Vamos Granada y el colectivo Granada Acción cívica contra la corrupción (Gracco) han instado al Ayuntamiento de Granada a que reclamen los perjuicios económicos y patrimoniales causados por la corrupción a sus responsables. Han señalado que estas acciones deben emprenderse a través del Tribunal de Cuentas, recordando que en Madrid, el gobierno municipal ha logrado una condena contra los responsables de la venta de viviendas sociales a fondos buitre. 

En rueda de prensa, la concejala Marta Gutiérrez, el presidente de Gracco, Francisco Torres, y el empresario Ramón Arenas, integrante de la asociación y que ejerce la acusación en el caso Nazarí y de la Casa Ágreda, han criticado "la pasividad y falta de transparencia" del gobierno del PSOE a la hora de "denunciar y actuar en defensa del interés público".

También han censurado "la falta de respuesta" a las solicitudes de información para esclarecer casos de corrupción. En este sentido, la asociación ha informado de una resolución del Consejo de Transparencia en el que estima parcialmente su solicitud e insta al Ayuntamiento a facilitar a la asociación los datos requeridos.

"Asistimos a la ruina económica de este Ayuntamiento y la causa principal es la corrupción y desde el actual equipo de gobierno no se ha hecho nada por atajarla ni por evitar que las consecuencias recaigan sobre la ciudadanía", ha señalado Gutiérrez, que ha apuntado que el Ayuntamiento todavía no se ha personado en la causa de Casa Ágreda, a pesar de haberse aprobado en pleno y de ser el principal perjudicado. "El Ayuntamiento -ha agregado- debería haber iniciado acciones hace mucho tiempo para evitar que los platos rotos los paguemos entre todos cuando hay responsables y beneficiados directos de los desmanes que deberían responder por ello, porque independientemente de la responsabilidad penal, que se dirime en los juzgados correspondientes, existe la responsabilidad patrimonial, y la responsabilidad contable". 

Tanto la formación como la asociación cívica exigen que en aquellos casos en que haya habido que indemnizar a terceros, el Ayuntamiento debe iniciar la acción de regreso, es decir, exigir a los responsables directos el pago de las indemnizaciones. Explican que la reclamación por alcance, por la responsabilidad contable ha de iniciarse en el Tribunal de Cuentas. "Esta vía es poco conocida para la opinión pública, porque no se acude a ella con frecuencia, al menos para los grandes casos, pero tenemos muy reciente la referencia de la sentencia lograda por Ahora Madrid, por la que se ha condenado a los responsables por la venta de viviendas sociales muy por debajo de su valor a resarcir al Ayuntamiento, esta jurisdicción es para aquellos que tienen los funcionarios y administraciones para reclamar la devolución o resarcir a la Administración del perjuicio que se ha causado - independientemente de que se dirima la responsabilidad penal o no-".

Para ellos, el caso del Pabellón Mulhacén es "paradigmático". Arenas ha explicado que “ya hay una sentencia del TSJA que determina que donde se debería haber hecho equipamiento deportivo, se han hecho restaurantes de manera ilegal. Esto tiene consecuencias. Por una parte la pérdida de equipamiento, pero además se tendrán que revisar las licencias concedidas, llegando a la demolición en su caso, y si esto tiene consecuencias económicas por indemnizaciones a terceros, deberán pagarlas los responsables. Por otra parte, ha habido un exceso de lucro por parte de la empresa concesionaria, que deberá cuantificarse y exigirse”.

El empresario apunta que la actuación declarada ilegal por el TSJA en el Pabellón Mulhacén se ha repetido en otras parcelas de la ciudad, que también habrá que revisar y se ha mostrado indignado por el hecho de que se haya solicitado reiteradamente la relación de pagos de los cánones y tasas correspondientes a este contrato y a otros como el del Serrallo o varios aparcamientos, y no haya sido aportada por el Ayuntamiento.

Tanto la asociación como la portavoz de Vamos Granada han anunciado su voluntad de seguir luchando contra la corrupción y exigiendo responsabilidades jurídicas, económicas y patrimoniales a los corruptos. En este sentido han señalado que apoyan la manifestación convocada por la Asociación Justicia por la Sanidad para el próximo día 20 en Sevilla.