Nueva reordenación del transporte público en la capital.
La Policía señala al hombre fuerte de Urbanismo como autor de las irregularidades

La UDEF extiende la trama urbanística a la concesión de aparcamientos públicos

Política - M.A. - Viernes, 22 de Junio de 2018
Los constructores Enrique Legerén y José Julián Romero, ambos investigados en el caso Nazarí, se hicieron con prácticamente una tercera parte de las concesiones adjudicadas en un corto periodo de tiempo, a partir de 2000, con la intervención de Manuel Lorente, al que la Policía considera "una institución" en el Urbanismo de la ciudad con poder para persuadir a concejales y alcaldes.
Detalle del nuevo informe de la UDEF incorporado al sumario del caso Nazarí.
IndeGranada
Detalle del nuevo informe de la UDEF incorporado al sumario del caso Nazarí.

El nuevo informe aportado por la UDEF al sumario del caso Nazarí destapa gravísimas irregularidades en la concesión de aparcamientos públicos en la ciudad y sitúa como urdidor a Manuel Lorente, al que los agentes llegan a definir como "una institución" en el Urbanismo de la ciudad. Él dirigió, según la Policía, las maniobras ilegales para acabar beneficiando a los constructores José Julián Romero y Enrique Legerén en estas obras y concesiones que movieron, en los años del boom inmobiliario, grandes cantidades de dinero.

Los dos empresarios, investigados como Lorente en este caso, se hicieron gracias a este trato de favor con el 31 por ciento de los 19 aparcamientos públicos. Su construcción, explotación e incluso las obras de urbanización en la superficie, esta última, otra de las vías irregulares con las que aumentaron supuestamente sus beneficios.

En el informe rubricado por la Brigada de Delincuencia Económica de Granada se apunta a posibles contraprestaciones recibidas por Lorente, con plazas de parking para su uso personal y el de sus familiares, sin que hubiera pagado realmente por ello, aunque haya facturas de cuya veracidad dudan los investigadores. El informe policial apunta a indicios de irregularidad en la adjudicación de las plazas de aparcamiento a los ciudadanos que las solicitaron, beneficiando, también aquí, al entorno de los investigados para que se hicieran con ellas.

La construcción de estos aparcamientos comenzaron en 2000, con el gobierno tripartito que presidía el socialista José Moratalla, entonces con Francisco Ruiz Dávila como concejal de Urbanismo, y se prolongaron ya con el PP en la Alcaldía y con Luis Gerardo García Royo como responsable del área. La tramitación administrativa la dirigió Manuel Lorente elaborando informes que despachaba en dos folios, prescindiendo de estudios jurídicos, puntuando las concesiones e incluso ocultando documentación para llevar a cabo sus planes sin obstáculos. Todo ello para favorecer, según la Policía, a esos dos empresarios. En el informe de la UDEF también se cita a Isabel Nieto, última concejala de Urbanismo del PP e investigada. Se recoge un correo electrónico que intercambió con personal de Urbanismo dando instrucciones para defender estas operaciones al ser requeridos por una investigación de la Fiscalía.

Según la Brigada de Delincuencia Económica, los beneficios a los empresarios no solo se circunscribieron al proceso de adjudicación para la construcción y explotación, se prolongaron años después, retrasando los pagos al municipio establecidos como canon de la concesión, que no llegarían hasta años después de que se recepcionaran las obras. De algunos pagos no hay constancia.

Los aparcamientos investigados

Cruz de Lagos, Avenida Joaquina Eguaras y Calle Poeta Gracián. Los tres fueron adjudicados a la Unión Temporal de Empresas formadas por El Partal y J.J.Consulting. Posteriormente constituirían la sociedad SierraPark, cambiando la titularidad de la concesión.

Ya con Sierrapark constituida, se harían con los de Arabial y San Jerónimo.

A los dos constructores se les adjudicó primero dos contratos "menos atractivos", los de Poeta Gracián y Joaquina Eguaras, para que posteriormente hicieran "valer esa experiencia" al participar en otros concursos "más golosos" y con más empresas pujando -los de Arabial y San Jerónimo-. Por último, en Cruz de Lagos, se les otorgó derecho de tanteo, "lo cual sin duda fue determinante para desincentivar la participación de otras empresas". 

Lorente suplía con sus informes los jurídicos para evitar incorporarlos

Sobre ese derecho de tanteo informó, sin tener competencias para ello, Manuel Lorente, favorablemente y de una forma "tremendamente ágil". Si se incorporó después un informe jurídico fue a petición, en una comisión informativa de Planificación Urbanística y Obras Municipales, del entonces concejal de IU Baltasar Garzón, también en el gobierno.

Además de favorecerles con las concesiones, se les adjudicaba directamente la urbanización de "las tapas del parking". "¿Por qué no se incluyeron en el procedimiento para la adjudicación de las obras del aparcamiento también las obras de la superficie, con la correspondiente publicidad para la licitación en igualdad de condiciones de cualquier empresa interesada?", se pregunta la UDEF.

En el pliego de cláusulas de la adjudicación de estos aparcamientos se establecía un precio a pagar al Ayuntamiento por cada plaza construida. Ese dinero tenía como destino las obras para acondicionar la superficie. Dado que era la misma concesionaria, sin procedimiento administrativo alguno, a la que se le adjudicaban esas obras, finalmente no tenía que ingresarlo a las arcas municipales, sino destinarlo a esos trabajos, aportando las correspondientes certificaciones de obra por la misma cantidad. 

Más de 3,5 millones de euros en las obras de la superficie de los aparcamientos

"De forma totalmente irregular y ajena a la regulación legal de la contratación pública" se adjudican a las empresas de los constructores Legerén y Romero -Sierrapark con contratista El Partal- las obras de ordenación de los espacios públicos sobre los cinco aparcamientos por un montante total de 2,5 millones de euros. A esta cantidad se suma más de un millón de euros de la segunda fase del espacio Cruz de Lagos y la reparación de actos vandálicos. 

Adjudicar las obras en superficie a la misma empresa solo ocurre con las concesiones a Legerén y Romero. En otros aparcamientos la concesionaria fue "distinta" a la que ejecutó los trabajos de urbanización. 

Imagen del parquin de Cruz de Lagos, cuya adjudicación inicial es objeto de investigación. google maps

Informes sin la firma de Jacobo de la Rosa, ni del alcalde

La UDEF destaca que en los expedientes, incompletos y desordenados, figuran informes en los que la única firma que no está estampada es la de Jacobo de la Rosa, al que se le habría ocultado para evitar objeciones. Se le habría dejado, apunta la Policía, "al margen de tal informe". 

También se constata que falta el visado del alcalde -Moratalla- en documentación que debería haber sido firmada por él (como las certificaciones de obra), paso que Lorente habría eludido.



La falta de firmas, en concreto la de Jacobo de la Rosa, funcionario clave para destapar la trama urbanística, ya fue advertida en un contencioso-administrativo interpuesto por una de las empresas que aspiró a las concesiones y quedó fuera, EYSA. Achacó entonces Lorente que no figuarara esa rúbrica a "un lapsus el que un ejemplar careciera" de la misma. La UDEF ha comprobado ahora que en ninguna de las cinco copias del informe de valoración de las ofertas figura la firma de De la Rosa. Aquel recurso contencioso no prosperó. 

El poder de Manuel Lorente

Para la UDEF, Lorente tenía "una tremenda habilidad" para conseguir que se hiciese lo que proponía, logrando el "amparo" del concejal de Urbanismo o del alcalde, incluso para llevar a cabo "una tremenda ilegalidad". Así se recoge en un punto del informe policial que se reproduce bajo estas líneas: