• La situación de falta de vivienda es muy grave y está poniendo en riesgo los derechos humanos: Según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2018 Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor número de desahucios en todo el territorio nacional y en Andalucía se produce una media de 26 desahucios diarios.

• No hay políticas eficaces de vivienda. Las soluciones no son fáciles ni rápidas, pero los políticos deberían buscarlas incansablemente.

• La vivienda protegida está en peligro de extinción. Hace falta un cambio rápido e intenso de las políticas públicas en materia de vivienda protegida.

• La subida del precio del alquiler se está convirtiendo en un problema que tiene solución, pero las administraciones no van por buen camino.

• A la vez que la pobreza se está cronificando, están proliferando los movimientos especulativos de la turistificación y gentrificación urbana.

Por la importancia del pronunciamiento, reproducimos íntegramente el comunicado de la Oficina del Defensor de la Ciudadanía de Granada:

"El precio de la vivienda ya sea en propiedad o en alquiler, ha aumentado notablemente, lo que ha provocado que muchísimas familias se vean en situaciones dramáticas. Los precios de los pisos han crecido mucho más que la renta de los hogares.

El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y se está convirtiendo en grave y sangrante problema social. El esfuerzo económico necesario para acceder a la vivienda en España, tanto en propiedad como en alquiler es excesivo; tal es así que podemos hablar ya de una crisis de acceso a la vivienda.

Antes de la crisis económica, la pobreza se definía básicamente en función del empleo: aquellas personas que no tenían trabajo eran pobres, quienes sí lo tenían se libraban de ser pobres. La situación actual es totalmente diferente. Hay personas que tienen trabajo, pero con el sueldo que cobran no llegan a fin de mes.

activista_stop_desahucios_copia.jpg

Tal y como recoge el VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, elaborado por la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa), la pobreza evoluciona y adopta formas distintas.

Según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial, en 2018 Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor número de desahucios en todo el territorio nacional.

En la Oficina del Defensor de la Ciudadanía, año tras año, seguimos recibiendo multitud de quejas, o más bien llamadas de auxilio por parte de la ciudadanía granadina que ponen de manifiesto:

• La necesidad de acceder a una vivienda digna y adecuada.
• Que el problema de vivienda es muy grave.
• La subida del precio de alquiler y la imposibilidad de poder afrontarlo.
• El miedo diario de muchos granadinos a perder su casa y no saber dónde ir.
• La gran cantidad de gestiones infructuosas que realizan las familias afectadas.
• Que la transparencia en la información en el acceso a la vivienda protegida presenta serias dificultades.
• En definitiva, que no hay viviendas disponibles para atender las necesidades de familias que viven en situaciones críticas.

Ante tal situación, como Defensor de la Ciudadanía sigo exigiendo y trabajando para que no se vulneren los Derechos Humanos y se garantice el derecho a una vivienda. Los poderes públicos deben velar para que no se vulnere el derecho básico a la vivienda, cumpliendo tanto el marco jurídico estatal, como los diversos tratados internacionales que han sido ratificados por el estado español.

Mientras existan familias sin vivienda:

1. Se vulnera el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;…”

2. Se vulnera el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde dice que el estado está obligado a hacer todo lo posible por impedir los desalojos forzados por motivos económicos. Y que, en caso de no evitarlos, debe velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias. España firmó y ratificó este pacto, por lo que está obligada a respetarlo.

activistas_stop_desahucios_copia.jpg

3. Se vulnera el artículo 47 de la Constitución Española, que dice literalmente: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística.”

Faltan políticas de viviendas valientes que faciliten el acceso a la vivienda. La vivienda protegida está en peligro ya que se encuentra en mínimos históricos, y si no se produce un cambio rápido e intenso de las políticas públicas en esta materia corre el peligro de desaparecer. Ha llegado la hora de poner en marcha un nuevo modelo de política para la vivienda.

Por todo ello, una vez más reitero y solicito la URGENTE NECESIDAD de:

1. Que con urgencia, las tres Administraciones (Local, Autonómica y Estatal) trabajen en una solución al problema de la vivienda que están sufriendo muchas familias, y de una vez por todas, se llegue a un gran pacto político y de la concertación empresarial, pues el sector inmobiliario y las entidades financieras deben estar presentes si queremos afrontar con éxito los problemas de la falta de vivienda. El derecho a una vivienda digna y adecuada es un derecho universal.

2. Que la ciudadanía tenga una información clara completa y en tiempo real sobre qué hacer para acceder a la vivienda protegida en Andalucía: debe haber una ventanilla única y eficaz a nivel de toda la comunidad andaluza en materia de vivienda.

bankia_7_de_junio.jpg

3. Una Ley que responda a la necesidad de las personas en situación de riesgo residencial y/o de exclusión social como consecuencia de los procedimientos de ejecución hipotecaria o desahucio. Una Ley social que tenga como prioridad incentivar que las viviendas deshabitadas de las entidades financieras se sumen al mercado de vivienda asequible, obligando a las entidades financieras a ofrecer alternativas habitacionales a aquellas familias incursas en el seno de estos lamentables procedimientos y contemplando medidas para evitar los usos inadecuados de las viviendas, así como promoviendo su utilización. Una Ley para evitar desahucios; para hacer efectivo el derecho consagrado en el artículo 47 de la Constitución Española. Todo ello a través de acuerdos y colaboración entre el sector público y privado.

4. Dar soluciones para frenar el precio de los alquileres. La situación económica, la inestabilidad laboral, los bajos sueldos o la dificultad de acceder a la financiación han convertido al alquiler en la única vía posible para poder acceder a una vivienda para muchas personas. A su vez, la subida del precio del alquiler se está convirtiendo en un grave problema.

Según los datos recientemente ofrecidos por el portal Idealista, en Granada los alquileres suben un 14% en un año. Según el informe del Idealista, publicado esta semana, en España el promedio de aumento de precios en los últimos doce meses es el 7,1%, la mitad que en Granada, y no hay ninguna otra provincia en el país que haya registrado más subida.

Además, según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial en junio de 2019, durante el primer trimestre del presente año, 3 de cada 5 desahucios en Andalucía son por alquiler, lo que supone una media de 26 desahucios diarios en nuestra comunidad autónoma.

stop15m_0.jpg

Se trata por tanto de un grave problema que tiene solución, pero que las administraciones no van por buen camino. La demanda de viviendas de alquiler se está incrementando notablemente lo que está dando lugar a la indeseada escalada de los precios. El ajuste entre oferta y demanda en el mercado de vivienda de alquiler podría haber sido suavizado a través de la vivienda pública de alquiler. Debe incrementarse el parque público de viviendas en alquiler social.

5. Reivindico que la vivienda es un derecho humano y no un negocio y exijo el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución española que establece que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

Uno de los derechos constitucionales más ignorados en España es el derecho a la vivienda, y esta vulneración se está convirtiendo en uno de los dramas más importantes que hoy existen en nuestras ciudades.

Conozco de primera mano el drama de familias que malviven en habitaciones; parejas con menores que pagan 300 euros para vivir en 10 metros cuadrados; a una madre con dos hijos menores que vive en una habitación y que lleva más de 9 meses buscando un piso de alquiler, etc…

Sirva como ejemplo y denuncia de la crisis de acceso a la vivienda, este testimonio real que evidencia el drama social de cientos de familias imposibilitadas a acceder a una vivienda digna:

“Necesitamos encontrar una vivienda, como sea. Somos un matrimonio con una hija de cuatro años y otra que nacerá si todo va bien dentro de seis meses. Nos arreglamos con poco; solo queremos dos habitaciones y un lugar para cocinar. Mi mujer está en situación de alto riesgo de parto prematuro por la ansiedad que le provoca llevar más de dos años buscando vivienda y no encontrar nada que podamos pagar. En nuestra vivienda actual, por la que pagamos 200 euros de alquiler, caen goteras, tiene muchas humedades y las ventanas están en muy mal estado. Nuestra hija ha estado hospitalizada por infección pulmonar. Podemos pagar como mucho, 250 euros. Esto es desesperante. Estamos cansados de que nos manden de una administración a otra y no nos den ninguna solución. Si tuviéramos un trabajo decente todo estaría solucionado”.

¡Esto es indignante!

ESTAMOS LLEGANDO A UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA HABITACIONAL.

Es necesario poner fin al drama de las personas sin vivienda".

Manuel Martín García. Defensor de la Ciudadanía de Granada