El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para subir el Salario Mínimo Interprofesional un 8 po rciento este año, de manera que se situará en 1.080 euros. Del acuerdo se ha desmarcado la patronal CEOE, que ni siquiera ha acudido a las reuniones convocadas por el Ministerio de Trabajo. 

El acuerdo ha sido anunciado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado. 

Según ha detallado, se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. "Nuestra lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores y por lograr un reparto más justo de los beneficios empresariales no ha hecho más que empezar", ha declarado Sánchez.

Ese acuerdo se ha cerrado entre los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Los expertos que asesoran al Gobierno recomendaron elevar el SMI entre un 4,6% y un 8,2% para 2023, lo que situaría esta renta mínima en entre 1.046 y 1.082 euros al mes, frente a los 1.000 euros mensuales por catorce pagas actualmente en vigor. La subida anunciada está en línea con lo ya previsto por Trabajo, situándose por debajo de lo que reclamaban los sindicatos (1.082 euros-1.100 euros) y por encima de lo propuesto por la patronal. 

Durante su comparecencia en el Senado, Sánchez ha destacado que España es el país de la OCDE que más ha subido el Salario Mínimo Interprofesional. Desde que llegó al Gobierno, en concreto, un 36% -de 735 euros, al inicio de la legislatura, a 1080 euros al mes-. El presidente ha criticado que algunas empresas aumenten beneficios, paguen bonus millonarios a sus directivos pero no aumenten los sueldos a sus trabajadores. 

 "Si una empresa gana 600 millones de euros más que el año anterior, ¿por qué esa ganancia va a parar solo a manos de unos pocos? ¿por qué se recompensa al consejero delegado, al consejo de administración, al director financiero, pero no a las dependientas, a los transportistas, a los administrativos, a los reponedores? ¿no tienen ellos también parte del mérito?", se ha preguntado

 "Si una empresa gana 600 millones de euros más que el año anterior, ¿por qué esa ganancia va a parar solo a manos de unos pocos? ¿por qué se recompensa al consejero delegado, al consejo de administración, al director financiero, pero no a las dependientas, a los transportistas, a los administrativos, a los reponedores? ¿no tienen ellos también parte del mérito?", se ha preguntado.

El propósito del Gobierno, ha mantenido el presidente, no se limita a demandar a las empresas un reparto más justo de los beneficios, sino que es preciso que generen más riqueza y que esa riqueza no se quede en los de arriba.

A su juicio, los salarios de las clases medidas y trabajadoras no han subido todo lo que deberían a lo largo de la última década como consecuencia del modelo económico impuesto por otros gobiernos y que hay que cambiar. "Necesitamos desarrollar otras fortalezas que se basen en el talento, la ciencia, la innovación, la digitalización y en el menor precio de nuestra energía. Y aumentar la productividad y los beneficios de las empresas, en especial de las pymes, para que puedan pagar mejor a sus empleados.

En opinión del presidente, además de la devaluación de los salarios y la consiguiente reducción del poder adquisitivo de los ciudadanos, la erosión del estado del bienestar ha empobrecido a la mayoría social.

Pedro Sánchez ha recordado que los españoles teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, una educación pública de calidad, y un sistema de pensiones fiable y robusto, que ahora no tienen la calidad de antaño.

"No permitiremos que derechos se conviertan en mercancías. Hay cosas que no pueden estar exclusivamente en manos de lo privado porque es imposible ponerles precio", ha asegurado

El presidente ha trasladado que existe un plan diseñado por ciertas élites económicas para debilitar el estado del bienestar y convertir derechos en mercancías. Su objetivo es que los servicios públicos se deterioren y que las clases medias dediquen una proporción de sus ingresos a costearse por lo privado unos servicios que antes tenían en lo público. Y esto las está haciendo más pobres y menos libres. "No permitiremos que derechos se conviertan en mercancías. Hay cosas que no pueden estar exclusivamente en manos de lo privado porque es imposible ponerles precio", ha asegurado.

"Este Gobierno no tiene nada en contra de los hospitales, los colegios o las residencias privadas. Tampoco tiene nada en contra de formas de colaboración público privada en la gestión de servicios públicos. Lo que no vamos a permitir es que exista una sanidad y una educación para pobres y otra para los demás. Que la diferencia entre estar sano o enfermo, entre estar formado o no, sea el dinero que tienes", ha añadido.

Para alcanzar este objetivo, Sánchez, ha resaltado que el Gobierno está redoblando su apoyo a lo público, ha aumentado el gasto social en un 35%, superando para este año los 266.000 millones de euros. Ha reforzado las partidas de la sanidad y la educación públicas, la dependencia y las pensiones. Se ha puesto al servicio de la ciudadanía en los momentos más difíciles de la pandemia con expedientes y ayudas que salvaron tres millones y medio de empleos, al tiempo que ha reducido el déficit, la deuda pública y saneado las cuentas del Estado.

Sánchez también ha resaltado que en el Debate del Estado de la Nación prometió que el Ejecutivo se dejaría la piel para doblegar la curva inflacionista y hoy, con los datos, sobre la mesa, puede afirmar que España está sorteando la crisis mejor que los países de su entorno gracias a que ha desplegado las medidas anticrisis más ambiciosas de toda la Unión Europea, desde el primer plan aprobado en marzo de 2022, hasta el sexto acordado en diciembre.

Entre las iniciativas impulsadas, el presidente ha recordado la intervención del mercado de la energía o de la vivienda, las ayudas directas a hogares y empresas y los descuentos o la gratuidad en los transportes públicos. Además, se han reducido impuestos a trabajadores, pymes y autónomos, eliminado el IVA de muchos alimentos.

En total, el Gobierno ha movilizado 45.000 millones de euros con el fin de proteger a las clases medias y trabajadoras, a los autónomos, a las industrias y las pymes de la crisis inflacionaria.