reclama 'el mismo compromiso' que el Gobierno de España

El PSOE censura que más de 12.000 personas dependientes de la provincia tengan que “esperar dos años para ser valorados o atendidos por la Junta”

Política - IndeGranada - Miércoles, 9 de Marzo de 2022
Sánchez Rubio exige a Moreno Bonilla el “mismo compromiso” con la dependencia que el Gobierno de España, que destinará a Andalucía, de manera extraordinaria, 516 millones hasta 2023.
María José Sánchez Rubio.
Prensa PSOE
María José Sánchez Rubio.

La parlamentaria andaluza por el PSOE María José Sánchez Rubio ha censurado que 12.194 dependientes de la provincia de Granada tengan que “esperar dos años para ser valorados o atendidos por la Junta de Andalucía” y ha criticado que los “grandes perjudicados sean las y los usuarios de grado dos o tres, es decir quienes se encuentran en una situación más grave”.

“Esta situación no resuelve el problema de los cuidados de las personas mayores y con discapacidad en situación de dependencia, por lo que llama la atención que los recursos más caros, como las residencias, no sean ocupados, dejando plazas vacías, pese al marketing del Gobierno andaluz anunciando nuevos conciertos”

“Esta situación no resuelve el problema de los cuidados de las personas mayores y con discapacidad en situación de dependencia, por lo que llama la atención que los recursos más caros, como las residencias, no sean ocupados, dejando plazas vacías, pese al marketing del Gobierno andaluz anunciando nuevos conciertos”, ha señalado.

Sánchez Rubio ha concretado que hay 8.667 granadinos y granadinas pendientes de valoración y otras 3.527 personas valoradas, pero sin recibir prestación alguna, al tiempo que ha lamentado que en los tres últimos años del Gobierno andaluz de las derechas “haya personas que han tenido que dejar de ocupar plaza en un centro de día o que muy pocas personas hayan tenido derecho a una plaza en residencia”.

“Ese es el triste balance de Moreno Bonilla, más interesado en atender a más personas dependientes con los recursos más baratos, expulsando de los más costosos a las personas con mayores niveles de dependencia”, ha expuesto.

 

Tras subrayar que las y los trabajadores de ayuda a domicilio viven una situación “bastante precaria” y que existe un déficit en plazas residenciales, la parlamentaria socialista ha indicado que “las personas mayores y con discapacidad dependientes precisan de servicios de calidad y las entidades para mantener la calidad de los mismos necesitan el compromiso efectivo de la administración, que tiene que reconocer el coste de los cuidados que se brindan en los centros”.

En ese contexto, ha exigido a Moreno Bonilla el “mismo compromiso” que el Gobierno de España con la dependencia, para la que ha puesto en marcha el Plan de Choque en Dependencia 2021-2023, tras el acuerdo alcanzado en el Consejo Intersectorial de Servicios Sociales y Dependencia.

“Una iniciativa extraordinaria que conlleva el aumento de la financiación del Sistema de Dependencia por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, de al menos 600 millones de euros respecto a 2020, de manera extraordinaria, con nuevos aumentos para años posteriores y un acuerdo de adopción de medidas concretas de mejora como la reducción de listas de espera y tiempos de tramitación, asegurar condiciones laborales y profesionales de las y los trabajadores e introducir mejoras en los servicios y prestaciones con servicios profesionales de calidad”, ha relatado.

“Moreno Bonilla ya aplicó un tijeretazo de 700 millones de euros cuando era secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad con Rajoy y años después sigue demostrando que no le importa en absoluto la dependencia ni la situación que padecen quienes deben beneficiarse de ella”, ha remarcado.

En contraposición, la parlamentaria andaluza ha asegurado que el PSOE defiende la sostenibilidad y calidad del Sistema de Atención a la Dependencia, la garantía de la continuidad de la atención y cuidados y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y dependientes y el reconocimiento, la mejora de las condiciones laborales y salariales de las y los profesionales y el mantenimiento de la actividad de las empresas y entidades prestadoras de los servicios de cuidados.