La Junta se enfrenta a advertencias jurídicas, laborales y sobre funciones en la tramitación del Instituto que absorberá la EASP
Sede de la Escuela Andaluza de Salud Púbica. Indegranada.
El Gobierno andaluz sigue adelante con la polémica creación del Instituto de Salud de Andalucía, un trámite que la Junta ha alargado en un intento de diluir las críticas generalizadas que recibió ante la desaparición de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), pero que en absoluto ha desechado. Ahora, con su mayoría absoluta, el proyecto que viene de la anterior legislatura, como desveló El Independiente de Granada, sigue avanzando hacia su materialización.
"Gran parte del contenido inicial del anteproyecto de ley ha desaparecido al entender el Gabinete Jurídico que el borrador precedente desbordaba en exceso la reserva materal de ley" que consagra la Ley de Administración de la Junta de Andalucía en cuanto a la creación de agencias administrativas
En este alargado proceso, el texto ha tenido que ser corregido por las advertencias, en materia de las condiciones de empleo y la situación del personal, que planteó el Gabinete Jurídico de la Junta, algo que se ha desvelado ahora en un informe preceptivo incorporado al expediente, en concreto, el elaborado por el Consejo Económico y Social de la Junta, un órgano de carácter consultivo. "Gran parte del contenido inicial del anteproyecto de ley ha desaparecido al entender el Gabinete Jurídico que el borrador precedente desbordaba en exceso la reserva materal de ley" que consagra la Ley de Administración de la Junta de Andalucía en cuanto a la creación de agencias administrativas.
El CES, -donde fue recolocado el exvicepresidente de la Junta y exlíder de Cs en Andalucía, Juan Marín, como presidente-, ha emitido un informe que, entre otras observaciones, alerta de la complejidad del proceso para integrar la Escuela Andaluza de Salud Pública y también la Fundación Progreso y Salud en el Instituto de Salud e Andalucía. Complejidad desde el punto de vista laboral. Es decir, cómo encajar a los trabajadores y trabajadoras de la EASP en el nuevo instituto, y también en cuanto a las funciones que desempeñarán.
El dictamen fue aprobado por unanimidad del Consejo, en el que están representadas organizaciones sindicales, empresariales y sociales. Pero CCOO y UGT, CEA, FACUA y las demás entidades sociales que lo integran, durante su tramitación en comisión, presentaron enmiendas al informe, elaborado por la ponente Patrocinio Rodriguez-Ramos Velasco, -profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla- en las que resaltan "la dificultad del mismo al tratarse de un asunto sensible y jurídicamente muy complejo". Prueba de ello, según apunta el Consejo, "es que en esta ocasión se trata de unificar los intereses de diferentes entidades como son una fundación, una sociedad mercantil y personal laboral y funcionario de la Administracion de la Junta de Andalucia".
El Pleno del Consejo Económico y Social solicita que "no se pierda representación legal y que nadie pierda ningún derecho adquirido, como también reclama una mayor inversión en la colaboración público-privada para aumentar los recursos destinados a la investigación en Andalucía"
Así, el Pleno del Consejo Económico y Social solicita que "no se pierda representación legal y que nadie pierda ningún derecho adquirido, como también reclama una mayor inversión en la colaboración público-privada para aumentar los recursos destinados a la investigación en Andalucía".
El texto será remitido al Gobierno andaluz para que "se tengan en cuenta las modificaciones propuestas en el articulado del futuro Proyecto de Ley, que tendrá que seguir sus trámites hasta su aprobación definitiva por el Parlamento de Andalucía".
El CES pide "máximas garantías" respecto a la subrogación del personal
El organismo pide a la Junta "máximas garantías" respecto a la subrogación del personal, un tema "especialmente sensible". De tal manera que la "reordenación" prevista no suponga en modo alguno menoscabo de sus derechos".
Así que, a las correcciones que ya hubo que hacer, se suman ahora las observaciones del Consejo Económico y Social, recogidas en un dictamen consultado por El Independiente de Granada.
Llama la atención el Consejo Económico y Social sobre "la diversa naturaleza" de los organismos que se integran: una sociedad anónima pública, una fundación pública y una parte de la Administración autonómica.
Además de referir el "prestigio" nacional e internacional de la EASP, el CES recuerda que su sede en Granada aporta "un mensaje de cohesión territorial en Andalucía" y permite situar a esta provincia como "referente en innovación en salud y biotecnología"
La Fundación Progreso y Salud, por otra parte, "se ha posicionado como entidad central de gestión y apoyo a la investigación de la Consejería competente en materia de Salud desde el año 2004, además de dar soporte de gestión a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, de creación más reciente y que es la entidad impulsora del modelo andaluz de calidad en este ámbito".
La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, en un acto de la EASP por videoconferencia. EASP.
Y "el ente integrador" que se crea, el Instituto de Salud Pública, "va a disfrutar de una doble naturaleza, como Agencia Administrativa de la Junta de Andalucía, perteneciente al Sistema Sanitario Público de Andalucía, y como Organismo Público de Investigación (OPI), del Sistema Andaluz del Conocimiento".
El Consejo Económico y Social llama la atención a la Junta porque el texto del anteproyecto de ley para crear el Instituto Andaluz de Salud solo menciona en una ocasión la "Salud Pública"
"A tenor de las competencias y cometidos que cada entidad y organismo viene desarrollando, va a resultar bastante complejo discernir la posición y las funciones del personal que se integre en la nueva agencia, que contará con personal con relaciones de prestación de servicios muy diversas: personal funcionario de la consejería, personal laboral de la fundación y de la escuela de salud pública, personal laboral del propio Instituto de Salud Pública con condiciones de Administración General, personal funcionario investigador en el marco del Estatuto del Empleado Público, etc".
En el terreno laboral se detiene en la creación del Cuerpo Superior de Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud y el Cuerpo Técnico de Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud, que se ha incluido en el texto del anteproyecto del Instituto de Salud de Andalucía, así como en la integración de personal en esta nueva agencia administrativa, para recordar que las condiciones de empleo del personal que formará parte del instituto deberán ser objeto de negociación colectiva. Es en este punto, explica el CES, donde el Gabinete Jurídico de la Junta obligó a rectificar el texto.
El Consejo Económico y Social llama la atención a la Junta porque el texto del anteproyecto de ley para crear el Instituto Andaluz de Salud solo menciona en una ocasión la "Salud Pública". "El impulso y la generación y gestión del conocimiento en los campos de la salud pública y la gestión de los servicios sanitarios (artículo 4), no puede entenderse sin suponer que todo lo concerniente a la salud pública será asunto de la nueva agencia en todos los ámbitos y vertientes posibles". "La cuestión no es baladí -agrega el dictamen-, pues mientras que la expresión Salud Pública ha adquirido una autonomía propia como concepto y disciplina de investigación (según el glosario de la OMS, 1998, Salud Pública -Public health-, es la ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la vida mediante los esfuerzos organizados de la sociedad -Referencia adaptada del Informe Acheson, Londres 1988-), el anteproyecto de ley solo en una ocasión lo recoge", concretamente en el artículo 3 referido a los fines del Instituto.
Por ese motivo, el Consejo Económico y Social reclama que la generación del conocimiento se proyecte "muy directamente" sobre los cometidos a desempeñar por los nuevos cuerpos de investigación que se crean. Su labor investigadora deberá incluir todos los ámbitos relacionados con "la salud, la salud pública y el ámbito sanitario, tanto la investigación básica o preclínica como la relativa a la salud pública en los términos amplios en los que esta se define".
"Lo contrario implicaría una considerable pérdida de conocimiento que podría redundar negativamente en el Sistema Sanitario Público Andaluz en todas sus vertientes", advierte.
Insta a aclarar las funciones de la EASP porque no pueden "duplicarse funciones
El dictamen señala la necesidad de aclarar los "fines y funciones" de la nueva agencia administrativa que pretende crear el Gobierno andaluz. "La creación del ISA debe significar un proyecto más ambicioso y funcional en relación con lo que en la actualidad existe, lo que, dicho de otra forma, debe suponer que ninguna de las labores, cometidos y tareas hasta el momento desempeñadas por las entidades que se integran han de quedar desatendidas". "El ISA -añade el informe- debe suponer un plus a lo ya en funcionamiento, que, en todo caso, se sobreentiende que se mantiene".
Biblioteca de la EASP. Indegranada.
"Nada se indica expresamente en el anteproyecto de ley sobre la labor de formación" de la EASP
En este sentido, a modo de ejemplo refiere que, "hasta la fecha se han encauzado a través de la EASP el desarrollo de la formación en materias distintas a las estrictamente sanitarias y que podrían estar bajo las competencias de la Consejería de Salud y Consumo, extremo sobre el que nada se indica expresamente en el anteproyecto de ley".
Recuerda que, según la ley, "solo las funciones duplicadas han de eliminarse y, a sensu contrario, lo no reiterado debe conservarse"
En este punto recuerda que la Ley de Administración de la Junta de Andalucía determina que 'cuando se creen entidades instrumentales que supongan duplicación de la organización administrativa o de otras entidades ya existentes, habrán de suprimirse o reducirse debidamente las funciones o competencias de éstas', lo que significa que solo las funciones duplicadas han de eliminarse y, a sensu contrario, que lo no reiterado debe conservarse".
El Consejo Económico y Social reclama a la Junta que el texto del anteproyecto de ley refleje la necesidad de establecer una colaboración público-privada.
"A los efectos de una correcta transferencia de conocimiento al ámbito de la salud pública, consideramos necesario que entre los fines del Instituto se incluya el impulso a la colaboración público-privada en materia de investigación sanitaria. De esta forma, el Instituto sería un instrumento óptimo para la interlocución en cuestiones fundamentales para el desarrollo de líneas de investigación pioneras e innovadoras, con participación de las empresas".
La decisión del Gobierno andaluz de derechas llegó hasta el Congreso. La movilización consiguió frenar la iniciativa del PP. Pero ya con mayoría absoluta, la Junta volvió a activar el Anteproyecto de Ley. Mientras, la directora de la Escuela, Blanca Fernández Capel, renovada para el puesto, fue destituyendo o retirando de responsabilidades a prestigioso profesores, críticos con la intención del Gobierno de Moreno de suprimir la EASP para integrarla en el Instituto Andaluz de la Salud.En campaña electoral de las últimas elecciones andaluzas, el comité de empresa de la EASP pidió a todos los partidos que incluyeran la continuidad de la Escuela entre sus compromisos electorales, lo que hicieron todas las formaciones menos el PP.
Pese a las declaraciones del anterior y la actual consejera de Salud y del propio Moreno, aún no queda claro cómo quedará la Escuela y la situación de la plantilla.
