En pleno invierno, Badalona se ha convertido en un símbolo de la incapacidad, la insensibilidad y la falta de humanidad de la política migratoria municipal y de las derechas españolas. A mediados de diciembre, centenares de migrantes —aproximadamente 400 personas que vivían en un antiguo instituto conocido como el B9— fueron desalojados por orden del Ayuntamiento dirigido por Xavier García Albiol, del Partido Popular. Se ejecutó la medida sin ofrecer soluciones habitacionales adecuadas para la mayoría de quienes quedaban sin hogar, dejando a muchos durmiendo a la intemperie, incluso bajo un puente.  

En lugar de garantizar alternativas habitacionales y servicios sociales dignos, el ayuntamiento de Badalona celebró el desalojo como si fuera una victoria, olvidando que estas personas no son cifras, sino seres humanos vulnerables

Desde una perspectiva progresista, este dato no es anecdótico: refleja un enfoque político que antepone la propaganda a la protección de los derechos humanos básicos. En lugar de garantizar alternativas habitacionales y servicios sociales dignos, el ayuntamiento de Badalona celebró el desalojo como si fuera una victoria, olvidando que estas personas no son cifras, sino seres humanos vulnerables.  

Discurso y criminalización

Albiol ha defendido públicamente su decisión con una retórica dura y excluyente: ha llegado incluso a justificar su rechazo con argumentos de “orden” frente a la inmigración irregular. Convertir ese debate en una justificación para dejar a personas sin hogar al frío es profundamente injusto y políticamente miope.

Estas actuaciones no eliminan la desigualdad, solo la desplazan y la invisibilizan temporalmente

Estos discursos no surgen en el vacío. Forman parte de una narrativa más amplia que asocia migración con inseguridad, desorden y coste, una narrativa que se solapa con las posturas de partidos como Vox. En la práctica, esta retórica aviva miedos y prejuicios en la población y empuja a la normalización de políticas excluyentes. Estas actuaciones no eliminan la desigualdad, solo la desplazan y la invisibilizan temporalmente. Se construye así una idea de orden basada en la expulsión del diferente, no en la cohesión social ni en la justicia.

Críticas desde diversas voces

Se ha acusado a Albiol de actuar con racismo y criminalización, subrayando que miles de pisos vacíos en su ciudad contrastan con la falta de soluciones habitacionales para los que fueron expulsados

La respuesta al desalojo ha sido contundente por parte de sindicatos, entidades sociales y partidos progresistas. Se ha acusado a Albiol de actuar con racismo y criminalización, subrayando que miles de pisos vacíos en su ciudad contrastan con la falta de soluciones habitacionales para los que fueron expulsados.  

No sorprende que estas medidas hayan sido interpretadas como un intento de alimentar la extrema derecha: incluso el Gobierno español ha señalado que algunas políticas del Partido Popular están adoptando formas y mensajes propios de la ultraderecha, específicamente en materia migratoria.  

Además, personalidades eclesiásticas, como más de un centenar de curas, han criticado duramente al Ayuntamiento por “dejar en la calle” a cientos de migrantes en pleno invierno, denunciando racismo y exclusión como rasgos centrales de estas decisiones.  

El impacto humano de políticas sin alternativas

Las vidas detrás del B9 muestran que desalojar no soluciona el problema; tan solo lo desplaza. Tras el desalojo, personas migrantes han sido vistas durmiendo bajo puentes o entrando en albergues abandonados sin apoyo institucional efectivo.  

Desde una óptica progresista, esto evidencia que el problema no es simplemente de orden público, sino de falta de políticas de inclusión, de vivienda asequible y de una estrategia nacional y local que reconozca derechos y dignidad de todas las personas, independientemente de su origen

Desde una óptica progresista, esto evidencia que el problema no es simplemente de orden público, sino de falta de políticas de inclusión, de vivienda asequible y de una estrategia nacional y local que reconozca derechos y dignidad de todas las personas, independientemente de su origen.

Solidaridad insuficiente y responsabilidad colectiva

La apelación constante a la solidaridad ciudadana o al trabajo de las ONG, aunque necesaria, también funciona como coartada para la inacción institucional. Cuando se delega la atención a los más vulnerables en la buena voluntad de terceros, se renuncia al papel de las administraciones como garantes de derechos.

Como sociedad, y también como españoles, existe una responsabilidad colectiva de cuidar a la población inmigrante, no desde una lógica paternalista, sino desde el reconocimiento de que su bienestar es inseparable del bienestar común. La integración no puede basarse en soluciones improvisadas o temporales, sino en políticas públicas estables que entiendan la vivienda, el empleo y la regularización como pilares de la convivencia.

La inmigración como pilar económico y social

Resulta especialmente contradictorio que, en un país que depende de la inmigración para sostener sectores enteros de su economía, se siga presentando a la población migrante como una carga. La agricultura, la hostelería, la construcción, la logística y, de forma muy significativa, el sistema de cuidados funcionan gracias al trabajo de personas inmigrantes, muchas veces en condiciones de alta precariedad y con escaso reconocimiento social.

Los discursos de odio ignoran deliberadamente esta realidad y construyen una imagen distorsionada que enfrenta a los de abajo entre sí, mientras se ocultan las verdaderas responsabilidades políticas y económicas

La población migrante contribuye a sostener el sistema: trabaja, cotiza, consume y mantiene activo un mercado laboral que, sin su presencia, sería incapaz de cubrir muchas de sus necesidades básicas. Los discursos de odio ignoran deliberadamente esta realidad y construyen una imagen distorsionada que enfrenta a los de abajo entre sí, mientras se ocultan las verdaderas responsabilidades políticas y económicas.

Derechos, no caridad

A pesar de ello, las personas migrantes siguen siendo tratadas como una presencia provisional, tolerada mientras resulta útil y descartable cuando incomoda. No se las reconoce plenamente como personas de derechos, sino como un problema administrativo a gestionar o contener.

Insistir en los derechos de la población inmigrante no es una concesión moral ni un acto de benevolencia: es una exigencia democrática. El acceso a un empleo con derechos, a la regularización administrativa y a la protección social no debería depender del origen, sino de la condición de persona.

Conclusión: por una políticas basadas en derechos humanos

Una sociedad progresista apuesta por políticas basadas en derechos humanos, que abordan la inmigración con dignidad, crean vías de integración reales y afrontan los desafíos estructurales de cohesión social sin culpar a quienes solo buscan sobrevivir y prospera

Badalona no es un caso aislado, también pasa esta situación en zonas de Andalucía, como Almería y Huelva y como no en Granada. Lo que vemos es un espejo de cómo la criminalización de la migración y la política del miedo pueden erosionar los valores democráticos de solidaridad y justicia social. La postura del alcalde Albiol —alejándose de soluciones integradoras y optando por la confrontación y la exclusión— no solo perjudica a las personas más vulnerables, sino que legitima discursos xenófobos de sectores políticos más extremos.

Una sociedad progresista apuesta por políticas basadas en derechos humanos, que abordan la inmigración con dignidad, crean vías de integración reales y afrontan los desafíos estructurales de cohesión social sin culpar a quienes solo buscan sobrevivir y prosperar.

Reconocer la necesidad de la población inmigrante no es solo un gesto ético, sino una decisión política y material. Implica asumir que la cohesión social, la economía y la democracia no se fortalecen levantando muros, sino ampliando derechos. Solo desde ahí es posible construir comunidades más seguras, más justas y verdaderamente inclusivas.