─ ¿Qué significa contar con una Fiscalía especial de Derechos Humanos y Memoria Democrática como la creada en España?

─ La Ley de Memoria Democrática otorga al Ministerio Fiscal un papel protagonista en la defensa del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Es el Fiscal quien deberá investigar las violaciones de derechos humanos, cumpliendo el deber del Estado hacia las víctimas.

─ Y, ¿qué plus aporta tener una fiscal delegada en Granada?

─ Permite una atención más cercana a las víctimas y asociaciones memorialistas, y mejora la coordinación con instituciones y autoridades locales en temas específicos de Memoria Democrática como los relativos a fosas y exhumaciones.

─ ¿Cómo se afrontarán casos en marcha como el de las exhumaciones de Víznar? 

─ Con carácter general en nuestra actuación hay que distinguir si existe un proceso judicial abierto o no. De ser así, la Fiscalía debe impulsar la investigación. De lo contrario, debemos incoar Diligencias propias, recabar informes forenses, antropológicos, genéticos,etc, que permitan la identificación de los restos hallados, determinar el contexto en el que se produjeron las muertes, y en última instancia devolverlos a sus familiares.

Nuestras investigaciones van en paralelo con los trabajos de los equipos arqueoforenses que realizan las labores de búsqueda, localización y exhumación

En el caso concreto de Víznar, ha sido el primero en el que la Fiscalía inició una investigación, y de ahí su relevancia. Nuestras investigaciones van en paralelo con los trabajos de los equipos arqueoforenses que realizan las labores de búsqueda, localización y exhumación. Se trata por un lado de determinar las circunstancias y el contexto de represión comunes a todas estas muertes, y por otro de identificar a cada una de las víctimas y proceder a la entrega de sus restos a sus familiares con un relato lo más exhaustivo posible, garantizando así el derecho a la verdad que tienen las víctimas, sus familiares y la sociedad en general.

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Visita de la fiscal Dolores Delgado y el ministro de Política Territorial a Víznar, el año pasado. Foto: Francisco Carrión Jiménez.

─ Para las familias, la mera existencia de la Fiscalía ya es un paso en esa búsqueda de verdad, justicia y reparación que reivindican. ¿Ha tenido la oportunidad de reunirse con familiares de víctimas del golpe y la represión franquista? Por otra parte, ¿cree que se pueden generar expectativas que después no se cumplan?

─ La existencia de una Fiscalía especializada como la nuestra tiene un componente reparador, porque como ya decíamos, nuestra función es garantizar los derechos de las víctimas, centro de nuestra actuación.

Recibir a las víctimas y a las asociaciones memorialistas debe ser parte primordial de nuestra función. Tengo el propósito de establecer una comunicación fluida con ellas

Por tanto, recibir a las víctimas y a las asociaciones memorialistas debe ser parte primordial de nuestra función. Tengo el propósito de establecer una comunicación fluida con ellas. Mi primer contacto con asociaciones será el 13 de junio en un acto de homenaje a las víctimas del Barranco de Víznar organizado por la Universidad de Granada, con el firme propósito de transmitirles que el Ministerio Fiscal debe de ser una institución de referencia para ellas. Quiero trasladarles una información comprensible y suficiente sobre las competencias del Ministerio Fiscal, el reconocimiento de su derecho a la verdad y a la reparación, y los recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.

─ Hay también casos que siguen llegando vía juzgado. En Granada, el de Isabel Alonso Dávila, detenida y encarcelada tres veces por la dictadura durante su etapa como estudiante en la UGR. ¿Qué perspectiva hay de que prosperen?

─ Cualquier procedimiento judicial penal tiene su propio recorrido, y aunque es cierto que de forma mayoritaria los juzgados inadmiten querellas presentadas por las víctimas y asociaciones memorialistas, nuestra función es garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, y cumplir con el deber de investigar que nos impone la ley. 

Contamos con distintas herramientas para promover la búsqueda de la verdad y que ya están siendo utilizadas por distintas Fiscalías de manera satisfactoria. No sólo la vía penal, sino también la jurisdicción voluntaria impulsando así una declaración judicial de hechos en la vía civil.

─ En su opinión, ¿se están cumpliendo las Leyes de Memoria? Se lo planteo porque en Andalucía, donde se aprobó la ley en 2017, no se han abierto expedientes por infracciones en estos años, a pesar, por ejemplo, de que quedan calles con nombres franquistas. Y la simbología franquista está prohibida por ley, tanto la andaluza como la estatal de 2022.

─ La prohibición de simbología y elementos contrarios a la Memoria Democrática se regula tanto por la ley autonómica como en la ley estatal de 2022, y por tanto ha de cumplirse. Ya existen resoluciones judiciales en este sentido, siendo la Administración la obligada a elaborar catálogos con los elementos contrarios a la Memoria Democrática a retirar. En cualquier caso se trata de una competencia estrictamente administrativa, encontrándose los procedimientos para su retirada regulados legalmente.

─ Simbología franquista en las calles; en las instituciones, que dan vueltas y vueltas para retirar, como ocurrió en Motril, la Medalla de la Ciudad a Franco; y también asociadas a entidades como las hermandades. En Granada, el Museo de los Tesoros de las Angustias incluye un manto, el de los alféreces, con significado y símbolos franquistas. ¿Eso se puede hacer? ¿Puede actuar de oficio la Fiscalía?

─ Como le había indicado anteriormente, los elementos y simbología contraria a la Memoria Democrática que aparezcan incluidos en los correspondientes catálogos deben de ser retirados y el procedimiento para ello es competencia a priori de la administración. El Ministerio Fiscal puede tener entrada en un eventual procedimiento contencioso administrativo como garante del interés público y social. Pero en todo caso habrá que analizarse cada supuesto concreto.

─ ¿Tiene previsto actividades en el ámbito educativo? Jornadas, algún tipo de colaboración… La Memoria Democrática sigue sin abordarse, más allá de la voluntad que ponen algunos docentes. Y los más jóvenes (y no tan jóvenes) siguen sin conocer lo sucedido.  Mientras tanto, la ola revisionista les alcanza y vemos a jóvenes cantando el ‘Cara al Sol’ y celebrando en redes sociales la dictadura. 

Hay que educar a las nuevas generaciones en derechos humanos y valores democráticos. No podemos darlos por sentados. La Memoria es una cuestión de futuro

─ La sociedad debe conocer las circunstancias y el contexto en que se produjeron las más grandes vulneraciones de derechos humanos. Ello es esencial para evitar que se repitan los crímenes del pasado. Es el Estado quien debe promover políticas públicas de memorialización, fomentar la investigación, y la divulgación y formación en materia de derechos humanos.

La Fiscalía debe promover la sensibilización en la materia. 

Todas las actividades en el ámbito educativo relacionadas con la Memoria suponen una actuación frente al revisionismo y el negacionismo  que se pretende imponer por un sector de la sociedad. Hay que luchar contra la banalización de lo que rodea a un régimen dictatorial. Hay que educar a las nuevas generaciones en derechos humanos y valores democráticos. No podemos darlos por sentados. La Memoria es una cuestión de futuro.

─ La Fiscalía a la que representa es de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Qué otros ámbitos, que no son el de la Memoria Democrática, abarcará. Se lo traslado pensando en los vecinos y vecinas del Distrito Norte de Granada que, con contrato en regla y pagando sus recibos, sufren a diario y desde hace años cortes de luz. 

─ Además de en todo lo relacionado con la Memoria Democrática, esta Fiscalía actúa como enlace entre España y organismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o comités de la ONU. Nuestra función es aplicar sus resoluciones, colaborar con la Abogacía del Estado y promover la defensa de los derechos humanos desde el ámbito internacional.

Casos concretos como el de los cortes de luz en barrios vulnerables, implican a priori a otras instituciones y administraciones públicas, sin perjuicio de la intervención judicial llegado el caso.