La secretaría de Ayuda a Domicilio y Dependencia de UGT-Servicios Públicos de Granada denuncia el impago de los atrasos salariales de 2022 por parte la empresa Óbolo, que presta el servicio público de ayuda a domicilio en siete municipios de la provincia de Granada (Jun, Alfacar, Nívar, Pinos Puente, Cortes de Baza, Castilléjar y Ogíjares). Estos impagos afectan a unas 300 trabajadoras en su conjunto, a los que se deben de media unos 700€, calcula el sindicato.

UGT exige responsabilidad a la dirección  de Óbolo y el pago de los atrasos, una importante deuda con estas 300 trabajadoras y trabajadores, cantidades recogidas en la tablas salariales vigentes del sector, que se consiguieron tras denuncia de UGT, y reconocidas por sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. 

La empresa, afirma UGT, pretende usar a estas trabajadoras como moneda de cambio para llegar a un reequilibrio económico de un contrato que ellos mismos asumieron en su día. "Esto es inadmisible" para UGT, y reclaman que Óbolo haga frente a su obligación legal y pague los atrasos de 2022,  y los que se van a generar de 2023 cuando se publiquen las tablas salariales correspondientes, una vez conocido el IPC definitivo. Los salarios, recuerdan, "no se pagan en cómodos plazos".

UGT no olvida tampoco la responsabilidad de los propios ayuntamientos para que la prestación del servicio se haga cumpliendo la normativa laboral; los consistorios afectados, dice, no pueden eludir su responsabilidad y permitir, a sabiendas, que la empresa prestataria priorice sus beneficios económicos al cumplimiento de la normativa legal y a la prestación del servicio público condiciones de calidad.

Por último, si Óbolo no rectifica y paga lo que debe, además de las correspondientes reclamaciones judiciales por los impagos, el sindicatos advierte de que van a interponer denuncia ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, para que se aplique el régimen sancionador establecido en la Ley de Contratos del Sector Público en los casos de incumplimiento.