La concejala Raquel Ruz denuncia que "los problemas generados por la gestión del PP han provocado que se tenga que echar mano a 'decretazos continuados' para cubrir los eventos de la ciudad".

La Fiscalía pide seis años y diez meses para este policía local por violencia física y psíquica habitual contra su expareja, cuyo Viogén fue espiado por este subinspector y otros compañeros del Cuerpo.

La concejala de Protección Ciudadana justifica el nuevo decreto en los "cortos plazos de reacción" tras la decisión de los afiliados del sindicato SIPLG de abandonar la protesta y sumarse, de nuevo, voluntariamente a estas coberturas.

Los sindicatos CSIF y Sip-An rechazan que la votación de los afiliados del otro sindicato policial pueda equipararse a la de la asamblea general de la plantilla, que acordó por gran mayoría las protestas y que no ha sido consultada.

"Este acuerdo, cuando llegue a la mesa de negociación, necesitará nuestro voto para salir adelante. Y, como sindicato mayoritario en el Ayuntamiento, nuestro voto será no", apunta la central sindical.

"Estas maniobras lo único que demuestran es la desesperación del equipo de gobierno por cerrar un conflicto que ellos generaron con su falta de cumplimiento de lo pactado y que luego han complicado con amenazas y nuevas medidas para limitar los derechos del colectivo policial".

Con esta decisión se podría evitar un nuevo decreto de Alcaldía para obligar a los agentes a prestar estos servicios, como ocurrió en Semana Santa.

El equipo de gobierno del PP no consigue resolver el grave conflicto laboral. Te informamos.

Tras no lograr un acuerdo, el gobierno local cumple su advertencia y obligará a los policías a hacer turnos extraordinarios. Pese a ello, asegura que su voluntad de diálogo está "intacta".

Para el PP "la violencia de género es un postureo donde las víctimas les importan muy poco, como ha demostrado Carazo después de que la víctima le pidiera amparo, y ella, sin ningún tipo de pudor, decidiera mirar hacia otro lado", critica Ana Muñoz.