El más que previsible cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, salvo una improbable falta de entendimiento entre las derechas, tiene también ya su repercusión en el Centro Lorca. Las reiteradas críticas de la oposición en el Ayuntamiento de Granada hacia "la falta de transparencia" en la llegada del legado y en el proceso de selección de la persona que ocupará la Gerencia se han elevado de tono este martes en la Comisión de Cultura, donde los grupos han llegado a reclamar que esa designación se paralice hasta que se forme el nuevo gobierno. 

Ha sido después de que el secretario de la Comisión, que ocupa accidentalmente el puesto de secretario del Consorcio que rige el Centro Lorca, Javier Luna, desvelara durante la sesión que solicitó un informe a la Abogacía del Estado porque las bases para esa selección le generaron "muchas dudas". La Abogacía del Estado, que ejerce como asesor jurídico del Centro Lorca, contestó a ese escrito y, según sus recomendaciones, se introdujeron subsaciones. 

Pero los grupos de PP, Ciudadanos e IU ven en esas dudas expresadas por el técnico la prueba de que ese proceso no garantiza el mérito y la capacidad como criterios para la selección. "Que conste en acta", ha pedido la portavoz del PP, Rocío Díaz, al escuchar las palabras del secretario. Los representantes de los tres grupos de la oposición que participaban este martes en la Comisión de Cultura han coincidido en criticar que no se conozca quiénes son las personas que integran la comisión de valoración y tampoco el nombre de los aspirantes que han concurrido. 

Han sido once, aunque dos de ellos han desistido. Así que son nueve las personas que aspiran a convertirse en el gerente del Centro Lorca. El pasado viernes presentó el último aspirante la documentación que se le había requerido para subsanar algunas cuestiones de su candidatura y está previsto que el próximo lunes se reúna la comisión de selección. 

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Comisión de Cultura celebrada este martes en el Ayuntamiento de Granada. indegranada

Para la oposición, lo más razonable y prudente es que la designación se paralice hasta que se forme el nuevo Gobierno andaluz. La Junta de Andalucía forma parte del Consejo Rector, junto al Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno central. De hecho, la presidencia del Consorcio, según sus estatutos, va rotando entre la Junta y el Ayuntamiento y en estos momentos corresponde a la Administración autonómica. 

Según ha justificado la concejala de Ciudadanos Mar Sánchez, el cambio de gobierno no debería paralizar este proceso si no hubiera dudas respecto a que no se está garantizando ese mérito y capacidad como principios para elegir a la Gerencia. No hay lista de admitidos y excluidos, ha agregado, ni baremación ni calendario. 

Por su parte, el edil de IU, Francisco Puentedura, ha reclamado copia del informe de la Abogacía del Estado y conocer a las personas que forman parte de la Comisión de Valoración, las actas de sus reuniones, así como los criterios que se valoran para la selección del gerente, además del acta del Consejo Rector que aprobó las bases de la convocatoria. 

En la sesión, el concejal del PP Juan García Montero, que ha ido compartiendo su tiempo de intervención con la portavoz del grupo, Rocío Díaz, ha recordado que la selección de otros responsables culturales ya se hizo "sin transparencia", llegando a citar la designación del director de orquesta Pablo Heras-Casado al frente del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. 

Las bases de este proceso de selección, ha aclarado la concejala de Cultura, la socialista María de Leyva, siguen los mismos criterios que utilizó el PP para elegir al gerente del Auditorio Falla. 

La oposición ha criticado también que a estas alturas no se sepa si el Consejo Rector mantendrá, como había anunciado, una reunión antes de que finalice el año. 

Pagada la deuda a Ferrovial y al estudio de Arquitectura

En la Comisión de Cultura la concejala María de Leyva ha informado de la liquidación de la encomienda de gestión del Centro Lorca, señalando que tanto la Junta como el Ayuntamiento y la Diputación ha aportado ya su parte y que solo queda el Ministerio. 

Con esas cantidades se ha saldado la deuda con Ferrovial (de 1,4 millones), con el estudio de Arquitectura (algo más de 100.000 euros), y otros proveedores.