"Los hijos de víctimas de violencia de género son los grandes olvidados", alerta la Fiscalía
Imagen de una reciente concentración de apoyo a Juana Rivas. p.v.m.
"Se ha de mejorar la respuesta a los hijos de víctimas de violencia de género, que son los grandes olvidados, y que sufren las consecuencias directas e indirectas inmediatas y a largo plazo de la violencia de género y familiar".
Con esa contundencia se expresa la Fiscalía al repasar el trabajo desarrollado el pasado año en el área especializada en la lucha contra la violencia de género. Y por ello, el Ministerio Público aboga por realizar "con prontitud" las exploraciones o pruebas a los hijos que hayan sufrido o presenciado malos tratos, "incluso para el pronunciamiento de las medidas civiles de las órdenes de protección que les afecten, y así lo afirma la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia".
"Estas exploraciones o pruebas han de practicarse en los primeros momentos de la incoación de las diligencias, ya sean urgentes como diligencias previas, ya que hemos llegado al absurdo, para evitar la victimización secundaria, de que niños con problemas, para evitarles problemas, no sean oídos y si no son oídos no podemos protegerlos. Si esto se realiza con prontitud se evitan las posibles manipulaciones por los progenitores de los niños, y evitarles riesgos a veces gravísimos, para su integridad física y psicológica", abunda en su reflexión.
Propone incluso pruebas para detectar alcoholismo o drogadicción de los padres, para evitar situaciones de peligro añadidas, y decidir respecto al régimen de visitas.
Todo lo anterior, con una declaración previa en la que reclama la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, referido a la dispensa del deber de declarar de pareja y familiares directos.
Ana Tárrago tomó posesión como fiscal superior a principios de 2017. j.m.grimaldi/junta
Pone el acento la Fiscalía, con esas reflexiones en torno a los menores hijos de víctimas de violencia machista, en un asunto que ha cobrado especial relevancia con el caso de Juana Rivas, si bien, la memoria se refiere al pasado año; no fue hasta diciembre cuando se conoció la situación de la madre de Maracena, de la que ya informó entonces El Independiente de Granada.
El Ministerio público defiende que su especialización en violencia contra la mujer es ya un hecho, cumpliendo con uno de los objetivos de la Ley Integral. Al frente de sección dedicada a la violencia contra la mujer está la fiscal Flor de Torres, muy reconocida por su gran labor en estas tareas, que coordina desde Málaga.
Precisamente a esa especialización se alude en el informe al repasar el trabajo de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, que prestan asistencia y hacen una valoración del daño especializada, integral y global. Es un equipo técnico formado por médicos forenses y equipo psicosocial, como recuerda la memoria y que se encargan del estudio a los menores y también se pronuncian sobre el agresor, para medir asuntos como su peligrosidad criminal o las posibilidades de reincidencia.
Faltan Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género y estabilidad y especialización de sus profesionales
Andalucía fue pionera en su implantanción, apunta la Fiscalía que, no obstante, advierte de que solo en la provincia de Málaga se alcanza la ratio mínima aconsejable de una UVIG para cada Juzgado especializado en Violencia hacia la Mujer. Y no solo advierte de esa carencia. También de la "fluctuación" de los profesionales integrantes de estas unidades, salvo excepciones, así como de la externalización del servicio dependiente del Instituto de Medicina Legal, lo que hace que se requiera "una incansable labor de especialización en la materia".
"En numerosas ocasiones en esta anualidad ha sido instrumento poco eficaz en la valoración de asuntos que requerían una mayor especialización y visión de una realidad que es la violencia de genero con altas dosis de especialización de lo que se ha adolecido en determinados casos. Las víctimas son personas inmersas en una vida compleja, difícil, llena de ansiedad y miedos, pero también de no saber que hacer o de no saber que es lo mejor. Una valoración conjunta por expertos es determinante a la hora de abordar la compleja situación en la que se encuentran estas personas".
En este sentido señala que, entre las "deficiencias" que observa, refieriéndose en concreto a Sevilla, donde reclama más unidades, es que las UVIVG no emiten informes psicosociales en los asuntos civiles, si no se ha pedido de oficio por el Ministerio Fiscal u otra parte del proceso en la vía penal y se deriva a los equipos psicosociales adscritos a los Juzgados de Familia, "desvirtuando el principio de especialización de que sea el mismo juez, y resto de profesionales especializados en violencia de género, el que examine la causa tanto civil, como penal". Al respecto añade que "también quiebra el principio de especialización el hecho de que en las guardias de estos Juzgados no se disponga de un forense de guardia de estas unidades, sino del forense que ese día esté de guardia, sin especialización alguna en la materia".
Zapatos rojos contra la violencia machista. m.rodríguez
Menores agresores, necesidad de armonizar la legislación
Al abordar a los menores como agresores, casos que lamentablemente se producen, la memoria de la Fiscalía llama la atención sobre la colisión entre la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de estos con la Ley Integral de Violencia de Género. Esta última prohíbe la medidación en situaciones de violencia a la mujer, un mecanismo que, sin embargo, sí se utiliza en los procesos a menores, también en estos casos.
"Sería conveniente armonizar la legislación de violencia de género en materia de menores de edad infractores en supuestos de violencia de género de tal forma que el espíritu de ambas leyes no sea contradictorio", recomienda la Fiscalía que reclama, mientras que eso se lleve a cabo, "una visión de género en los expedientes de menores infractores de conductas delictivas de violencia a mujeres menores de edad armonizándose así con los postulados" de la Ley Integral. Algo que, por otra parte, es ya "exigible" con las nuevas necesidades impuestas por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial operada en 2015, "que requiere formación en género a todos los operadores jurídicos que atienden a menores en los procesos Judiciales".
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