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La Fiscalía del TSJA y la Comisión Europea investigan el caso

Podemos trasladará al Parlamento andaluz la denuncia de un trabajador de una farmacéutica por uso de datos confidenciales de usuarios del SAS

Política - IndeGranada - Martes, 21 de Noviembre de 2017
Podemos llevará al Parlamento de Andalucía la denuncia de un empleado en Granada de una farmacéutica internacional que aseguró que la firma accedió a datos confidenciales de usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), causa que investiga la Fiscalía del TSJA y Comisión Europea, para que la Junta explique cómo controla este asunto.
Acceso a datos confidenciales del usuario del SAS.
Indegranada
Acceso a datos confidenciales del usuario del SAS.
El grupo parlamentario de Podemos preguntará a la consejera de Salud, Marina Álvarez, sobre las medidas que adoptará la Junta ante lo que consideran un "escándalo de violación de datos", una causa denunciada además ante el SAS por el Defensor del Paciente y la Asamblea Interprofesional de Granada, entre otros, según ha explicado en un comunicado,
 
Un trabajador de la sede en Granada de una multinacional farmacéutica denunció en octubre pasado ante la Fiscalía Superior de Andalucía a la firma por acceder a datos confidenciales de usuarios del SAS y del Servicio Extremeño de Salud (SES).
La asociación Defensor del Paciente remitió entonces un escrito a los Gobiernos andaluz y extremeño en el que advirtió de los "gravísimos y presuntos hechos" que considera podrían constituir varios delitos, "con grave vulneración al derecho fundamental a la intimidad de los pacientes" como usuarios de los servicios públicos de salud de las dos comunidades.
 
El trabajador de la farmacéutica formalizó su denuncia, admitida a trámite por la Fiscalía Superior de Andalucía, en la que aportó como pruebas datos que recibía en su correo electrónico profesional.
 
También expuso que la multinacional ha extraído ilícitamente datos del SAS y del Servicio Extremeño de Salud (SES) con información relativa a personas atendidas en centros sanitarios, historiales clínicos electrónicos, recetas, tratamientos y visados médicos.
 
Tras esta denuncia, que ha llegado a la Comisión Europea, la asociación Defensor del Paciente expuso a la Junta, como responsable de la custodia y privacidad de los datos personales y de salud, que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos, e incumplir la ley de protección datos.
 
Podemos ha anunciado que llevará la causa al Parlamento para que Álvarez exponga qué protocolos activará la Junta para custodiar con seguridad estos datos confidenciales, entre otras peticiones.
 
Además, el círculo de Podemos del Zaidín celebrará este martes un encuentro para exponer este caso y la posible afección a los derechos de los pacientes.
 

Historiales, recetas, tratamientos, visados

Según este trabajador, la multinacional ha extraído ilícitamente datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y del Servicio Extremeño de Salud (SES) con información relativa a personas atendidas en centros sanitarios, historiales clínicos electrónicos, recetas, tratamientos y visados médicos. 
 
Dicha extracción pone en evidencia, según la Asamblea Interprofesional, que los datos sanitarios no están sujetos plenamente a confidencialidad pese a que el ordenamiento jurídico así lo prevé y que serían objeto de publicidad y compra-venta para que la empresa se beneficie en perjuicio de los derechos e intereses de la ciudadanía.
 
La Asamblea solicitó además el amparo a las administraciones para que velen por la salvaguarda de los intereses y derechos de los pacientes.
 
La presidenta de la asociación Defensor del Paciente pidió a los gobiernos andaluz y extremeño afectados "como propietarios y responsables de la custodia y privacidad de los datos personales y de salud supuestamente violados" los hechos, que consideróo podrían representar los delitos de descubrimiento y revelación de secretos o incumplir la ley de protección datos.
 
A ello sumó que también podría atentar contra la ley General de Sanidad, la Constitución, el código ético del sector y numerosa normativa europea y reveló que la Fiscalía del TSJA inició diligencias para aclarar si la farmacéutica ha cometido delitos penales.