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Diputación y Colegio de Abogados reactivan la Oficina de Intermediación Hipotecaria con nuevos servicios

Ciudadanía - IndeGranada - Miércoles, 11 de Julio de 2018
Se añade el asesoramiento y asistencia sobre cláusulas hipotecarias abusivas y arrendamientos urbanos cuando el arrendador no sea un particular.
Eduardo Torres y José Entrena, en la firma del convenio.
Colegio Abogados
Eduardo Torres y José Entrena, en la firma del convenio.

El decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, y el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, han firmado este miércoles en la sede del organismo provincial un convenio de colaboración para poner en marcha de nuevo la Oficina de Intermediación Hipotecaria en la provincia como parte de la labor social que prestan ambas instituciones.

Como novedad, este servicio público y gratuito, que arrancó en 2012 como una pionera iniciativa para prestar asesoramiento especializado y labores de mediación a aquellos ciudadanos con escasos recursos económicos que se encontraran en situación de impago de cuotas hipotecarias, incorporará a su campo de acción la asistencia letrada en cuestiones vinculadas con cláusulas suelo y abusivas de los préstamos hipotecarios, a tenor de las recientes sentencias del Tribunal Supremo a favor del consumidor y la avalancha de reclamaciones que este tema está generando. De hecho, el Juzgado de Primera Instancia 9 –único competente en esta materia en la provincia, ha recibido en el primer semestre de 2018 cerca de 2.900 demandas por cláusulas abusivas, prácticamente duplicando las 1.572 interpuestas en 2017.

Asimismo, el nuevo convenio firmado entre la Diputación y el Colegio de Abogados también abarca el asesoramiento en materia de arrendamientos urbanos en situación de impagos por alquiler que estén en riesgo de desahucio, "siempre que el arrendador no sea un particular", precisa el Colegio de Abogados.

Juicios por cláuslas abusivas para 2020

“Se están señalando vistas sobre procedimientos de cláusulas abusivas para el año 2020, lo que pone en evidencia el impacto social que conlleva esta problemática y la necesidad de ofrecer una ayuda profesional a los ciudadanos afectados por estas cláusulas que les permita conocer cuál es su situación y las opciones negociadoras y judiciales que tienen”, ha señalado el decano. “Se trata, en definitiva, de actualizar la misión de la Oficina de Intermediación Hipotecaria a las circunstancias legales actuales, facilitando ayuda a las familias de toda la provincia en temas relacionados con los préstamos y arrendamientos sobre sus viviendas, cumpliendo con la función social que está en la propia naturaleza de nuestra profesión”, ha añadido Torres.

Por su parte, el presidente de la Diputación ha mostrado su satisfacción por la firma del convenio, con el que se pretende “proteger la ciudadanía de situaciones injustas”. “Hemos querido dar un paso más descentralizando el servicio, apoyándonos en la red de los Servicios Sociales Comunitarios que tenemos extendida en todos los municipios de la provincia, para que tanto los profesionales que van a atender estas casuísticas como la persona que está sufriendo este problema no tenga que desplazarse a la capital”, ha explicado.

Para ello, el Colegio de Abogados de Granada se encargará de coordinar el servicio, financiado por la Diputación de Granada, haciéndose responsable de la selección de los letrados especializados en la materia en las distintas demarcaciones territoriales de la provincia. Para dar a conocer las nuevas prestaciones de la Oficina de la Intermediación Hipotecaria, se llevarán a cabo charlas informativas en diferentes municipios de la provincia.



En cualquier caso, la Oficina de Intermediación Hipotecaria también mantendrá las labores de asesoramiento especializado a los ciudadanos y de mediación con las entidades financieras en casos de ejecuciones hipotecarias, como se venía realizando desde su puesta en marcha. Desde su creación en mayo de 2012, hasta la suspensión del servicio en diciembre de 2016, la Oficina de Intermediación Hipotecaria atendió un total de 763 expedientes, de los cuales 579 se tramitaron en la sede de Cárcel Alta del Colegio de Abogados y otros 184 fueron registrados en la Delegación colegial de Motril.