El gobierno local pidió a Rober el pasado marzo que diera los pasos necesarios para implantar los cambios, calculando que deberían estar cerrados en un plazo de ocho semanas.

Al responderle, la empresa mostró su desacuerdo con los cálculos empleados por el área sobre la reducción del coste que supondrán. Así lo ha desvelado el concejal de IU, Francisco Puentedura, durante la celebración del Observatorio de la Movilidad.

En el informe Rober recuerda que en 2014, cuando el PP implantó la LAC y renovó el contrato de concesión, la facturación ya no se hace por precio/kilómetro sino según los costes reales. 

De esta forma, rechaza, como plantea el gobierno local, que la modificación de las líneas, al reducir el número de kilómetros en 268.267, vaya a reportar un ahorro de 1,3 millones de euros anuales. 

Por otra parte, la concesionaria del transporte puso condiciones para poder cumplir con el plazo de ocho semanas solicitado por el Ayuntamiento para la implantación de los cambios. Entre esas exigencias, que los cambios estuvieran cerrados antes de acometer las tareas necesarias.