La violencia de género sigue siendo uno de los problemas de más difícil solución en nuestros días y representa uno de los principales y más reprochables reductos de discriminación aún existentes en nuestra sociedad, de forma que cualquier medida o actuación por parte de los poderes públicos a favor de su eliminación debe ser siempre bienvenida para el propósito de lograr una sociedad más justa y equitativa. Como Poder del Estado, los Jueces no hemos permanecido ajenos a esta lacra ni hemos eludido implicarnos en la lucha por su erradicación. No sólo desde la creación y entrada en funcionamiento de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, ya antes a partir de la reforma del año 1989 la implicación judicial ha sido decidida, siempre con arreglo a la Ley y con plena salvaguarda de los derechos de todos los ciudadanos, víctimas y agresores, sin que por ello se haya prescindido de la necesaria sensibilidad hacia las mujeres que sufren este tipo de agresiones. 

En cualquier caso, el avance en cuanto a herramientas jurídicas y procesales para continuar atajando la violencia de género no debe hacernos perder de vista una consideración que no es original, pero es importante que sea reiterada: que el tratamiento para erradicar esta forma patológica de entender las relaciones entre hombres y mujeres pasa en buena medida, no sólo por la protección y apoyo a las víctimas, sino también por la actuación de los Estados en los aspectos educativos, y además, por la asistencia psicológica no sólo de las víctimas, sino también de los agresores y del entorno familiar. No podemos ignorar el riesgo de que para tratar un problema social de primera magnitud, diverso en sus causas y manifestaciones, como es la violencia doméstica y/o de género, se esté optando por una marcada judicialización de las soluciones y, en esa lucha, esté quedando en un segundo plano la preocupación por la también vital potenciación de programas psicológicos, asistenciales, sociales y educacionales. Está bien que los jueces cumplan con su tarea y que los culpables reciban el castigo previsto por la ley. Pero un juez es como un cirujano, que intenta remediar algo del daño ya hecho: la decencia y la ética pública no pueden garantizarla los jueces, en la misma medida en que la salud pública no depende de los cirujanos. La gente exige, con razón, una justicia rápida y visible, pero no se puede confundir el castigo del delito con la solución, aunque forme parte de ella.