Reflexiones sobre los retos de la Universidad tras la crisis del Covid-19
La crisis sanitaria del Covid-19 ha afectado de lleno al desarrollo de la actividad universitaria desde todas las perspectivas posibles, como era de esperar. En particular, el paso abrupto a la modalidad de trabajo no presencial derivado de la necesidad de confinamiento ha supuesto para toda la comunidad universitaria una adaptación drástica a una forma de trabajo distinta que se ha tenido que materializar sin periodo de adaptación alguno, en pleno desarrollo de la actividad docente del segundo cuatrimestre. Si bien, por estas razones, el proceso de adaptación ha sido traumático, el colectivo universitario ha dado sobradamente la talla, y gracias al enorme esfuerzo realizado, hoy podemos decir abiertamente que, en términos generales, la docencia se ha impartido de forma regular mediante el uso de las nuevas herramientas tecnológicas facilitadas por las universidades, que han sido incorporadas al quehacer diario de alumnos y profesores de una manera ejemplar y digna de elogio. En muchos casos, hasta se ha conseguido hacer de la necesidad virtud, alcanzándose unos estándares de calidad magníficos, siendo meritorio haberlo logrado desde las máximas restricciones del confinamiento de todos los implicados.
Si bien la docencia telemática nunca podrá reemplazar a la docencia presencial salvo que la necesidad obligue (la relación directa profesor-alumno no se suplanta con nada) sí que la complementa, dotándola de una nueva dimensión con un potencial extraordinario
Si bien la docencia telemática nunca podrá reemplazar a la docencia presencial salvo que la necesidad obligue (la relación directa profesor-alumno no se suplanta con nada) sí que la complementa, dotándola de una nueva dimensión con un potencial extraordinario. En consecuencia, a partir de ahora, la transmisión del conocimiento en el ámbito universitario será más potente y tendrá un radio de acción mayor, por verse enriquecida y retroalimentada por estas nuevas vías de interacción tecnológica, que han resultado ser de extraordinaria utilidad, de fácil implementación y, por añadidura, tienen una relación coste-beneficio altamente satisfactoria. Esto es así hasta el punto de que podríamos aventurarnos a afirmar que la crisis del coronavirus marcará un hito en la historia de las metodologías docentes de todo el planeta.
De este modo las herramientas docentes virtuales están llamadas a configurar de forma generalizada nuevos horizontes en la enseñanza universitaria que serán más colaborativos, más internacionalizados, y disfrutarán de su propia idiosincrasia al estar desprovistos de la necesidad de compartir el mismo espacio físico en el lugar, día y hora convenidos.
Encajar debidamente una innovación de este calibre en el paradigma universitario ha generado retos y problemas de toda índole que hemos que resolver con la mayor celeridad posible porque, además, las restricciones derivadas de la crisis sanitaria afectarán también al próximo curso académico como ya se ha asumido desde las instituciones competentes.
Como acabamos de argumentar, es una evidencia que las nuevas tecnologías han venido para quedarse puesto que invisibilizarlas sería ya sencillamente imposible. Por consiguiente, todas las universidades, y en particular las españolas, han de abordar en el corto plazo los innumerables retos provocados por este hecho que abarcan cuestiones de toda índole. Por citar solo algunas de ellas:
- Garantizar la igualdad de oportunidades en relación al uso de las herramientas tecnológicas, así como el acceso a la formación y a la actualización de conocimientos en torno ellas.
- Calibrar adecuadamente las posibilidades (así como los requerimientos necesarios) de los nuevos recursos telemáticos, haciendo una valoración de las mismas desde múltiples vertientes: la transmisión de conocimientos, el aprendizaje colaborativo, los procesos de evaluación, la protección de datos, las licencias, etc.
- Controlar los efectos colaterales de la dimensión virtual implementada en temas tales como: la coordinación de asignaturas, la carga de trabajo del alumnado, el uso y control de las tutorías, las garantías sobre la autoría de trabajos y pruebas de evaluación, las revisiones de exámenes y sus garantías, la distribución de horarios, la redistribución de los espacios físicos, la dotación de medios para el trabajo telemático, la asistencia técnica, etc.
- Estudiar cómo este nuevo escenario afecta a las responsabilidades laborales tanto del PDI como del personal de administración y servicios, controlar y subsanar los vacíos normativos que pudieran generarse al respecto, redefinir las negociaciones colectivas, etc.
Todos estosnuevos retos no pueden hacernos olvidar los muchos problemas que las universidades españolas vienen arrastrando, en especial desde la crisis de 2008, que son de extrema gravedad y siguen vigentes
Pero todos estos nuevos retos, que hemos señalado solo como botón de muestra, no pueden hacernos olvidar los muchos problemas que las universidades españolas vienen arrastrando, en especial desde la crisis de 2008, que son de extrema gravedad y siguen vigentes. Entre otros los siguientes: la falta de financiación (ya endémica) en materia de I+D; la escasez de incentivos para el retorno del talento, así como para la transferencia del conocimiento al sector productivo buscando con ello el desarrollo socioeconómico sostenible y la creación de empleo cualificado; la disparidad y carestía de las tasas académicas; la escandalosa precariedad laboral de buena parte de la plantilla del PDI; la indefinición de la carrera docente e investigadora del profesorado y también de la carrera administrativa del personal de administración y servicios; la estabilidad de las plantillas, etc.
Las respuestas a buena parte de estas cuestiones y a muchas otras han de verse reflejadas en una nueva Ley de Universidades, ante el consenso existente sobre que la Ley que nos rige en la actualidad quedó en gran parte obsoleta hace ya tiempo.
También es un clamor que la Universidad, como agente social, puede y debe tener un papel proactivo y fundamental en problemas tales como lucha por la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible del planeta, la prevención de crisis derivadas del cambio climático, la lucha contra la desertización rural, etc.
Por todo lo expuesto, la tarea que hay que acometer en materia de Universidad es ingente y el colectivo universitario está llamado a dar lo mejor de sí mismo en la superación y búsqueda de soluciones a todos estos desafíos: No hay un minuto que perder y la colaboración de todos es necesaria.
Si algo hemos aprendido de la crisis del Covid-19 (con ejemplos muy ilustrativos que están muy presentes) es que, ante la adversidad colectiva, son las instituciones públicas las únicas que tienen capacidad para luchar con solvencia por la supervivencia y el mantenimiento de los estándares de bienestar de la ciudadanía en su conjunto. Es por ello que hemos de fortalecer nuestros sistemas públicos de salud y educación y, en consecuencia, potenciar nuestras universidades públicas que son las que generan la mayor parte de nuestro I+D y transmiten el conocimiento.
En esta lógica, los recortes recientemente anunciados por la Junta en los presupuestos de las universidades andaluzas para el próximo año académico son una muestra clara de falta de sensibilidad del Gobierno andaluz en el sentido señalado
En esta lógica, los recortes recientemente anunciados por la Junta de Andalucía (de más de 130 millones de euros) en los presupuestos de las universidades andaluzas para el próximo año académico son una muestra clara de falta de sensibilidad del Gobierno andaluz en el sentido señalado. Afortunadamente en materia de becas universitarias, tras el anuncio del Ministerio de Universidad sobre las becas del próximo curso, sí se aprecia un esfuerzo por contener la brecha social que tanto se agravó con la gestión política de la crisis de 2008 y que puede aumentar exponencialmente con la crisis del COVID-19 si no se toman las medidas adecuadas. Esperemos que en los nuevos presupuestos nacionales que sustituyan a los hoy vigentes (que son los del año 2018 prorrogados sucesivas veces) se apueste con claridad por un fortalecimiento de la inversión en nuestro sistema universitario público, dando con ello cumplimiento al compromiso adquirido en materia de Universidad e I+D por el Gobierno de España, según consta en su programa político.
