La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial en calidad de investigados a dos individuos, una mujer de 56 años y un hombre de 42, ambos como presuntos autores de un delito continuado de maltrato animal doméstico, y en el caso de la mujer además como autora de un delito de intrusismo profesional.

La investigación comenzó el pasado mes de agosto, cuando el Equipo del Seprona de la Guardia Civil de Granada, en calidad de Policía Judicial Medioambiental, tuvo conocimiento de que en una clínica veterinaria de la localidad de Peligros -cuyo nombre la Guardia Civil no especifica- supuestamente se estaba maltratando a los animales domésticos que estaban ingresados.

La Guardia Civil puso en marcha la operación Claridad 21, con el fin de investigar los hechos y obtener las pruebas pertinentes para poder llevar ante el juez a los autores.

Retrasaban los tratamientos

Tras meses de investigación los agentes del Seprona pudieron obtener pruebas de que, de manera continuada, entre otras cosas, los ahora investigados "tenían a los animales domésticos que ingresaban en la clínica en condiciones higiénicas lamentables, el material utilizado en las intervenciones quirúrgicas estaba oxidado, no realizaban la desinfección necesaria de las jaulas, ataban a los animales con cuerdas, les arrancaban mechones de pelo para comprobar si tenían reflejos durante las intervenciones bajo anestesia, retrasaban los tratamientos o no se los proporcionaban para que tuviesen que permanecer más tiempo ingresados y otros muchos actos que provocaban un sufrimiento innecesario en estos animales", relata la Guardia Civil.

La Guardia Civil finalmente procedió a investigar al veterinario que trabajaba en la clínica, así como a la dueña de la misma, a la que también se le ha investigado por intrusismo profesional, puesto que, sin estar colegiada como veterinaria y siendo éste un requisito indispensable para poder ejercer, realizaba exámenes clínicos de los animales, establecía diagnósticos y prescribía tratamientos farmacológicos.

Actualmente, la clínica veterinaria en la que se llevaban a cabo estos delitos, y que además solía atender numerosos casos de animales abandonados que pertenecían a distintas asociaciones que buscan la protección de estos animales, se encuentra cerrada por reformas.

Asimismo, para poder llevar a cabo la puesta a disposición judicial del veterinario, se solicitó la colaboración del Seprona de la Guardia Civil de Cádiz, que llevó a cabo la investigación del mismo, ya que en la actualidad reside en esta provincia.

La Guardia Civil señala que durante la investigación contó con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Granada, "que en todo momento se mostraron solícitos y cuya participación ha sido fundamental para el éxito de la operación".