Del Río censura la ‘apología y aplauso’ a la desobediencia judicial y recuerda que los jueces se ciñen a la ley
El presidente del TSJA y la fiscal jefe defienden con duras críticas la actuación judicial en el caso Juana Rivas
El caso Juana Rivas estuvo muy presente en las intervenciones tanto del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, como la de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, en la apertura del año judicial.
Internvención del presidente del TSJA en el patio de la Real Chancilería. Vía twitter @JusticiaJunta
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha defendido este martes que los jueces están sujetos "al imperio de la ley" y sólo en ella se basan sus pronunciamientos, lamentando que, en determinados casos, se haya hecho una "apología y aplauso" de la desobediencia de sentencias firmes.
Lorenzo del Río ha hecho esta reflexión durante su intervención en el acto de apertura del año judicial celebrado en la Real Chancillería de Granada, al que ha asistido la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar y el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, entre otras autoridades.
Del Río ha recordado que las leyes "son de obligado cumplimiento", de modo que si la mayoría considera que no son "adecuadas", lo que procede es modificarlas en el Parlamento; pero no se puede --ha dicho-- "inocular" en la ciudadanía que la ley y los tribunales son secundarios, "que si no gustan se obvian".
Sus palabras se producen después de que en los últimos meses se hayan cuestionado las resoluciones judiciales en torno al caso de Juana Rivas, la madre de Maracena que está siendo investigada por permanecer casi un mes ilocalizable con sus hijos incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregarlos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar y al que en 2016 denunció por malos tratos.
Aunque no ha hecho una mención expresa a este mediático caso, el presidente del alto tribunal andaluz sí ha aludido a "recientes situaciones conflictivas judicializadas" que, a su entender, "han traspasado la línea de la legítima crítica social de las resoluciones judiciales" y que le han llevado a reivindicar el "respecto a la legalidad" y a las decisiones de la justicia.
Ha matizado que los jueces pueden equivocarse y están sometidos a la crítica pública por sus actuaciones, pero llama a "tener presente que sólo desde el respeto y el cumplimiento de la ley es posible una convivencia pacífica y democrática".
Capital judicial de Granada
También se ha referido a la capitalidad judicial de Granada y ha abogado por no llevar a cabo un "desplazamiento inmediato de las nuevas secciones penales" fuera de Granada, donde tiene su sede el alto tribunal andaluz, a la vista del número de recursos que se han registrado hasta la fecha procedentes de todas las audiencias provincias andaluzas y que han sido resueltos "sin disfunciones ni inconvenientes procesales".
Del Río ha recordado que, a "muy corto plazo, deberá materializarse la entrada en funcionamiento de las nuevas plazas de magistrados para las Secciones de apelación penal", siendo este año judicial cuando se tome la decisión sobre su ubicación y posible desplazamiento.
Sin pretender "ahondar en la polémica suscitada" en torno a este asunto ni "ser desleal" con la opinión mayoritaria de la Sala de Gobierno que preside, el presidente del TSJA ha querido hacer constar durante su discurso que esa misma sala, en su informe del 19 de abril del pasado año, solicitó la constitución de una Sección de apelación penal "en Granada".
A ello ha sumado los datos de actividad, con 31 recursos registrados hasta la fecha de todas las audiencias provinciales de la comunidad andaluza, los cuales, según ha enfatizado, han sido "tramitados y resueltos sin disfunciones ni inconvenientes procesales ni, por supuesto, desplazamiento de partes, profesionales o ciudadanos".
A su juicio, esto aconseja "graduar la implantación y entrada en funcionamiento de las nuevas plazas de magistrado para la segunda instancia penal, así como no llevar a cabo un desplazamiento inmediato de las Secciones", sin perjuicio de la valoración que pueda hacerse en un futuro, a la vista del número de recursos.
Cláusulas abusivas
Para el presidente del alto tribunal andaluz, otro de los retos que se presenta este año judicial es el de dar respuesta a la sobrecarga de trabajo en lo relativo a las llamadas cláusulas abusivas.
Según ha argumentado, el volumen de asuntos que ya ha tenido entrada en los juzgados especializados evidencia que los medios personales y materiales inicialmente comprometidos "van a resultar manifiestamente insuficientes en muy corto plazo", lo que obligará a comprometer más recursos, si se quiere, "al menos, mitigar el colapso" de estos órganos judiciales.
El presidente y la consejera conversan en el acto institucional. VÍA TWITTER @JUSTICIAJUNTA
También ha recordado que sigue pendiente una transformación profunda del proceso penal, que supere el modelo actual, y la plena incorporación del Ministerio Fiscal al proceso de digitalización de la Administración de Justicia digital.
Junto a ello ha reivindicado la tan "necesitada" modernización de la justicia andaluza a través de la reorganización funcionarial y de la mejora de las infraestructuras judiciales.
Lorenzo del Río ha culminado su discurso hablando de la carrera judicial, afirmando que la mayoría "responde a un arquetipo de jueces honestos, a menudo incomprendidos y criticados, que en soledad actúan con integridad y recta conciencia".
"Es ciertamente frustrante ver que mientras otros colectivos, vinculados directa o indirectamente con la Administración de Justicia, encuentran comprensión y valoración, cuando no evidentes ventajas profesionales, los jueces y magistrados normalmente encontramos rechazo y postergación, cuando no una abierta indiferencia", ha expuesto.
Lucha de la Fiscalía contra la violencia de género
En el mismo acto también ha intervenido la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, que en un momento de su discurso se ha referido a la "lucha" del Ministerio Público contra la violencia de género, un problema que "a pesar de todos los cambios legislativos y medidas implantadas en esta materia" continúa sin resolverse, ha dicho, para añadir que son necesarias medidas de "prevención y sensibilización".
"Los fiscales seguiremos intentando adoptar medidas para fortalecer la lucha contra estos delitos siendo conscientes de la preocupación ciudadana que existe con este tema, pero en ningún caso obedeciendo a presiones de colectivos, medios de comunicación o personas, que por desconocimiento o manipulación de la ley y los procedimientos judiciales, pretenden no sujetarse a la legalidad", ha agregado. La fiscal, que se refería así, también sin citarlo, a casos como el de Juana Rivas, ha manifestado que pondrán "especial atención" en los maltratadores que demuestran "una mayor peligrosidad criminal, teniendo especial cautela con la situación de los menores".
En todo caso, ha garantizado que continuarán "con la vigilancia y seguimiento continuo de todos los asuntos, poniendo especial atención en la situación de aquellos maltratadores que demuestran una mayor peligrosidad criminal" así como los reincidentes, "teniendo especial cautela con la situación de los menores de edad, víctimas también directas de estos delitos, procurando su efectiva protección y tutela (...), valorando siempre el interés superior del menor".
En el acto también ha intervenido la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, que ha iniciado su discurso recordando que el Estado de Derecho tiene en el principio de legalidad uno de sus pilares básicos e irrenunciables.
En el que ha sido su primer acto de apertura del año judicial, la fiscal se ha referido a la insuficiencia de plantillas de fiscales en Andalucía y a la necesidad de que se implante ya la nueva oficina fiscal y culmine la modernización tecnológica del Ministerio Fiscal.
En cuanto a la corrupción, ha considerado fundamental que las instituciones reaccionen cuando se producen estos casos, y con respecto a los retos a abordar se ha referido a los derivados de la anunciada reforma del proceso penal, con la atribución al fiscal de la investigación de los delitos, lo que requerirá, ha dicho, incrementos de la plantillas y de medios".
