Hay resoluciones judiciales que, aun siendo legales en su forma, resultan profundamente inquietantes en su fondo. El archivo de la causa por los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no es solo una decisión jurídica discutible: es un episodio que refuerza la percepción, cada vez más extendida, de que la justicia en España no actúa con el mismo criterio cuando el poder político entra en juego.

El problema es que no todos los contratos se firmaron en pleno colapso sanitario

El tribunal de Sevilla ha archivado las querellas presentadas por treinta parlamentarios andaluces del PSOE y uno de Podemos contra la gerente del SAS, Valle García Sánchez, y sus antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega. El argumento es conocido: no existen indicios de delito y los contratos estarían justificados por las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia.

El problema es que no todos los contratos se firmaron en pleno colapso sanitario.

La excepcionalidad que se prolonga sin justificación

Los contratos de emergencia están pensados para situaciones límite, cuando no es posible recurrir a los procedimientos ordinarios. Durante los momentos más duros de la pandemia, esa excepcionalidad era incuestionable. Sin embargo, lo que cuestionan los denunciantes —y lo que la resolución judicial minimiza— es que este mecanismo excepcional se siguiera utilizando cuando la incidencia de la COVID ya había descendido de forma clara, cuando la presión hospitalaria se había reducido y cuando la administración tenía margen para volver a la contratación ordinaria.

Que la justicia cierre el caso sin entrar a fondo en este debate es lo que provoca desconcierto y malestar

No se trata de una discusión menor. La prolongación de procedimientos excepcionales sin una causa objetiva plantea serias dudas sobre la legalidad de esas decisiones y, sobre todo, sobre su oportunidad política. Que la justicia cierre el caso sin entrar a fondo en este debate es lo que provoca desconcierto y malestar.

Un trato desigual difícil de ignorar

La comparación con otros casos resulta inevitable. En situaciones similares, cuando los responsables políticos pertenecían al PSOE, la justicia ha mostrado una mayor severidad, con investigaciones prolongadas, instrucciones exhaustivas y un fuerte impacto mediático desde el primer momento.

No se trata de afirmar conspiraciones ni de cuestionar la honorabilidad de los jueces, sino de señalar una realidad incómoda: la justicia no solo debe ser independiente, sino parecerlo, y decisiones como esta alimentan la percepción de una doble vara de medir

Aquí, en cambio, la respuesta ha sido rápida y concluyente, amparándose en una pandemia que no puede justificar automáticamente todas las decisiones adoptadas meses después de superada la fase más crítica.

No se trata de afirmar conspiraciones ni de cuestionar la honorabilidad de los jueces, sino de señalar una realidad incómoda: la justicia no solo debe ser independiente, sino parecerlo, y decisiones como esta alimentan la percepción de una doble vara de medir.

La sanidad pública en el centro del debate

Más allá del plano judicial, el fondo del asunto afecta al modelo sanitario. La derivación de recursos públicos hacia la sanidad privada mediante contratos de emergencia prolongados en el tiempo no es una cuestión técnica, sino una decisión política con consecuencias directas sobre la sanidad pública, las listas de espera y el uso del dinero común.

Mientras no se refuercen la transparencia, el control efectivo del uso de mecanismos excepcionales y la despolitización real de la justicia, seguiremos asistiendo a resoluciones que, aun legales, dejan demasiadas preguntas sin respuesta

Cuando estas decisiones no se investigan con el mismo rigor que en otros casos, la sensación de impunidad se instala.

Una cuestión democrática

El verdadero daño no es este archivo concreto, sino el desgaste institucional que provoca. Una democracia no puede permitirse que una parte de la ciudadanía piense que la justicia actúa con criterios distintos según quién gobierne.

Mientras no se refuercen la transparencia, el control efectivo del uso de mecanismos excepcionales y la despolitización real de la justicia, seguiremos asistiendo a resoluciones que, aun legales, dejan demasiadas preguntas sin respuesta.

Y en democracia, cuando las preguntas se acumulan y las respuestas no llegan, la confianza se rompe.