La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada ha reprochado a la Junta de Andalucía que haya establecido un convenio de colaboración público privada con agencias de colocación para las labores de intermediación, inserción y asesoramiento laboral, mientras que las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la provincia funcionan con menos de la mitad de su plantilla.

Así lo ha denunciado el responsable del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) en CSIF Granada, Alejandro Rodríguez Vignote, lamentando la “notoria carencia de personal” de dichas oficinas como consecuencia de una “falta de cobertura de las plazas de sus relaciones de puestos de trabajo (RPT)”. De hecho, el responsable sindical ha analizado esta situación con datos “alarmantes” que reflejan que las oficinas y centros de empleo del SAE en la provincia varían entre las que están en Granada capital y el cinturón metropolitano –con datos de plantilla entre el 41 y el 67 por ciento-- y las que están más alejadas, en las que la ocupación se queda por debajo del 20 % de la plantilla.

A modo de indicador, Rodríguez Vignote señala que hay municipios que se encuentran bajo mínimos con oficinas que funcionan con un 10%, 13%, 19% y 38% de la plantilla en activo en las localidades de Órgiva, Iznalloz, Motril y Loja respectivamente. Entre las “mejores paradas” encontramos el caso de la oficina de Granada Centro con un 67 % de plantilla, Almuñécar con un 50% o Armilla con un 43% de cobertura de los puestos de trabajo. “Estos datos nos indican”, según señala el responsable sindical de CSIF, “que las oficinas del SAE cuentan para funcionar con menos de la mitad del personal que tienen asignado, porque no se cubren esas plazas”.

Además, aunque en las oficinas existe otro personal externo adicional, al carecer de la condición de funcionario o de personal laboral de la Junta de Andalucía no pueden hacer tareas tales como la gestión de ofertas de empleo y actualización o inscripción de demandas de empleo, que suponen cerca del 100% de la carga de trabajo en estas oficinas.

Gasto de tres millones en el sector privado

“No se entiende que, existiendo un cuerpo específico –el A1 2028, de Ciencias Sociales y del Trabajo— que contempla precisamente las funciones de intermediación, inserción y asesoramiento laboral, la Administración recurra a un convenio con agencias de colocación privadas por tres millones de euros”, ha argumentado el responsable de CSIF Granada.

Esta externalización pone en evidencia “una falta de apuesta por lo público” así como “una incapacidad manifiesta” de la Junta de Andalucía para la cobertura de las plazas que contemplan las propias RPT de las oficinas del SAE, “en un momento que, además, es crucial en materia laboral para afrontar la recuperación de la economía post covid”.

Entre otras cuestiones, el tratamiento de los datos personales de las personas desempleadas es otro de los aspectos por los que se pregunta el sindicato, que cuestiona que estos procesos se desarrollen con todas las garantías desde empresas privadas.

Para CSIF urge que Función Pública autorice la cobertura de todas las vacantes que están sin cubrir en el SAE de manera que el personal pueda realizar un servicio público a la ciudadanía dentro de unos parámetros razonables en cuanto a la ratio entre empleados y personas en desempleo.