La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública alerta de la "grave alarma social y sanitaria" por la listeriosis

Ciudadanía - IndeGranada - Jueves, 29 de Agosto de 2019
El consejero de Salud atiende a los medios.
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El consejero de Salud atiende a los medios.

La plataforma ciudadana Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, MDSP-Granada, ha remitido un comunicado para expresar públicamente su preocupación por "la grave alarma social y sanitaria" que están ocasionando los múltiples casos de infecciones por listeriosi. Por su interés, reproducimos íntegramente el comunicado:

Es lamentable que de las pocas noticias que hemos proporcionado desde Andalucía este verano, la que está acabando por ser la más notoria y con más repercusión mediática nacional y previsiblemente a partir de ahora internacional, es lo relacionado con el brote de intoxicación alimentaria por listeriosis. El propósito de esta nota de la Mesa para la Defensa de la Sanidad Pública de Granada es ayudar a la población a tener una opinión informada sobre lo que está pasando e intentamos también no aumentar más allá de lo razonable la alarma social. 

Queremos hacer algún comentario informativo de contexto, dirigido a nuestros conciudadanos. El primer lugar un brote por listeriosis es un problema poco frecuente y de mucha gravedad, con problemas potencialmente mortales en personas vulnerables y con problemas médicos preexistentes. También presenta problemas sobre las mujeres embarazadas y sobre los fetos y los niños en procesos de gestación. Bajo ningún concepto se le puede quitar importancia al problema. 

Por otro lado, en Andalucía tenemos un sistema de protección de salud pública de alta calidad, con más de 1.000 profesionales dedicados específicamente al tema, la mayor parte concretamente a la defensa de la sanidad alimentaria. Nuestros profesionales son muy buenos y están trabajando en un sistema bien organizado y que habitualmente nos protegen con prontitud y sin que casi ni nos enteremos del problema. El éxito de la salud pública es que no notemos que existe.

Nuestros profesionales y otros actores de la sanidad alimentaria actúan con rapidez, calidad y con buenos resultados casi siempre. Pero algo ha funcionado tremendamente mal en este caso. Necesitaremos tiempo para clarificar qué es lo que ha ido mal en este caso. Ahora es el momento de seguir trabajando con energía tanto en la identificación de nuevos casos (la listeria tiene un periodo de incubación de siete semanas, por lo que es de esperar que surjan más casos). También es el momento de seguir atendiendo adecuadamente a los afectados y a las embarazadas infectadas, para lo cual disponemos también de un excelente sistema sanitario, en especial en este caso médicos de familia, servicios de urgencia y hospitales también suficientemente capacitados. 

Tendremos que esperar, por lo tanto a ver cómo va evolucionando esta desgraciada epidemia y habrá que ver qué ha fallado, qué protocolos hay que revisar, qué cambios hay que introducir en el sistema, qué modelo organizativo hay que actualizar, por ejemplo habrá que ver si la actual distribución de competencias entre los ayuntamientos excepcionados que disponen de recursos propios para la protección de salud como Sevilla, Granada y Málaga es el modelos más apropiado para Andalucía y para los tres ayuntamientos afectados, que disponen de recursos en algún caso muy limitados. Decimos esto porque parte de los problemas de esta crisis ha afectado a la coordinación de la Junta de Andalucía con estos municipios…. pero todos estos problemas los tendremos que valorar con la tranquilidad que dará cuando el brote esté controlado. De forma a nuestro juicio apropiada la Fiscalía Superior de Andalucía ha iniciado ya la investigación referida a las responsabilidades de carácter legal. 

Lo que sí sabemos ya es la nefasta gestión política y de comunicación social que han tenido los portavoces políticos de la Consejería de Salud y de la Junta de Andalucía, con especial mención a las intervenciones del consejero de Salud. Sabemos ya que la alerta de salud pública se retrasó más de lo que hubiera sido conveniente y desconocemos la razón que hubo para ello, se han sembrado dudas entre la población sobre si se han inmovilizado todas las partidas potencialmente infectadas, tanto de los diferentes productos afectados como la empresas implicadas, se transmitieron informaciones que podían entenderse como desculpabilizantes sobre una de las empresas (se entendió como un posicionamiento a favor de una de las empresas, en lugar de pensar fundamentalmente en la ciudadanía), se han puesto al descubierto problemas de descoordinación entre las administraciones implicadas tirándose los trastos entre una y otra sobre responsabilidades político administrativas (Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla)…..y así un cúmulo de malas prácticas de gestión de salud pública y de comunicación con  la población que han reflejado los medios y que han creado confusión y desconfianza entre la población: los ciudadanos andaluces, los españoles de otras comunidades y los extranjeros que nos visitaron.

El Consejero ha manifestado en la reunión en Madrid con el Ministerio de Sanidad y las otras comunidades, que la gestión de la crisis fue impecable, nosotros creemos que ha habido muchos problemas. Los asuntos penales esperemos que los resuelva de Fiscalía Superior de Andalucía, los técnicos y organizativos debe resolverlos un estudio pormenorizado realizado con calma a la finalización del brote y que debe implicar profundas modificaciones para que esta situación, u otras similares, no se repitan.

En este momento no pedimos dimisiones inmediatas ni otro tipo de decisiones que pueden debilitar la autoridad de la Junta de Andalucía cuando requiere de un máximo de legitimidad, que tiene que ganarse aportando una máxima transparencia, información fidedigna, sin atender a intereses que ahora deben ser solo la protección de la salud de los potenciales afectados,  recuperar la tranquilidad y que la población piense que estamos en buenas manos, si esto es todavía posible. Cuando este tema esté cerrado esperamos y pediremos una dura depuración de los responsables políticos.