciones sanitarias".
Pese a que la creación del Instituto extingue a la EASP, cuyos trabajadores se integran en el Instituto, la Junta insiste en trasladar que "contará con la Escuela Andaluza de Salud Pública" para "impulsar la generación y gestión del conocimiento en los campos de la salud públicia y de la gestión de servicios sanitarios" o "crear espacios de colaboración y redes que posibiliten la gestión del conocimiento"
Pese a que este trámite extingue a la EASP como tal, en su explicación la Junta insiste en que "el nuevo Instituto de Salud de Andalucía contará con la Escuela Andaluza de Salud Pública" para "impulsar la generación y gestión del conocimiento en los campos de la salud pública y de la gestión de servicios sanitarios; generar procesos de formación, asesoramiento, cooperación nacional e internacional e investigación, y crear espacios de colaboración y redes que posibiliten la gestión del conocimiento, la salud pública, la mejora de las competencias clínicas, investigadoras y de innovación y el buen gobierno de los sistemas de salud".
Entre los objetivos del Instituto, agrega el Gobierno andaluz, está "impulsar la mejora del sistema sanitario público de Andalucía para mejorar los resultados en salud y favorecer la interacción público-privada para el desarrollo de la investigación y la innovación en el ámbito de la salud pública".
La creación del Instituto de Salud de Andalucía, reitera la Junta en la nota informativa sobre las medidas acordadas en el Consejo de Gobierno, "no implica incremento presupuestario para la Junta de Andalucía y, sin embargo, supondrá un revulsivo al poder contar Andalucía con un organismo público de investigación que asumirá la coordinación de la red de Fundación Gestoras de la Investigación del SSPA. El Sistema de I+D+i en Salud gestiona un presupuesto cercano a 150 millones de euros anuales y desarrolla anualmente más de 1.000 proyectos competitivos y más de 5.500 estudios clínicos".
El Instituto de Salud de Andalucía contará, agrega, con personal funcionario de la Administración general, personal investigador, tanto en régimen de personal funcionario como de personal laboral temporal contratado; el personal laboral sujeto al convenio colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía que se determine en la relación de puestos de trabajo; así como el personal laboral procedente de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud y de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Con su creación, resalta el Gobierno andaluz, "se cumple la aspiración del colectivo de investigadores biomédicos y de ciencias de la salud y de técnicos de investigación de tener la posibilidad de consolidarse como investigadores funcionarios en esta nueva agencia. En 2022, dentro del Sistema de I+D+i en Salud trabajaban 422 investigadores a tiempo completo y 188 técnicos de investigación".
La Junta asegura que opta por la fórmula de Agencia Administrativa porque es la opción escogida por los principales organismos públicos de investigación estatal, como el Instituto de Salud Carlos III
"Precisamente porque las funciones que desarrollaría el nuevo Instituto de Salud de Andalucía son las propias de una Administración general, es por lo que la forma jurídica más apropiada para el nuevo ente debe ser la de Agencia Administrativa. Esta ha sido la opción escogida por los principales organismos públicos de investigación de ámbito estatal, como el Instituto de Salud Carlos III, precisamente en materia de salud, y el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que actualmente tiene forma de agencia", argumenta la Junta para justificar la puesta en marcha de este nuevo organismo.
En su justificación recuerda que esta fórmula también fue "la opción seguida en la Junta de Andalucía con el único organismo público de investigación con el que cuenta su Administración, el IFAPA (Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica)".
"La naturaleza de agencia administrativa permitirá, entre otras ventajas, aplicar todas las garantías para los ciudadanos propias del procedimiento administrativo, beneficiarlo con los privilegios propios de las administraciones públicas en su relación con la Justicia, someter sus relaciones laborales al régimen de los empleados públicos, aplicar la normativa propia de las subvenciones públicas en sus procedimientos de concesión de ayudas, proteger sus bienes mediante la normativa de bienes públicos, entre otras", expone el Gobierno andaluz para defender este paso.
El régimen elegido como agencia administrativa le permitirá que "algunas de sus actividades puedan prestarse como servicios a terceros en el mercado, tal y como vienen siendo prestados actualmente por la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud y por la Escuela Andaluza de Salud Pública"
El Instituto de Salud de Andalucía, resalta, "podrá ejercer verdaderas potestades públicas, quedando plenamente sometido a los mecanismos garantistas propios del Derecho público. Además, este régimen permite que algunas de sus actividades puedan prestarse como servicios a terceros en el mercado, tal y como vienen siendo prestados actualmente por la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud y por la Escuela Andaluza de Salud Pública".
Al hilo de ese argumento, recoge también que "la calificación como organismo público de investigación permitirá al instituto acceder a ciertos regímenes jurídicos especiales, por ejemplo, en materia de convenios, de patentes, de contratación pública o de contratación de personal. Además, le permitirá reforzar algunas de las capacidades docentes que hasta ahora venían desarrollando la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud o la Escuela Andaluza de Administración Pública en la medida en que le permitirá beneficiarse del régimen especial de citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica y que se encuentra reservado al profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y el personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de investigación científica, así como constituir empresas innovadoras de base tecnológica".
Finalmente, el ser organismo público de investigación tiene "importantes repercusiones en el ámbito de la investigación y educación superiores y de colaboración con las universidades". Así, defiende la Junta, "de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Universidades, el Instituto de Salud de Andalucía podrá crear institutos de investigación con universidades públicas; crear o financiar escuelas de doctorado en colaboración con una universidad; su personal investigador en posesión del título de doctor podrá realizar funciones de dirección de tesis doctorales previo acuerdo del órgano responsable del programa de doctorado de la respectiva universidad; y el personal perteneciente a los cuerpos docentes universitarios podrá ocupar puestos de trabajo adscritos al Instituto de Salud de Andalucía en labores relacionadas con la investigación científica y técnica, mediante los mecanismos de movilidad previstos en la normativa de función pública".
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