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Pide a la Junta equipos técnicos de apoyo para afrontar las necesidades del patrimonio histórico

El Defensor del Pueblo Andaluz reclama a los municipios planes de prevención de riesgo sísmico como el de Granada

Ciudadanía - M.A. - Martes, 7 de Diciembre de 2021
La institución abrió una queja de oficio para conocer la respuesta ante el enjambre sísmico registrado en el área metropolitana. Te informamos de sus recomendaciones.
Bomberos de Granada actuando en Santa Fe tras los daños en un edificio por la serie sísmica.
Álex Cámara/EP archivo
Bomberos de Granada actuando en Santa Fe tras los daños en un edificio por la serie sísmica.

El enjambre sísmico que afectó durante varios meses a la capital y el área metropolitana ha evidenciado la falta de planes de prevención y respuesta ante el riesgo sísmico. Así lo recoge el Defensor del Pueblo Andaluz en las conclusiones de la queja de oficio que abrió para analizar la situación, un documento en el que pone de ejemplo a la ciudad de Granada, que cuenta con un sólido Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo Sísmico y que prestó asistencia basada en esa herramienta, periódicamente actualizada, a otros municipios afectados, como Santa Fe.

Plantea el Defensor seguir el ejemplo de Granada para elaborar estos planes de ámbito municipal, tan necesarios como puso de manifiesto esta serie sísimica, y se dirige también a la Junta de Andalucía, reclamándole una mayor implicación respecto a los daños en el patrimonio histórico, con medidas específicas de apoyo para asesorar a los municipios afectados en la reparación, así como para hacer frente a la compleja situación que se generará de las intervenciones en los inmuebles protegidos, que deben contar con aval de Cultura.

En concreto, la investigación del Defensor, consultada por El Independiente de Granada, ha analizado la respuesta del Ayuntamiento de Santa Fe, una de las más afectadas, la del Ayuntamiento de Granada y la de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico.

El Plan Municipal frente al Riesgo Sísmico de Granada (PlamSigra) se aprobó en 2015. Como detalla el informe presentado por el Ayuntamiento de Granada al Defensor del Pueblo Andaluz, "pese al riesgo sísmico existente en Andalucía oriental, donde según la Norma de Construcción Sismorresistente Española (NCSE-02) se esperan las mayores aceleraciones sísmicas de toda España", solo tiene el Ayuntamiento constancia de tres planes de prevención e intervención en toda Andalucía, el de Granada capital, el de Málaga capital y el de Adra (Almería). No se ha fomentado, recoge el informe, planes de estas características en los municipios desde la Diputación ni la Delegación de la Junta en Granada. Sobre todo para los municipios que podrían verse más afectados y que, según este informe municipal elaborado para ser presentado ante el Defensor, son la Vega y el Área Metropolitana -Santa Fe, Atarfe, Maracena, Albolote, Churriana...) , Padul, Dúrcal, Valle de Lecrín, Alhama de Granada y Arenas del Rey.

Tras los terremotos, algunos de magnitud 4 o superior, los técnicos municipales de Granada -en una labor liderada por Bomberos-, siguiendo lo establecido en el Plan de Riesgo Sísmico municipal y, además de todo el trabajo desarrollado en la capital, colaboraron con el resto de municipios, realizando visitas e inspecciones. De hecho, como detalla el informe remitido al Defensor, en el marco de esta queja de oficio en la que se reconoce la labor del Ayuntamiento de Granada, se estableció un puesto de mando avanzado en Santa Fe.

"Dado que se habían producido daños en numerosas localidades, pareció procedente esta activación para dotar de un adecuado amparo legal a las acciones de coordinación de emergencias que el Ayuntamiento de Granada iba a desarrollar fuera de su ámbito competencial" pero la solicitud no fue aceptada por la Delegación de la Junta en Granada, como desvela el documento. Pero sí se creó ese puesto avanzado de mando en Santa Fe para coordinar sobre el terreno las labores operativas y acometer "las intervenciones más urgentes".

Otro de los aspectos que se señalan en el documento de conclusiones del Defensor del Pueblo Andaluz se refiere a la falta de recursos municipales. En el caso concreto de Santa Fe, que es el que se analiza, el área de Urbanismo solo contaba con dos arquitectos técnicos, uno de ellos con carácter interino, una dotación insuficiente para afrontar las consecuencias del enjambre sísmico. Prueba de ello es que en los primeros momentos se iniciaron doce expedientes de órdenes de ejecución entre inmuebles dañados que resultaron de nivel rojo tras la evaluación inicial -lo que implicaba desalojo y peligro de derrumbe sobre la vía pública-. Para hacer frente a esa situación se recurrió a la Diputación de Granada, que asistió al Ayuntamiento mediante la contratación de dos funcionarias interinas de refuerzo. Hasta 70 expedientes fueron incoados.

En este punto, según la información relatada en la distinta documentación enviada al Defensor, se menciona la complejidad del caso de Santa Fe, donde la mayor parte de los inmuebles dañados se encuentra en el conjunto histórico declarado BIC, siendo edificaciones protegidas. Esto obliga, como recuerdan los técnicos que han aportado información en el marco de esta queja de oficio, a autorizaciones administrativas "estrictas" que se suelen "demorar" en el tiempo. Esto se traduce en "dejadez" y "abandono", un problema común a los conjuntos históricos. De ahí que el punto de partida para soportar el enjambre sísmico era "desfavorable". 

En todo caso, los técnicos, que asumen las dificultades económicas, recomiendan intervenir para rehabilitar los inmuebles dañados y, en el caso de los que no tienen valor patrimonial, pero forman parte de la traza urbana de una localidad como Santa Fe, que es su principal activo, evaluar una posible sustitución.

Más medidas para proteger el patrimonio histórico

Precisamente en lo referido al patrimonio histórico, el Defensor del Pueblo Andaluz pide "extremar las labores de asistencia y apoyo" a los titulares de los edificios y monumentos dañados, al ser en su mayoría propiedad eclesiástica, como la Junta detalló en su informe. 

Al tratarse de bienes protegidos, como ya se ha mencionado a raíz de la alerta de los técnicos, la tramitación de las intervenciones serán complejas, al estar sujetas a normativa patrimonial, y exigen unos niveles técnicos que prevegan, garanticen y mantengan los valores arquitectónicos propios del entorno.

De ahí que el Defensor recomiende la disposición de equipos técnicos de ayuda para favorecer el cumplimiento de las medidas de conservación y rehabilitación que haya que abordar. "Junto a la preocupación por la seguridad de las personas, bienes y servicios, el patrimonio histórico-artístico también necesita disponer de mecanismos de respuesta". Y así se lo recomienda a la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, que aportó un sucinto informe en el que repasa las visitas realizadas al patrimonio dañado, pero incide en que son los titulares de esos bienes, como dispone la ley, los responsables de su conservación y mantenimiento.

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