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Reunión de la Mesa por la Zona Norte. subdelegación gobierno

Mucho balance incidiendo en lo realizado en el ámbito de las competencias de los asistentes, pero menos concreción a la hora de buscar las soluciones para un problema que lleva años encima de la mesa. Ese es el resumen de la reunión celebrada este jueves en la Subdelegación del Gobierno, en la que una vez más, administraciones y Endesa ponen el foco en el cultivo de marihuana. 

No ha habido compromisos concretos por parte de la eléctrica, que destaca que es "un perjudicado más" y que por mucho que refuerce las redes y aumente la potencia en el Distrito, "estas no son capaces de soportar el continuo sabotaje de los enganches ilegales y su aumento exponencial".

Según la información difundida por las instituciones al término del encuentro, el compromiso ha sido "seguir incidiendo y reforzando la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la defraudación del fluido eléctrico". También, en la necesidad de "trabajar de forma conjunta para atajar esta situación de un modo integral implicando tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Granada, de manera que se estrechen aún más los lazos de colaboración entre las diferentes administraciones y la compañía eléctrica para implementar nuevas vías de actuación que incidan en la erradicación de las plantaciones de marihuana y la defraudación del fluido eléctrico y que fomenten el necesario e imprescindible desarrollo social de la zona".

Todas han expresado "su gran preocupación por las consecuencias sociales que originan los cortes de luz especialmente en la zona norte debido a la defraudación de fluido eléctrico tanto para el consumo particular como el cultivo de marihuana". 

"Estas prácticas ilícitas provocan el deterioro de la red de distribución de energía eléctrica al estar siendo saboteada con tal finalidad, sobre todo, en las épocas del año de mayor demanda de energía. A esta dificultad se une el problema que representa para la seguridad de las personas la manipulación de las instalaciones eléctricas, que no ofrecen las debidas protecciones, lo que puede conllevar riesgos de incendio y de electrocución", expone el comunicado conjunto.

Como se ha señalado, al encuentro han acudido el Defensor de la Ciudadanía y el párroco de La Paz, que han protagonizado un encierro de una semana que ha logrado despertar conciencias y exigir a instituciones y eléctricas que, de una vez por todas, atajen el problema. Con esa idea se acudía a la reunión. Resultados palpables no hay de momento.

En el encuentro, la subdelegada del Gobierno ha destacado "el gran trabajo" que Guardia Civil y Policía Nacional llevan a cabo para luchar contra este problema desde 2017, fecha en la que se puso en marcha el Plan Integral de Seguridad de la Zona Norte. De hecho, según los datos aportados por estos cuerpos de seguridad, Inmaculada López ha querido resaltar que las actuaciones "se han incrementado notablemente en los nueve meses de 2019 tanto en la zona Norte como en los municipios del cinturón de la capital". 

El alcalde reconoce "un antes y un después" del encierro del Defensor y el párroco

Por su parte, el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha apremiado la búsqueda de soluciones a unos vecinos "que no tienen ninguna responsabilidad en la grave situación que están padeciendo". 

"Endesa tendrá que hacer la parte que le corresponde tanto en la mejora de las instalaciones como en la posibilidad de aumentar la potencia técnica en la zona para evitar los cortes; los cuerpos de seguridad tendrán que actuar con contundencia contra los enganches ilegales que se producen debido a hechos ilícitos; los servicios sociales del Ayuntamiento tendrán que hacer su parte también para que encontrar una solución a las personas en riesgo de pobreza energética y evitar que sea un factor discriminatorio en Granada; y la Junta de Andalucía deberá dar soluciones a las viviendas y propietarios donde se producen irregularidades”, ha resaltado Salvador, quien considera que existe "un antes y un después" en el "grave problema" de los cortes de luz tras el encierro de una semana del Defensor de la Ciudadanía, Manuel Martín, al que ha querido reconocer su trabajo.

En cuanto a la Junta de Andalucía, el delegado territorial de Fomento ha dado cuenta del requerimiento oficial enviado a Endesa exigiéndole una auditoría completa de las instalaciones de la zona afectada. Según Antonio Granados, "se trata de una medida excepcional para que de inmediato podamos solucionar este problema que no puede demorarse más, los ciudadanos merecen que estas reuniones sirvan para solucionar este gran problema".

Ha garantizado que se tratará la auditoría "con total transparencia y se hará públic"a. Además, ha agradecido las disposición de Endesa y ha recalcado que "esto no es un problema de una empresa ni una administración concreta". Ha asegurado también que la Junta seguirá llevando a cabo "iniciativas que den a los vecinos a una solución".

El delegado de Fomento ha hecho un llamamiento al resto de administraciones o instituciones para que "se alejen de la polémica política y traten de buscar soluciones y actuar conforme les corresponde en el marco de sus competencias, como está haciendo desde el primer momento el nuevo Gobierno de Andalucía".

Endesa asegura que ha invertido 5,5 millones y culpa al "fraude masivo"

Por su parte Endesa ha defendido que acudía a la reunión "con la voluntad de seguir colaborando con las administraciones públicas y los vecinos para encontrar una solución definitiva al problema de los cortes de suministro que afectan a sus clientes y a la propia compañía, provocados por un fraude masivo de la zona cuyo uso no es el doméstico".

"A pesar de los esfuerzos económicos -más de 5,5 millones de euros en los últimos 3 años, según sostiene la compañía- y humanos realizados en la Zona Norte la problemática sigue aumentando, por la proliferación de dicho fraude, pues la potencia contratada en la zona baja día a día".

Por ello Endesa reclama "una colaboración integral con todas las administraciones públicas implicadas, así como las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Fiscalía y los propios vecinos, como única vía de solución para el conflicto en la Zona Norte de Granada".

Desde Endesa se ha expresado "el malestar que para la compañía supone la falta imprevista de suministro para los ciudadanos que viven en esta zona". La eléctrica ha explicado también las medidas que ha llevado a cabo en la Zona Norte para intentar garantizar la calidad del servicio eléctrico, asegurando que es "un perjudicado más de estas actividades ílicitas".

Todas las actuaciones llevadas a cabo en la mejora de las infraestructuras "no han tenido el resultado esperado", ha admitido, de lo que la empresa culpa a que "por mucho que se refuercen las redes o se aumente la potencia, estas no son capaces de soportar el continuo sabotaje de los enganches ilegales y su aumento exponencial".

Endesa ha reitrado "su colaboración y compromiso para llevar a cabo las actuaciones técnicas que sean necesarias, y al mismo tiempo ha solicitado la colaboración de todos los actores implicados para poder paliar esta problemática social".