La nueva Ley de Contratos del Sector Público, con la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas europeas en materia de contratación pública, se publicó en el BOE del pasado 9 de noviembre, y entrará en vigor en cuatro meses.

Marta Gutiérrez, concejala de Vamos, Granada, ha explicado que con esta nueva ley se introducen "avances considerables" hacia una mayor transparencia y control de los contratos, y también hacia una mayor exigencia en cuestiones sociales, laborales y medioambientales. “Entre otros, suprimirá la posibilidad de contratación sin publicidad de la misma, prohibirá las indemnizaciones por expectativas no cumplidas, establecerá la obligación de la factura electrónica y de que haya un funcionario responsable del contrato, la posibilidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas, y obligará a incluir aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato para que primen respecto a las cuestiones económicas”.

La formación plantea que, hasta la entrada en vigor en marzo del próximo año, "se prorroguen los contratos que venzan, para que a la nueva licitación le sea aplicada la nueva ley y así poder avanzar en la buena dirección, y evitar que queden, por unos pocos meses, más contratos realizados con la ley antigua". Para ello, pedirán el listado de contratos que vencerán en este periodo, y que son susceptibles de prórroga hasta la entrada en vigor de la nueva ley.

La ley también es aplicable a las organizaciones empresariales, a los partidos políticos y a los sindicatos, en los casos en los que la mayor parte de su financiación sea pública, por lo que también pedirán que le aplique esta nueva ley a cualquier subvención, convenio o asignación a estas entidades.

Gutiérrez ha destacado especialmente, los artículos 122.2, 149.4 y 202.2, que señalan la obligación de las empresas adjudicatarias de cumplir condiciones salariales según el convenio colectivo sectorial, "lo que viene a poner freno al empeoramiento de las condiciones laborales por la vía de la externalización de servicios". ”De este modo ya no vale lavarse las manos, porque este cambio en la ley obliga a las administraciones a controlar el cumplimiento de las condiciones laborales, que en los últimos años se han ido precarizando hasta límites insostenibles, dejando a los trabajadores solos en su defensa, como ha ocurrido en los servicios de ayuda a domicilio o en el personal de actividades médico-deportivas en las piscinas municipales”. La formación municipal defiende que el abaratamiento del servicio no puede hacerse a costa de los trabajadores. Por otra parte, esa reducción de costes suele repercutir en un aumento del beneficio de las empresas, indica.

Vamos, Granada señala que haber fijado el convenio colectivo sectorial como referencia es "clave". En este sentido recuerda que el Congreso rechazó las enmiendas introducidas en el Senado por el PP, que pretendía "imponer el convenio de empresa sobre el sectorial, enmienda rechazada por toda la oposición salvo C’s". Rechazadas estas enmiendas, "la ley determina la obligación de cumplir el convenio sectorial, lo que pone en valor la negociación colectiva a la que quitó peso la reforma laboral de 2012, que permite a las empresas contratar con condiciones peores que las del convenio sectorial".