El grupo socialista en la Diputación de Granada ha mostrado su rechazo a la decisión del equipo de gobierno del PP de destinar 9,2 millones de euros de fondos públicos para la compra del Banco de España “sin explorar otras vías”, puesto que “se trata de un edificio de titularidad pública que fue cedido gratuitamente por el Estado a la Administración andaluza y por el que ahora se va a pagar”.

“Los regalos no se venden”, ha resumido el diputado Ismael Padilla durante su intervención en el pleno de la institución, donde ha denunciado que esta operación supone una “pérdida de recursos económicos que deberían estar destinados a los ayuntamientos de la provincia, especialmente a los más pequeños, y no a financiar una maniobra que beneficia al Ayuntamiento de Granada y a la Junta, dejando fuera a la mayoría de los municipios que no se van a beneficiar directamente de esta operación”.

“De nuevo Francisco Rodríguez pone la Diputación al servicio del PP y no de la provincia”, ha incidido.

Estos fondos “deberían revertir en obras y proyectos para los pueblos y no para engordar el patrimonio de la Junta que, sin embargo, sí ha cedido gratuitamente otros edificios emblemáticos para fines culturales en otras provincias”

“Estamos hablando de dinero procedente de remanentes de tesorería del Servicio Provincial Tributario que procede de los ayuntamientos para la compra de este inmueble del que no se sabe su uso”, ha argumentado Padilla para aseverar que estos fondos “deberían revertir en obras y proyectos para los pueblos y no para engordar el patrimonio de la Junta que, sin embargo, sí ha cedido gratuitamente otros edificios emblemáticos para fines culturales en otras provincias”.

El socialista ha considerado “inaceptable” que se utilicen estos recursos para comprar un edificio público a otra administración, cuando existen otras fórmulas como convenios o cesiones que permitirían el uso del inmueble sin comprometer el presupuesto provincial. Es una operación redonda para la Junta pero no para los ayuntamientos. Lo que costó cero euros ahora va a costar a los granadinos 9,2 millones”.

“¿Qué beneficio tiene esta operación para municipios como Agrón, Molvízar o Juviles? Muy poco o ninguno. Se está sacrificando el interés general de la provincia para beneficiar a dos administraciones gobernadas por el PP”, ha denunciado.

Además, ha recordado que hace apenas dos años el propio PP defendía que el remanente del Servicio Provincial Tributario debía devolverse a los municipios. Hoy cambia de criterio para financiar una compra sin un uso definido y se aleja de las prioridades de la provincia”.

El PSOE ha advertido de que esta operación rompe el equilibrio territorial y de inversión, y pone en cuestión proyectos verdaderamente estratégicos y demandados como la Senda Litoral, la Ruta de Boabdil o el Centro de Visitantes del Geoparque.

“Esta operación no responde ni a criterios de equidad, ni de necesidad, ni de eficacia. Parece más una forma de hacer caja y contentar a otras administraciones. El dinero de los pueblos debe estar al servicio de los pueblos”

“Esta operación no responde ni a criterios de equidad, ni de necesidad, ni de eficacia. Parece más una forma de hacer caja y contentar a otras administraciones. El dinero de los pueblos debe estar al servicio de los pueblos”, han concluido los socialistas que han evidenciado que “el PP se ha quedado solo en la votación del pleno para llevar a cabo esta maniobra. Está claro que algo mal están haciendo”.

Respecto a las bases del Plan de Instalaciones Deportivas (PIDES) para 2025, otro punto del pleno, el PSOE ha lamentado que el equipo de gobierno del PP se haya negado a su propuesta para modificarlas y hacerlas más justas.

Los socialistas han pedido “un cambio” en estas bases puesto que tal y como están enfocadas provocan “desproporcionalidad en el reparto de fondos, de forma que gran parte de los municipios, especialmente los más pequeños, tendrían difícil acceso a estas ayudas”.

El diputado socialista Eloy Vera ha rechazado que el 50 por ciento del presupuesto de este programa vaya destinado solo para el 9,2 por ciento municipios de la provincia en su Línea uno; que el 33 por ciento se dirija a los municipios menores de 10.000 habitantes, teniendo que repartir un millón de euros para el 88.3 por ciento de los municipios de la provincial; y que la tercera línea de sus bases contemple 500.000 euros para un solo proyecto.

Ante este planteamiento, Vera ha evidenciado “las diferencias y las desigualdades que producen las distintas líneas en su modalidad de concurrencia competitiva y ha pedido que todas se reunifiquen. De esta manera, los municipios que quieran optar a las ayudas tengan las mismas posibilidades y no queden atrás en lo que a infraestructuras deportivas de primer nivel se refiere”.