La Inspección Educativa recuerda que la reestructuración de colegios y supresión de unidades "han sido y son decisiones exclusivamente políticas"
En un gesto que refleja el malestar de la Inspección Educativa, la Asociación de Inspectoras e Inspectores de Educación de Andalucía (ADIDE-Andalucía) ha hecho público un comunicado en el que deja claro la decisión de reestructurar los centros educativos de la provincia, agrupando etapas o suprimiéndolas, es una decisión "exclusivamente política".
Sale así al paso de uno de los argumentos esgrimidos en este proceso por el delegado territorial de Educación, Antonio Jesús Castillo, que para justificar los planes que ha venido elaborando sin la participación de sindicatos ni familias, aludió también a informes de la Inspección que cuestionaban la enseñanza impartida en centros rurales, poniendo de esa manera en duda la formación de los docentes y la que recibía el alumnado.
Lo que han hecho los inspectores e inspectoras es elaborar informes solicitados por el titular de la Delegación Territorial de Educación "con criterios rigurosamene técnicos, con absoluta independencia, no necesariamente favorables a la decisión que se pretende adoptar y en todo caso ajustados a lo establecido en la normativa vigente, aclarando además que dichos informes en ningún caso son vinculantes".
La asociación que preside Carolina Ortega Puertas pide que la Inspección Educativa no sea "instrumentalizada interesadamente, en ninguna dirección".
Ese es el comunicado de la Asociación de Inspectoras e Inspectores de Educación de Andalucía, ADIDE-Andalucía:
La Asociación de Inspectoras e Inspectores de Educación de Andalucía (ADIDE), ante las diversas informaciones aparecidas en prensa en relación con la posible supresión de diferentes unidades de Educación Secundaria Obligatoria en centros de educación Infantil y Primaria en la provincia de Granada, y ante la posible interpretación que pudiera desprenderse de dichas informaciones en relación con el papel jugado por el Servicio de Inspección de Educación, queremos aclarar, tanto a la Comunidad Educativa como a la sociedad en general, que dichas decisiones de supresión de unidades de ESO, reestructuración de colegios públicos rurales o transformación de centros de Educación Infantil y Primaria en CEIPSO (Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria), han sido y son decisiones exclusivamente políticas en las que nada ha tenido que ver el Servicio de Inspección, ya que la adopción de estas medidas no son de su competencia, y que como Servicio eminentemente técnico, se ha limitado a realizar los informes que le han sido requeridos por parte de la Persona Titular de la Delegación Territorial de Educación, y que en todo caso han sido elaborados con criterios rigurosamente técnicos, con absoluta independencia, no necesariamente favorables a la decisión que se pretende adoptar y en todo caso ajustados a lo establecido en la normativa vigente, aclarando además que dichos informes en ningún caso son vinculantes.
No deseamos que en esta situación de conflicto de intereses y en un contexto de alarma social, provocada por las repercusiones que estas medidas pudiesen tener para alumnado, profesorado y familias, la Inspección de Educación pueda ser instrumentalizada interesadamente, en ninguna dirección. Y desde estas páginas queremos garantizar que a pesar de lo que se pueda decir o pudiese parecer, el Servicio de Inspección de Educación actuará, en este caso y en todos, con lealtad institucional, pero con total independencia y en el ámbito de las atribuciones que le corresponde por ley, por encima de cualquier interés particular.
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