Están investigados por el Juzgado 4 de Granada por vulnerar el Viogén de la expareja de un compañero
El gobierno de Carazo, forzado a apartar del grupo de Mujer y Menores a tres agentes de la Policía Local investigados en el caso Viogén
La Secretaría de Estado de Interior les ha retirado el acceso al sistema de protección de las víctimas de violencia de género.
Abel GR
Detalle de una de las concentraciones por el caso Viogén.
El gobierno local que preside Marifrán Carazo se ha visto forzado a apartar del grupo de Mujer y Menores de la Policía Local a tres agentes de la unidad que están entre los investigados por supuestamente vulnerar el sistema de protección de la expareja de un compañero. En concreto, la expareja del subinspector que está pendiente de juicio por violencia de género.
La concejala de Seguridad Ciudadana, Ana Agudo, en un audio enviado a los medios, ha explicado que se ha procedido al cambio de destino de tres agentes de este grupo. Se ha dado este paso una vez que la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior les ha retirado el acceso a Viogén. "Sin ese acceso -ha apuntado la concejala- no pueden realizar su función y, en consecuencia, hemos abierto un proceso selectivo para incorporar al equipo a tres agentes a la vez que se hace este cambio de destino".
Agudo ha vuelto a defender la actuación del gobierno municipal del PP en este caso, que sin embargo está siendo muy criticado por resistirse a tomar medidas motu proprio. Como la concejala ha indicado, esta medida, la primera en este caso, se hace tras la intervención de la Secretaría de Estado de Seguridad.
"Estamos siguiendo todas las indicaciones judiciales, respetando el Estado de Derecho y reiteramos nuestro compromiso con la protección de las víctimas de violencia de género", ha dicho la concejala.
La alcaldesa y la edil de Seguridad, en un acto con de la unidad el pasado año. ayto.granada
El subdelegado del Gobierno de España en Granada, José Antonio Montilla, ha trasladado a los periodistas que el Ministerioi del Interior, tras recibir comunicación de la Guardia Civil notificando que tres agentes el acceso indebido de estos agentes al sistema Viogén. "En concsencuencia, de forma inmediata, para proteger a la victima, que es lo fundamental, se ha procedido a inhabilitar el acceso de estos agentes" al sistema.
Como informó El Independiente de Granada, la investigación judicial se inició a raíz de las diligencias de la Guardia Civil, tras recibir una denuncia de la mujer. Lo que la Guardia Civil investigó es si el presunto maltratador, policía como se ha indicado y que había quebrantado las medidas de alejamiento, tenía acceso a "información privilegiada" para conocer sus movimientos. Así, para aclarar si había accedido al sistema Viogén, se encargó a la Secretaría de Estado de Seguridad una auditoría para conocer quién había consultado esos datos. Con esa revisión de las consultas, se constató que se había hecho un "uso incorrecto" de Viogén.
A partir de ese momento, las diligencias se centraron en comprobar dónde estaba la brecha de seguridad. Descartado en la Guardia Civil, que es el Cuerpo que tiene asignada su protección, y en otros cuerpos relacionados con distintos movimientos de la mujer, los investigadores llegaron a la Policía Local de Granada, solicitando a la Jefatura, en julio de 2024, un informe. La respuesta llegó en septiembre, acompañada de informes individuales de los policías explicando los motivos que habían dado lugar al "abultado número de consultas" en Viogén sobre esta víctima.
En total, seis agentes sumaron hasta medio centenar de consultas. La justificación alegada fue que, dado que el policía local presunto agresor tenía un expediente disciplinario abierto y existía un riesgo para su expareja, las consultas se hicieron para obtener información de cara a la tramitación del expediente y también para controlar circunstancias que pudieran poner en riesgo a la víctima.
Pero, como concluyó la Guardia Civil, el seguimiento de la protección de esta mujer correspondía exclusivamente al Cuerpo de la Guardia Civil y, por tanto, todas las consultas hechas por esos policías locales de Granada, hasta medio centenar como se ha indicado anteriormente, eran "injustificadas".
Las diligencias fueron remitidas a los juzgados y dieron lugar a la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada.
Primera medida tras duras críticas
Apartar a estos tres agentes del Grupo de Mujer y Menores ha sido la primera medida adoptada por el gobierno local del PP en este caso. Hasta ahora se había escudado en la investigación judicial para no dar ningún paso, alegando que solo podía actuar en función de lo que fuese ordenando el Juzgado.
El caso ha provocado alarma y una gran indignación en el movimiento feminista de Granada, que se ha concentrado hasta en dos ocasiones pidiendo al gobierno local que actuara. También expresó su rechazo el Consejo Municipal de la Mujer, que pidió explicaciones a Jorge Saavedra y Ana Agudo. Más indignación aún causó el hecho de que se nombrara al subinspector pendiente de juicio y que ha originado el caso Viogén jefe de estudios de la Escuela de Policía Local de Granada.
