La Diputación de Granada destinó el pasado año una inversión de 61.918.233 a políticas sociales. Las acciones realizadas, reforzadas a causa de la pandemia, incluyen el Servicio de información, valoración y asesoramiento por parte de los Servicios Sociales Comunitarios, los programas destinados a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, las acciones dirigidas a la infancia y familia y al fomento de la inclusión social, así como las subvenciones destinadas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro.

Tal y como ha señalado la vicepresidenta tercera y diputada de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, la primera medida que adoptó la Diputación de Granada a causa de la pandemia fue la de fortalecer todas sus políticas sociales, reforzando todos los programas de ayudas para atender a las personas en situación de vulnerabilidad en los municipios de menos de 20.000 habitantes. “También reforzamos todos los programas con la contratación de más personal para atender a todos los usuarios que han requerido la ayuda de los Servicios Sociales Comunitarios”, ha precisado.

Según la memoria del área de Bienestar Social correspondiente a 2020, el Servicio de Información, Valoración y Asesoramiento (SIVA), que es la puerta de acceso al sistema público de Servicios Sociales, atendió el pasado año a 131.110 usuarios de los municipios de la provincia, con un total de 220.073 demandas de información y asesoramiento. Este servicio, que proporciona a la ciudadanía la posibilidad de acceder a los recursos sociales existentes en condiciones de igualdad y equidad, ofrece una ayuda profesional para garantizar una respuesta adecuada a los ciudadanos. La mayoría de las personas atendidas eran mujeres. En concreto, 85.153 frente a 46.933 usuarios varones.

Dependencia

A través del programa de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, la Diputación de Granada ejecutó una inversión de 41.313.894 euros. Este programa incluye las acciones relacionadas con la atención a situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal, incluido el envejecimiento activo. Dentro de las acciones relacionadas con la ley de Dependencia desarrolladas el pasado año, destacan la ayuda a domicilio y programas correspondientes a las medidas de urgencia con motivo de la pandemia de la Covid-19.

La red de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación gestionó en 2020 un total de 4.654 valoraciones de dependencia y resolvió 8.436 casos incluidos en el Programa Individual de Atención (PIA), es decir, el preceptivo informe que realizan los trabajadores sociales en el que se indica la prestación más adecuada para el beneficiario.

Se realizaron un total de 4.654 valoraciones de dependencia y se resolvieron 8.436 Programas Individuales de Atención (PIA), es decir, el preceptivo informe que realizan los trabajadores sociales en el que se indica la  prestación más adecuada para el beneficiario.

Actualmente, el Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación atiende a 10.672 personas en los municipios menores de 20.000 habitantes, de las que más del 71 por ciento son mujeres. Este servicio da trabajo directo a más 2.500 auxiliares de ayuda a domicilio y “se ha convertido en uno de los principales yacimientos de empleo en los municipios, además de ayudar a fijar la población en el ámbito rural con lo que es un servicio básico para evitar el despoblamiento”, ha afirmado Olvido de la Rosa.

Precisamente, en 2020, el Servicio de Ayuda a Domicilio Registró un incremento de 3.002 nuevos usuarios, lo que supuso una inversión de más de 6 millones de euros respecto a 2019 (6.469.818 euros) y la creación de 300 nuevos puestos de trabajo de auxiliares.

Familia, infancia e inclusión social 

Además, a través de los Servicios Sociales Comunitarios se desarrollan varios programas dirigidos a familias, infancia e inclusión social, en los que se atendió a un total de 55.0506 usuarios y que supusieron una inversión de más de 7,2 millones. Entre ellos, destacan los programas de intervención familiar, tanto con ayudas económicas como sin ellas, emergencia social, la tramitación de la Renta Minima de Inserción, apoyo económico a municipios para cubrir situaciones de urgente necesidad social, y actuaciones de los equipos de tratamiento familiar.

Durante 2020, la Diputación realizó una inversión de más de 1,6 millones en ayudas económicas familiares, 455.839 euros en ayudas de emergencia social, cantidad a la que hay que sumar otros 336.611 euros en ayudas de emergencia social por la Covid-19, con las que se resolvieron 1.863 expedientes y se beneficiaron directamente a 4.227 personas.

Cabe destacar también la importante inversión realizada dentro del programa de urgencia social, que superó los 2,4 millones. Dentro de este programa fueron atendidas 2.544 familias. Además, la Diputación destinó 1.226.996 euros a los municipios para la contratación de técnicos de inclusión social y se invirtieron 1.197.358 euros en la contratación de equipos de tratamiento familiar.

De los datos de la memoria 2020 es especialmente relevante la cantidad de informes elaborados por los profesionales de servicios sociales comunitarios dirigidos a otras administraciones y otros sistemas de protección social.  Se han emitido 10.178 informes, destacando 4.748 de ellos, relacionados sobre situaciones de vulnerabilidad, riesgo de exclusión y situaciones especiales de personas y familias y 1.750 informes de comedores escolares para menores incluidos en el programa de refuerzo de alimentación infantil.

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