La utilización de mano de obra forzada por el Ejército sublevado y posteriormente por la dictadura franquista, para la realización de obras militares y civiles fue una práctica común que se extendió desde el comienzo de la contienda hasta bien entrada la posguerra.

Sus actuaciones cubrieron un amplio abanico de objetivos que incluían fortificaciones e instalaciones de carácter militar, pequeñas actuaciones de restauración de edificios públicos o religiosos, reforestaciones, grandes infraestructuras, como la construcción del Canal del Bajo Guadalquivir o los programas de Regiones Devastadas, y obras monumentales de exaltación del régimen, como el Valle de los Caídos.

Los batallones de trabajadores fueron la solución inicial que los sublevados dieron a la gestión del enorme número de prisioneros que se iban capturando a medida que ganaban territorio y a la necesidad de mano de obra que afrontase las demandas infraestructurales y de fortificación que los ejércitos exigían. Pronto, el régimen constató el potencial de este contingente para abordar las necesidades de reconstrucción de un país devastado, de alimentar un sector empresarial voraz connivente con la dictadura y, especialmente, para someter y castigar a todos aquellos que desde el primer momento no se decantaron fervientemente por los principios del Movimiento Nacional.

Una pieza clave de este sistema fue la Orden General para la Clasificación de Prisioneros y Presentados, que recogía el procedimiento a seguir para su división de en función de la afinidad a las nuevas autoridades y del que se nutría el contingente de mano de obra forzada

Una pieza clave de este sistema fue la Orden General para la Clasificación de Prisioneros y Presentados[1], que recogía el procedimiento a seguir para su división de en función de la afinidad a las nuevas autoridades y del que se nutría el contingente de mano de obra forzada. El proceso se iniciaba mediante la creación de las comisiones clasificadoras en cada una de las zonas ocupadas y la investigación de los antecedentes políticos, sindicales y militares de prisioneros y sospechosos a través de los informes solicitados a la Guardia Civil, alcaldes, Falange local e Iglesia en sus poblaciones de origen o residencia. Con esta información, se procedía a su clasificación en alguno de los cinco grupos y tres destinos reglamentariamente definidos: los adheridos al movimiento o afectos (grupo A), que pasaban a las unidades militares o eran puestos en libertad; los que sin tener responsabilidades no pudieron demostrar su adhesión al Movimiento Nacional (A dudosos) o se incorporaron voluntariamente a filas gubernamentales (grupo B), que eran enviados a campos de concentración para ser destinados a batallones de trabajadores; y los oficiales del Ejército gubernamental, dirigentes sindicales o políticos, individuos hostiles al Movimiento Nacional (grupo C) o individuos responsables de delitos comunes (D), que eran puestos a disposición de las autoridades judiciales. 

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Ficha clasificatoria de José Puertas Lorenzo confeccionada por la Comandancia militar de Motril.

El régimen concentracionario no fue el único proveedor de mano de obra forzada y pronto se incorporó a este contingente otro procedente del ámbito penitenciario como resultado de la creación el 7 de octubre de 1938 del Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo

Sin embargo, el régimen concentracionario no fue el único proveedor de mano de obra forzada y pronto se incorporó a este contingente otro procedente del ámbito penitenciario como resultado de la creación el 7 de octubre de 1938 del Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, de la mano del jesuita José Agustín Pérez del Pulgar.

El sistema de trabajo forzado se nutrió así de prisioneros y penados, incluso con posterioridad a la finalización de la guerra, a través de los batallones disciplinarios de trabajadores, los batallones disciplinarios de soldados trabajadores y batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados, evolucionando hacia un régimen de trabajo que incorporó a los muchos condenados por los juzgados militares que las autoridades golpistas justificaron ante la necesidad de “compensar los gastos económicos de su mantenimiento como reclusos, reparar los daños perpetrados por las hordas marxistas y conseguir su rehabilitación moral, patriótica y social, a través de la disciplina, la obediencia y acatamiento al principio de autoridad”[2].

Así, en febrero de 1939, 431.351 individuos habían pasado por campos de concentración, en abril, más de 95.000 de ellos habían sido enviados a los batallones de trabajadores y 4.500 presos realizaban trabajos en las cárceles, una cifra que ascendió a 18.700 presos un año más tarde. Durante el conjunto de periodo de funcionamiento del sistema, se estima que la mitad de los prisioneros fueron derivados a estos batallones, alcanzando su máximo a principios de 1940 cuando la cifra llegó al 68% de ellos[3].

Campos de concentración en la provincia de Granada

En la provincia de Granada funcionaron, al menos, doce campos de internamiento por los que pasaron cerca de 43.700[4] prisioneros localizados en Granada, Armilla, Caparacena, Pinos Puente, Búcor, Benalúa de Guadix, Guadix, Baza, Caniles, Padul, Tíjola y El Varadero de Motril. Estos campos tuvieron la función de controlar al contingente de los soldados republicanos capturados y a los civiles objeto de la represión en las poblaciones que iban siendo ocupadas por los vencedores. En estos centros se procedía a su clasificación en función de su grado de afección a los sublevados y eran dirigidos hacia las cárceles, batallones de trabajo o sus localidades de origen.

En los campos las condiciones de vida eran muy difíciles y los presos eran sometidos a las penurias del hambre, el frio, las enfermedades, malos tratos e incluso ejecuciones extrajudiciales

En los campos las condiciones de vida eran muy difíciles y los presos eran sometidos a las penurias del hambre, el frio, las enfermedades, malos tratos e incluso ejecuciones extrajudiciales. Los relatos de los presos muestran como su supervivencia dependía en la mayor parte de los casos del auxilio que podían prestarles sus familiares, que a menudo los acompañaban en sus continuos cambios de penales, a través del aprovisionamiento de alimentos, ropas y algo de dinero.

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  Informe del fallecimiento del recluso Manuel Franco González en la cárcel de Granada. Se trataba de uno de los integrantes del Batallón nº103 que fueron liberados del Fuerte de Carchuna. Su absolución se había dictado el mismo día de su muerte.  

La mayor parte de los campos funcionaron solo algunos meses, normalmente entre abril y agosto de 1939 como fueron los casos de Armilla[5], que se localizó en el hipódromo, por el que pasaron cerca de 4.000 prisioneros; Caparacena, con  2.500 prisioneros; Pinos Puente y Búcor con casi 3.500; Benalúa de Guadix, ubicado en la fábrica de La Espartera y la azucarera de San Torcuato en Guadix, que seguiría funcionando como prisión de partido, con 5.000 prisioneros; la plaza de toros de Baza y el campo de Caniles con más de 3.000 prisioneros y el campo de Tíjola en Órgiva con 1002 prisioneros[6].

Los campos de Padul, situado en la Casa Grande y Varadero de Motril, en la fábrica de azúcar de San José, funcionaron durante la guerra como centros de reclusión para los batallones de trabajadores forzados y al final de ella como campos de concentración, con casi 2.000 prisioneros el primero y 3.700 el segundo.

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Campos de concentración de El Varadero en Motril y Casa Grande en Padul.

Trabajadores forzados

Los primeros batallones de trabajadores comenzaron a operar en la provincia en febrero de 1938 y fueron el nº9, ubicado en Lanjarón y el nº103, con compañías en El Varadero de Motril, Padul y Carchuna. El primero continuó en esa localización hasta julio de 1939 mientras que el segundo fue trasladado a las obras del aeropuerto de Málaga en junio de 1938, tras la evasión de las dos compañías recluidas en el Fuerte de Carchuna. En Granada se situaron los batallones nº37, que operó entre mayo y julio de 1938, y la Sección de Trabajadores de Transmisiones que lo hizo entre abril y mayo de 1939. En Viznar[7] se situaron los batallones nº5 (este también lo hizo en Tiena[8]) y nº8 entre noviembre de 1938 y julio y agosto de 1939 respectivamente. En Loja lo hicieron el Batallón de Trabajadores nº204, entre marzo y junio de 1939, y el nº5 que, al aparecer, fue desplazado desde Granada en septiembre de 1939 y que permaneció allí hasta abril de 1940. Finalmente, el nº158 estuvo destinado en la Estación de Zújar entre mayo y junio de 1939.

Algunos autores[9] citan, además, la presencia del Batallón Disciplinario de Trabajadores nº6 con 600 efectivos en Fuente Agria (Granada) en 1937, el Destacamento nº10 en la fábrica de explosivos de El Fargue entre 1938-39 y el Taller Penitenciario nº62 en la Prisión Provincial de Granada en 1949. Estos autores también incluyen la presencia de presos en las actuaciones de la Dirección General de Regiones Devastadas en Guadix, Jayena, Mecina Fondales, Moclín, Motril, Órgiva, Pitres y Vélez de Benaudalla, aunque nosotros no hemos localizado en sus fondos documentales ninguna evidencia de que en ellas participases reclusos.

La información sobre el número de prisioneros que realizaron trabajos forzados en la provincia es incompleta. En base a las fuentes disponibles[10], podemos indicar que el máximo se alcanzó hacia mayo de 1939 con más de 4.500 reclusos, posiblemente nutridos desde los campos de concentración provinciales tras el final de la guerra. Los trabajos que realizaron fueron fortificaciones, construcción de caminos, actividades forestales, arreglos en calles, y trabajos en la industria.

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 Evolución del número de trabajadores forzados en la provincia de Granada.

El Fuerte de Carchuna y la Casa Grande de Padul

El batallón que mejor conocemos es el nº103[11] que se constituyó en febrero de 1938 y se disolvió en abril de 1940. A él fueron adscritos 600 trabajadores apresados tras la caída del Frente Norte que fueron trasladados al campo de concentración de El Varadero de Motril. Aquí quedo establecida la 2º Compañía, de cuyos cometidos apenas tenemos información. Sabemos que el Ayuntamiento de Motril solicitó su participación en la desecación de los humedales del Jaul y en el desescombro de las ruinas de la Iglesia de la Encarnación, derruida tras la explosión del polvorín que las autoridades sublevadas habían instalado en su cripta, aunque no hay evidencias de que realizaran estos trabajos. La 4ª Compañía fue situada en la Casa Grande de Padul, donde realizó labores forestales, apertura de pistas rurales, como la del camino de los Gudaris, y arreglos de calles[12]. Finalmente, las nº1 y nº3 se trasladaron al Fuerte de Carchuna, donde desbrozaron la zona para la construcción de un aeródromo y abrieron los caminos de comunicación con las posiciones militares de La Reala.

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 Ficha de filiación en el campo de concentración de El Varadero, Motril.

Estas dos últimas compañías fueron liberadas en la madrugada del 23 de mayo de 1938 por una acción combinada de la Compañía Especial de la 221 Brigada Mixta que atacó la línea del frente sublevado y un grupo de 35 voluntarios al mando del XIV Cuerpo de Ejército guerrillero que asaltó el Fuerte de Carchuna desde dos lanchas que habían partido desde Castell de Ferro.

La operación militar para la liberación de los presos fue una de las pocas acciones bélicas exitosas que el Ejército gubernamental pudo llevar a efecto en la Costa de Granada. Sin duda, fue un derroche de valor por parte de los cuatro tenientes que, tras haberse fugado unos días antes, decidieron volver a rescatar a sus compañeros, y un enorme ejemplo de solidaridad de los guerrilleros nacionales e internacionales que participaron. Sin embargo, no fue una acción exenta de coste humano, donde al menos 21 personas perdieron la vida.

Tras este suceso, las dos compañías restantes del 103º Batallón de Trabajadores fueron trasladadas al Cortijo Briales en Churriana, Málaga, donde participaron en las obras de construcción del aeropuerto.

Tras el final del conflicto, los prisioneros liberados del 103º Batallón de Trabajadores y los integrantes de las unidades militares que intervinieron en la operación sufrieron la persecución de las nuevas autoridades de la dictadura

La historia de este batallón es un buen ejemplo de la utilización sistemática del trabajo forzado como elemento de represión y castigo impuesto por los sublevados. Tras el final del conflicto, los prisioneros liberados del 103º Batallón de Trabajadores y los integrantes de las unidades militares que intervinieron en la operación sufrieron la persecución de las nuevas autoridades de la dictadura. La mayor parte de ellos fueron detenidos en los días inmediatamente posteriores, tras la rendición de las unidades donde se encontraban encuadrados, o a su regreso a sus ciudades de residencia. Solo una pequeña parte logró pasar las fronteras de Francia o huir hacia el Norte de África, sin que esto supusiese ponerse a salvo. Una parte de ellos fueron encausados y condenados por su participación en la acción del Fuerte de Carchuna y otros fueron juzgados en sus localidades de origen por otros hechos. La mayoría de ellos, sobre la que no existían denuncias o no constaban antecedentes graves de implicación política, sindical o militar, fueron clasificados como desafectos y encuadrados en los nuevos batallones de soldados trabajadores o en los batallones disciplinarios de soldados trabajadores por diferentes periodos de tiempo, castigos que se imponían en los mismos campos de forma totalmente extrajudicial. Pero aquí no finalizaban sus penurias. Muchos de ellos fueron de nuevo llamados por las cajas de reclutamiento en virtud de la Orden del Ministerio del Ejército de 20 de diciembre de 1939 sobre Servicio Militar y Marina, que no reconocía como válido el servicio militar prestado en el Ejército republicano durante la guerra y obligaba a realizarlo en las unidades de trabajadores por un periodo equivalente al de servicio de su reemplazo. Las directrices que se dictaron en junio de 1938 por la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros hicieron más penosa la estancia en estas unidades, ya que obligaba a trasladar a los reclusos lejos de sus lugares de origen, separándolos del soporte emocional y material de sus familias. A la vez, se establecía la renovación periódica de un tercio del batallón cada dos meses, lo que les obligaba a cambios continuos de localidad. De este modo, los antiguos trabajadores del 103º Batallón pasaron por tres, cuatro o incluso cinco nuevos batallones, en un cambio continuo de compañeros y geografías que se extendió, en la mayor parte de los casos, hasta 1942, lo que determinó que algunos de ellos muriesen en la cárcel o en los meses posteriores a la finalización de sus castigos.

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 Periplo de uno de los presos del Fuerte de Carchuna por hasta ocho campos de concentración durante mas de tres años y medio de trabajos forzados.

El trabajo forzado de prisioneros y presos políticos sirvió, así, como mecanismo de explotación de la fuerza de trabajo por el propio estado o por los empresarios ligados a él, pero también como mecanismo de control social[13]. A través del sometimiento de los prisioneros a las terribles condiciones de los presidios y los trabajos forzados, se perseguía desposeerlos de su condición de personas, para convertirlos en seres aniquilados física y psicológicamente, permeables al adoctrinamiento en el ideario del nacional-catolicismo y en advertencia al conjunto de la sociedad del coste de la disidencia política.

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Fernando Alcalde, Asociación 14 de Abril RMHCG, autor de “El batallón perdido. El 103º batallón de Trabajadores y el asalto al Fuerte de Carchuna” de donde procede el texto y las imágenes utilizadas.