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Según se desprende del análisis de la documentación incautada al que fuera coordinador del área

UDEF: Responsables de Urbanismo mediaron con la Caja Rural para que constructores lograran avales

Política - M.A. - Miércoles, 17 de Octubre de 2018
Un nuevo informe incorporado al caso Nazarí detalla cómo dos de los funcionarios investigados en el caso Nazarí, Manuel Lorente y Agustín Belda, actuaron "al margen del cauce legal" y se involucraron en un asunto que no correspondía a la corporación.

 

Viviendas en el Plan Parcial N-2, uno de los expedientes investigados. p.v.m.

Un nuevo informe de la UDEF acaba de ser incorporado al caso Nazarí, en el que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada investiga una supuesta trama urbanística en la capital. Recoge las conclusiones del análisis de la documentación intervenida, durante los registros que se efectuaron al desplegarse la operación, al que fuera coordinador del área de Urbanismo, Agustín Belda. 

Llama la atención, como ha ocurrido con otros de los investigados, el contenido de los correos electrónicos revisados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Estos revelan el supuesto trato de favor que recibían constructores. En concreto en este caso es José Julián Romero, en dos expedientes, Casería de San Jerónimo y Cerrillo de Maracena, en este último en una operación con Comarex, según detalla el informe al que ha tenido acceso El Independinete de Granada

Tanto Manuel Lorente como Agustín Belda, "al margen del cauce legal", según la UDEF, se implican y median con la Caja Rural de Granada para concretar avales que necesita el constructor para responder por importes pendientes de pago o para cerrar una operación que implica liquidar una deuda mediante dación en pago.

"Se comprueba que Manuel Lorente interviene en el proceso de concesión de avales en relación a las obras de urbanización del Plan Parcial N-2, de J.Julián Consulting, incluso cuando indica en sus propias palabras "Antonio, te reenvío el modelo de aval que acordamos en su momento", es él quien llega al acuerdo de aval con A.S.R. (un directivo de la entidad bancaria), indicándole que debe ir redactado el escrito para que no sea rechazado por el Ayuntamiento"

La UDEF incluye en el informe un itinerario de esos correos:

  • Jefe de asesoría jurídica de la entidad bancaria- director de inversiones de la entidad bancaria- Manuel Lorente- director de inversiones de la entidad bancaria- Agustín Belda.
  • Director departamento jurídico de JJ Consulting- director de inversiones de la entidad bancaria- Agustín Belda.

La información que se intercambia "se centra en los avales en concepto de fianza para responder del cumplimiento del importe pendiente de pago de los costes totales de urbanización que le correspondía a la sociedad Casería de San Jerónimo SL para el supuesto de que no se materializase la innovación del plan del PGOU de 2001 de Granada (Expediente San Jerónimo)".

"Se actúa -apunta la UDEF- al margen del cauce legal, evitándose el control al que se encuentra sometido el acto administrativo". 

El informe recoge que Manuel Lorente "participa activamente en el proceso tendente a la concesión de los avales relacionados con las obras de urbanización del Plan Parcial N-2 por parte de las entidades bancarias, debiéndose tener en cuenta que no es un asunto en el que debe intervenir el Ayuntamiento". 

Eso en lo que respecta a Casería de San Jerónimo. En el caso del PP-T1 (Cerrillo de Maracena), se intercepta otro correo, entre el director de inversiones de la entidad y Belda, esta vez "a cuenta de la deuda que mantienen Arcomarex y JJ por la monetarización de la parcela" del PP T1 (Cerrillo Maracena). Tras unos intercambios de correos entre la promotora Comarex y un directivo de la entidad, este se los reenvía a la secretaria del Ayuntamiento, Mercedes López, a Lorente y a Belda. "Adjunto os remito los cálculos que ha efectuado Comarex para determinar el IVA para que Agustín le eche un vistazo. así como el escrito que se firmará en el consejo rector de la Junta de Compensación del PPT, a celebrar, el próximo viernes a las 11 de la mañana en el Ayuntamiento". 

Asimismo les informa del acuerdo alcanzado con los compradores y los términos de la operación y les precisa que para llevarse a efecto esa venta es necesario que estén levantados los embargos. "En el contrato se recogerá que se ha solicitado al Ayuntamiento la dación en pago y que todas las partes que suscriben el contrato aceptan al Ayuntamiento subrogarse en el contrato de venta como vendedor de la parte proindivisa. El comprador tiene mucha urgencia en fimar, teniendo previsto firmar la próxima semana una vez que resolvamos el viernes lo acordado". 

La UDEF llama la atención que el directivo de la entidad da por supuesto que el Ayuntamiento va a aceptar el acuerdo de liquidación de deuda mediante dación en pago. 

De nuevo los investigadores reseñan que ese flujo de información discurre "al margen del cauce legal, sin estar supervisadas por ningún técnico competente del Ayuntamiento". "Al menos" la secretaria del Ayuntamiento, el coordinador de Urbanismo y el -en ese momento, director técnico de Obras, Manuel Lorente, "están al tanto e intervienen activamente en ese flujo de comunicaciones". 

Estos correos se intercambian el 3 de mayo de 2011, la Junta de Compensación lo comunica oficialmente el 19 de mayo, y el alcalde lo aprueba, mediante decreto alegando razón de urgencia, el 20 de mayo de 2011 -el día 22 se celebraron Elecciones Municipales. Finalmente, como señala el informe policial, se celebró el acuerdo de liquidación y el pago de la deuda "en las condiciones propuestas por las mercantiles deudoras", mediante decreto y no pasando por pleno y "dando cumplimiento con ello a las aspiraciones de las citadas mercantiles". 

Otra documentación

Entre los documentos analizados por los investigadores figuran también algunos relacionados con el Pabellón Mulhacén, entre ellos un informe en el que se aceptan parcialmente las alegaciones formuladas por Fontdeis, la empresa del promotor Roberto García Arrabal, alegando que los retrasos en esa operación, que perjudicó a otro empresario, Ramón Arenas, que ejerce la acusación en este caso, no solo eran atribuibles al primero -uno de los constructores investigados en este caso-.

Y el informe advirtiendo de las irregularidades de la promoción de Casería de San Jerónimo por haber desviado el cauce de un barranco, con la imposición de multas y las advertencias a la Junta de Compensación.