La coordinadora andaluza de Mareas Blancas ha solicitado este sábado la anulación por irregular de la convocatoria de 159 plazas de interinos al incurrir la Junta de Andalucía en numerosas irregularidades.

 

En un comunicado, respaldado por la Mesa para la Defensa de la Sanidad Pública de Granada MDSP-GRANADA, la coordinadora denuncia además que las plazas han sido convocadas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia, aunque “absolutamente ninguna de las profesiones objeto de la convocatoria estén relacionadas con los servicios de salud pública o de la sanidad andaluza” pese al la “situación de saturación, por no de decir de agotamiento y colapso, de los centros de salud, con cierres de centros de salud, falta de sustituciones, camas previstas cerrar este verano en numerosos hospitales. Y todo esto teniendo en el mes de Julio 20 brotes activos del coronavirus en Andalucía”.

 

Así relatan que de las 159 plazas, “14 son de arquitectos técnicos (cuerpo superior), 26 de ingenieros industriales, 62 de ingenieros técnicos agrícolas, 10 de trabajadores sociales, una de técnicos informáticos, 11 de arquitectos técnicos, dos de técnicos de pesca, 15 de informáticos (cuerpo superior), diez de ingenieros de minas (cuerpo superior), ocho de veterinarios (cuerpo superior) y diez de conservadores de patrimonio (cuerpo superior)”.

 

“El procedimiento ha sido tan rápido que el plazo de presentación para varios de ellos se abrió a las tres y media de la tarde del miércoles 8 de Julio, y a las cinco de la tarde del jueves 9 ya no era posible encontrar la convocatoria en el portal de empleo público de la Junta”, señala el comunicado.

 

El criterio de selección en todos los procesos ha sido el mismo: en riguroso orden de llegada. "La adjudicación de las plazas se realizará de oficio por la Administración, por riguroso orden de entrada de las solicitudes completas en la dirección de correo electrónico arriba indicada", señala el texto de las convocatorias.

 

Además los candidatos debían declarar que no pertenecen a algún colectivo de riesgo o sufría una "enfermedad de base", según un listado: "diabetes; enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión); enfermedad hepática crónica; enfermedad pulmonar crónica; enfermedad renal crónica; enfermedad neurológica o neuromuscular crónicas; inmunodeficiencia (incluyendo VIH); cáncer; a estas enfermedades hay que añadir la situación de mujeres que estén embarazadas o en período de lactancia y los mayores de 60 años". Es decir, quienes sufran estas enfermedades no pueden aspirar a estas plazas públicas.

 

Critican también que las convocatorias “no están diseñadas para evaluar el mérito y la capacidad de los candidatos, en función de la experiencia profesional y el bagaje académico”.

 

"Ante todo ello, la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas manifiesta las siguientes consideraciones: 

 

1.-Llama la atención que absolutamente ninguna de las profesiones objeto de la convocatoria estén relacionadas con los servicios de salud pública o de la sanidad andaluza, siendo de conocimiento público la situación de saturación, por no de decir de agotamiento y colapso, de los centros de salud, con cierres de centros de salud, falta de sustituciones, camas previstas cerrar este verano en numerosos hospitales. Y todo esto teniendo en el mes de Julio 20 brotes activos del coronavirus en Andalucía.

 

Resulta un posible fraude ley, justificar estas contrataciones urgentes “en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19”, cuestión que no se justifica ni en los puestos de trabajo que se ofertan ni en la finalidad de estas contrataciones. En la convocatoria aparecen puestos de arquitectos superiores y técnicos, ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros de minas, conservadores de patrimonio etc, que nada tienen que ver directamente con medidas de abordaje o prevención referidas a la pandemia del coronavirus. Más bien son titulaciones de trabajos referidos a temas urbanísticos y medioambientales relacionados con el llamado “macrodecreto –ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.”, destinado a sortear los controles urbanísticos, medioambientales y de salud contemplados en la legislación urbanística de la Junta de Andalucía. 

 

La exclusión de mujeres embarazadas, los mayores de 60 años y enfermos crónicos, una discriminación injusta, infundada y posiblemente inconstitucional 

 

2.-Resulta de la mayor gravedad la posible inconstitucionalidad de esta convocatoria por cuanto excluye de su participación a las mujeres embarazadas y a las que estén en periodo de lactancia. Ha de entenderse que se incumple el principio constitucional –de mayor rango legal que esta convocatoria- establecido en su Art 14 (“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”). 

 

Resulta un posible “fraude de ley” acogerse la Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública de 13 de marzo de 2020, que establece los grupos de riesgo ante la Covid-19. Sin embargo, esa resolución tiene por objeto establecer los grupos de riesgo ante la Covid-19 con el fin de favorecer las modalidades de trabajo no presencial del personal que ya esté trabajando para la Junta de Andalucía. Las convocatorias recurren al listado para excluir el acceso a las convocatorias de quienes estén en esos colectivos. Las personas menores de 60 años o los enfermos crónicos no son colectivos excluir a priori para un trabajo telemático o incluso presencial; estas medidas más parecen estar significadas en la patología llamada “edadismo” o “gerontofobia”: el rechazo a las personas de edad. Pasada la fase de alarma y de confinamiento generalizado, los dispositivos anunciados de detección precoz de contagiados así como las medidas preventivas anunciadas, mascarillas y distanciamiento, se han anunciado como eficaces para evitar contagios. 

 

3.-  Falta de transparencia, incumplimiento de los principios de publicidad, mérito y capacidad, indicadores de sospecha de clientelismo.  Igualmente la ausencia de los requisitos y garantías de publicidad, mérito y capacidad entra en colisión con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, el cual regula la selección del personal al servicio de las Administraciones públicas [Capítulo I, del Título IV (artículos 55 y ss.)].( 1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad,..) Lo que tiene carácter de legislación básica, según se desprende del artículo 149.1. 18.ª de la CE. 

 

Se trata de un uso abusivo de normas y decretos anteriores para contratar con urgencia técnicos interinos que irán conformando posiblemente una “administración paralela” con otras finalidades. 

 

Por todas estas razones, hace un llamamiento:

 

-A las organizaciones políticas y sindicales que basan sus actuaciones en la defensa de lo público, transparencia y en la ética a que recurran esta convocatoria con todos los medios a su alcance, denunciando las irregularidades que contiene y procurando que sean anuladas estas contrataciones a la mayor urgencia. Incluyendo estudiar las posibles inconstitucionalidades existentes en esta convocatoria para su preceptiva anulación. 

-A las organizaciones y movimientos feministas a que denuncien y recurran, además, la exclusión que aquí se establece específicamente contra las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

-A las organizaciones y movimientos de pensionistas a que denuncien y recurran además la exclusión que aquí se establece específicamente contra los mayores de 60 años y los enfermos crónicos. 

-A los colectivos de trabajadores sanitarios y usuarios a que denuncien y recurran la discriminación ostensible que se hace en estas contrataciones al excluir por completo las titulaciones sanitarias y de salud pública, teniendo en cuenta el colapso y saturación existentes en la Atención Primaria y hospitalaria, con más de 20 brotes de Covid 19 existentes en Andalucía".