La Consejería de Imbroda, obligada a salir del silencio en el que ha estado instalada
Un mes y una semana para dinamitar la educación en Granada
Analizamos la crisis abierta con los fallidos pasos que le han costado el puesto al delegado de Educación en la provincia tras ningunear a la comunidad educativa.
Junta
Javier Imbroda y Antonio Jesús Castillo en una imagen de archivo en el Consejo Escolar de Andalucía.
En apenas 37 días, el tiempo transcurrido entre la reunión de la Junta de Personal Docente en la que la Delegación de Educación habló de sus planes para fusionar etapas educativas en un solo centro y arrojó dudas sobre la continuidad de los Semi-D, y la dimisión de Antonio Jesús Castillo este viernes, la Junta ha desconcertado a la comunidad educativa de la provincia, que merece explicaciones. Las que no ha recibido aún por parte de la Consejería que dirige Ciudadanos con Javier Imbroda.
La crisis que se ha ido acrecentando en este mes y una semana ha estallado justo en el primer aniversario de la toma de posesión de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta. No es el único frente abierto, como se sabe, pero sí uno de los más incómodos, y ha supuesto la segunda gran contestación en la calle a las políticas del Gobierno andaluz con Granada. Si antes de cerrar el año la defensa de la autonomía del Parque de las Ciencias fue una acción multitudinaria, la manifestación de este jueves logró la mayor participación registrada hasta ahora en una movilización por la escuela pública.
La movilización ciudadana sirve, ha sido clave para que la Consejería moviera ficha retirando su confianza al delegado, que se vio obligado a presentar su dimisión. Como también sirve el periodismo, que trasladó a la opinión pública unos planes que Educación estaba preparando de espaldas a la comunidad educativa.
Lo contó El Independiente de Granada el 12 de diciembre: Educación prepara cambios que implican el cierre de centros y ponen en alerta a la comunidad educativa.
Desde entonces, los fallidos pasos del delegado le han acabado costando el puesto. Sus mensajes han sido confusos, tratando inicialmente de negar, tras desvelar este diario esos planes, que la Junta se planteara suprimir enseñanzas o que la puesta en marcha del proyecto piloto de los CEIPSO -que integrarán todas las etapas obligatorias fusionando centros- afectara a la continuidad de proyectos educativos, como es el caso del IES Veleta. Un centro ese último al que la propia Delegación, a través de su servicio de Planificación, adelantó que a partir del próximo curso ya no matricularían a alumnado del primer curso.
Cartel en el IES Zaidín-Vergeles de la capital, que se ha movilizado también en defensa de la continuidad de su proyecto educativo.
Su intento de reconducir la falta de información a las familias se volvió en su contra. Anunció una asamblea informativa con representantes de las asociaciones de madres y padres del alumnado, pero estableció requisitos que molestaron a los colectivos. Solo un representante por asociación y las preguntas formuladas por anticipado. Sin conocerlas de antemano, no se aceptarían en la reunión.
Subestimó la fuerza de las familias y los municipios rurales, que se movilizaron para rechazar la supresión de enseñanzas
Subestimó la fuerza de las familias y los municipios del entorno rural, que se movilizaron para evitar la supresión de enseñanzas. Reanudadas las clases tras las vacaciones navideñas, AMPAS de municipios con Semi-D entregaron 5.000 firmas exigiendo diálogo y consenso y que se diera marcha atrás en cualquier plan que pusiera en riesgo sus colegios. Esa misma jornada, el 8 de enero pasado, en Castril, se dio visibilidad a la protesta con un corte de carretera.
El pasado jueves una gran marcha recorrió el centro de Granada para rechazar recortes en la escuela pública y advertir que la supresión de colegios en el entorno rural termina cerrando pueblos. Días antes, Castillo llegó a restar importancia a las consecuencias del cierre de un colegio. Porque cierre un colegio no cierra un pueblo, llegó a decir. Esas declaraciones no eran compatibles con
Enfadó al Servicio de Inspección al utilizar informes elaborados por sus profesionales para justificar la necesidad de poner fin a los centros Semi-D. La reestructuración de colegios y el cierre de unidades "han sido y son decisiones políticas", dejó claro la Asociación de Inspectoras e Inspectores de Educación de Andalucía (ADIDE-Andalucía) en un comunicado que recogió el malestar en este funcionariado por el intento de 'instrumentalizar' su labor.
Aunque solo los sindicatos Ustea y CGT convocaron la huelga del pasado 16 de enero, el enfado en las organizaciones sindicales es compartido. Por no haber contado con el profesorado previamente para dar forma a la reorganización. Lo dejaron también claro las organizaciones CSIF, ANPE, CCOO y UGT, rechazando el recorte de unidades y docentes y exigiendo a la Junta detalles de sus medidas.
En esta crisis, se ha echado en falta lal delegado del Goboierno andaluz en Granada, Pablo García, que ha preferido mantenerse a distancia de la crisis, dejando solo a su socio de gobierno, Ciudadanos.
Imbroda, obligado a reconducir la falta de diálogo para cerrar la crisis
Tampoco la Consejería de Educación logró atajar el problema. El consejero Imbroda se ha limitado a señalar, cuando era preguntado por los periodistas, que era un proyecto en estado 'embrionario', además de expresar un mensaje de respaldo a la escuela rural.
Ahora, tras la marcha de Castillo, la Consejería tiene deberes. Está obligada a recomponer la relación con las AMPA de la provincia, con los centros docentes, sus profesorado y equipos directivos, con la Inspección, y con los representantes legítimos de los trabajadores, los sindicatos. El primer paso, nombrar a la persona que tomará las riendas de la Delegación. El segundo, dar cuenta de los planes educativos, consensuándolos a través del diálogo.
