El caso ha sido denunciado en los juzgados por ‘violación de los derechos fundamentales’
La Junta niega una vivienda segura a una mujer maltratada y a su hijo discapacitado, amenazado por ser homosexual
Otro caso dramático sin respuesta eficiente de las administraciones, en este caso de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que niega a una mujer víctima de la violencia machista, cambiarle la vivienda de alquiler social en la que reside, en pésimas condiciones, para evitar el riesgo que sufren por las continuas amenazas que recibe su hijo, discapacitado, por ser homosexual.
P.V.M.
J.A Imbernón, Natalia García y Myriam Jurado, en la rueda de prensa de este miércoles.
El caso fue denunciado en rueda de prensa por la Delegación en Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que respalda la denuncia presentada contra la Oficina de Rehabilitación Cartuja-La Paz-Almanjayar de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) por “violación de derechos fundamentales, tras su decisión de negarse a proporcionar una vivienda digna y segura a una mujer víctima de violencia de género y a su hijo discapacitado, que en estos momentos se encuentra bajo amenazas por ser homosexual”.
APDHA apoya la denuncia contra la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía por "violación de derechos fundamentales"
La organización considera “detestable” que AVRA desoiga de manera reiterada las reclamaciones de esta familia y no le facilite una permuta de vivienda en un entorno seguro, estando en conocimiento de las condiciones de especial vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas y del riesgo para la integridad física del joven, que ya ha sido agredido en una ocasión y que sufre una discapacidad del 54 por ciento, reconocida por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, según explicó la portavoz de APDHG, Natalia García Caballos.
Según la denuncia presentada, la Administración reconoce la existencia de peligro real para la familia, hasta el punto de que la autorizó de forma excepcional a cambiar a la que es su vivienda actual, también propiedad de AVRA, indicando verbalmente que sería de manera provisional hasta la concesión de una nueva vivienda que cumpliera las condiciones de seguridad para la familia, señaló Myriam Jurado León, jurista y miembro de la APDHA.
Sin embargo, el nuevo domicilio se encuentra en la misma calle y a tan solo 100 metros de la anterior, por lo que las amenazas continúan. “Nos van a matar”, denuncia la mujer denunciante, en palabras reveladas por los miembros de la asociación.
Respaldada en todo momento por la APDHA, la mujer elevó al organismo dependiente de la Junta numerosas peticiones para cambiar a su domicilio atual, en la Zona Norte, a un domiclio seguro. Pero no ha asido atendida. Tras rcurrir al Defensor del Pueblo Andaluz, decidió recurri a la vía judicial.
Se da la circunstancia, además, de que se trata de una vivienda “en precario”, que no reúne en el momento de la entrega las condiciones mínimas de habitabilidad: no tiene seguridad eléctrica, cuenta con humedades en cocina, baño y pasillo, con agujeros en el techo con cables colgando, ausencia de interruptores y enchufes en el salón, puertas rotas y no tiene sumidero en el plato de ducha, entre otros.
La APDHA exige que las administraciones cumplan con su obligación de velar por la seguridad, la vida e integridad física y moral de la ciudadanía, en especial de aquellas personas más necesitadas de protección.
El nuevo domicilio se encuentra en la misma calle y a tan solo 100 metros de la anterior, por lo que las amenazas continúan. “Nos van a matar”, denuncia la mujer denunciante
Por ello, la asociación demanda de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación Social encontrar una alternativa inmediata y digna, que garantice la seguridad de la familia demandante. Además, la APDHA considera esencial amparar la seguridad de las personas titulares de contratos de las viviendas públicas frente a amenazas o expulsiones, que tales viviendas cuenten con las condiciones básicas de habitabilidad, incluyendo el mantenimiento de las zonas e instalaciones comunes, y que se respalden las permutas de viviendas adecuadamente motivadas, utilizando criterios transparentes.
APDHA se reitera en la necesidad de unas políticas públicas y un parque de vivienda público en nuestro territorio que pueda garantizar que se cumpla el derecho a la vivienda. Sin embargo, considera “profundamente rechazable la gestión que está llevando la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a través de AVRA en los barrios de nuestra ciudad con problemas de exclusión social”.
La delegación granadina de la APDHA pide asimismo dotar de una mayor claridad, transparencia y publicidad a los criterios y requisitos de acceso a las viviendas sociales de titularidad de la Junta de Andalucía. Para ello sería esencial que existiera un mapa actualizado de viviendas, régimen de tenencia y ocupación y un listado en el que las familias pudieran conocer su posición en la lista de demandantes de vivienda.
Y consideran vital la existencia de una mayor coordinación entre la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, AVRA y los Servicios Sociales Comunitarios a la hora de detectar y atender de una forma adecuada a aquellas familias en riesgo o situación de exclusión con necesidades perentorias de vivienda, apuntan, al tiempo que exigen que se impulse la construcción/recuperación de nuevas viviendas sociales diseminadas por Granada, de manera que se evite la creación de guetos.
La denuncia presentada, que sigue su curso, incide en la “violación de los derechos fundamentales”, una vía novedosa que espera sea atendida por la Justicia, según José Antonio Imbernón Paniagua, miembro de la asociación.
