Contra la prisión permanente revisable, entrevista a José Antonio Imbernón, coordinador área Cárceles APDHA Granada

'Una persona ingresa en prisión para poder ser reeducada y reinsertada, no para ser aislada permanentemente de la sociedad'

Ciudadanía - Nerea Balinot - Jueves, 25 de Enero de 2018
Este vienes, el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada presentará en el Pleno ordinario una moción para mantener la prisión permanente revisable en el Código Penal. Nerea Balinot entrevista a José Antonio Imbernón, coordinador granadino del área de cárceles en la Asociación Por los Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), para que explique qué consecuencias traerá esta medida en nuestro sistema penal.
De la campaña de la APDHA contra la prisión permanente revisable.
APDHA
De la campaña de la APDHA contra la prisión permanente revisable.

Desde 2015, la prisión permanente revisable es una realidad en el Código Penal español, ¿en qué consiste exactamente?

Se trata de una pena de carácter punitivo que consiste en el encierro en prisión de manera permanente, con un matiz de revisión. En la práctica, es una cadena perpetua, solo que incluye la posibilidad de revisar el caso pasados 35 años, momento en el que se decide si se otorga la libertad o se alarga hasta la pena máxima de 40 años.

Desde APDHA os habéis mostrado contrarios a esta medida, ¿por qué?

Creemos que es una medida de dudosa constitucionalidad. El sistema penal español está basado en dos principios rectores: el principio de reinserción y el principio de prevención. Con la pena permanente revisable se están ignorando estas normas básicas del estado de derecho. Una persona ingresa en prisión para poder ser reeducada y reinsertada, no para ser aislada permanentemente de la sociedad.

Algunas sentencias del Tribunal supremo, más de 60 catedráticos de derecho de 33 universidades españolas y varias sentencias internacionales ya se han manifestado contrarios a la prisión permanente revisable.

'Sí, se está sacando rédito político de situaciones que, como es normal, han causado gran rechazo social. Sin embargo, no podemos legislar en base a algunos casos concretos, pues el sistema penal es mucho más complejo'

Esta campaña se ha apoyado, en parte, en algunos de los crímenes más mediáticos de los últimos años, como puede ser el caso Diana Quer. ¿Se están utilizando políticamente estas tragedias?

Sí, se está sacando rédito político de situaciones que, como es normal, han causado gran rechazo social. Sin embargo, no podemos legislar en base a algunos casos concretos, pues el sistema penal es mucho más complejo.

Además, se ha comprobado que la prisión permanente revisable no cambiaría realmente este tipo de procesos. Tomemos, por ejemplo, el caso de Diana Quer. Si se le aplicara la pena permanente revisable, estaría en prisión 35 años hasta la primera revisión de la condena, donde podría dejársele en libertad o ampliársele hasta 40 años. El tipo penal español ya establece un máximo de 40 años a los que se le podría condenar por los agravantes penales de asesinato, agresión sexual, etc. por lo que, en realidad, estamos hablando de penas muy similares

Entonces, ¿qué objetivo tiene la pena permanente revisable?

En un país con un sistema penal tan punitivo, donde las penas ya están entre los 35-40 años, la prisión permanente revisable tiene escasa utilidad práctica. De hecho, desde que se aprobó en 2015, solamente se ha utilizado en una ocasión.

Debemos recordar que nuestro sistema penal es uno de los más punitivos de Europa. En países donde las penas regulares no superan los 20 años, sí tiene más sentido una pena permanente como método de proporción. Sin embargo, España tiene tal grado de punitividad que aumentar el castigo en base casos puntuales no significa ninguna mejora del sistema penal.

¿Qué alternativas podrían proponerse frente a la pena permanente?

Creemos que el sistema español es tan duro penalmente que no necesita más medidas punitivas. Deberíamos enfocarnos en responder a los problemas sociales que originan el delito, es decir, conocer el contexto de los presos, facilitar medidas de reinserción… Nuestro sistema penal tiene como objetivo la convivencia, no el castigo por venganza. Habría que contrarrestar esos problemas sociales con medidas políticas y no con castigos penales.

A pesar de tener una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa (0,69 asesinatos por cada 100.000 habitantes, frente a la tasa media de 0,92 en la UE) tenemos también la mayor tasa de personas reclusas. ¿Qué significa esto?

Nuestro sistema penal tiene como objetivo la convivencia, no el castigo por venganza. Habría que contrarrestar esos problemas sociales con medidas políticas y no con castigos penales

Es un fracaso del sistema penal, ya que el aumento de la población reclusa no está solucionando el trasfondo social que origina la criminalidad. Si un país tiene escasa criminalidad, pero cada vez hay más personas presas, es que algo está fallando.

Sin embargo, hay una tendencia general a pensar que el sistema penal español es demasiado laxo. ¿Cree que tenemos una concepción sobredimensionada del crimen?

Sobredimensionada y distorsionada. En esto los medios de comunicación y ciertas campañas políticas han jugado un gran papel. No se conoce el sistema penal ni su grado de punitividad, lo que hace que cada vez haya más falsos mitos circulando. Se dice, por ejemplo, ‘‘es que la gente cumple un año de condena y queda libre’’, cuando en realidad hay que cumplir tres cuartas partes de la condena previamente.

Se trata de un problema de desinformación. De hecho, el último informe de APDHA (‘‘La sociedad española frente a su sistema penal’’), concluye que cuanto más se informa a la población sobre las condiciones y consecuencias de la prisión permanente revisable, menos propensa es la sociedad a aceptar esta medida.

Sea cual sea la resolución de este viernes, ¿cómo va a afrontar APDHA la lucha?

Mantendremos nuestra firme oposición a la pena permanente revisable. Nuestro objetivo es concienciar del profundo atraso social que supone. No se trata de una conquista social: es un retroceso en el sistema penal que vulnera nuestros principios básicos constitucionales.