En un comunicado conjunto, los sindicatos CSIF, ANPE, CCOO y UGT se han pronunciado sobre los cambios que prepara la Consejería de Educación y Deporte sobre los que ha informado El Independiente de Granada, para criticar "la falta de transparencia, información y diálogo" por parte de la Delegación con toda la comunidad educativa. 

Los sindicatos aseguran que estarán "vigilantes" ante cualquier cambio y que se opondrán "contundemente" a que impliquen pérdida de unidades, cierre de centros y pérdida de puestos de trabajo.

En el caso concreto de los IES Veleta y Zaidín-Vergeles, a los que la Delegación ya ha comunicado que el próximo curso estarán afectados por la reorganización, sin ofrecerles más detalles, que se trasladarán en unas instrucciones en enero, los sindicatos aseguran que están dispuestos a emprender "todas las acciones necesarias para evitar males mayores" como la vulneración de derechos laborales o la pérdida de unidades. 

Reproducimos íntegramente el comunicado hecho público por estas cuatro organizaciones:

• No podemos entrar a valorar lo que se piensa hacer porque no tenemos conocimiento de ello, dado que no se nos ha informado. Sólo se nos ha dicho que se está estudiando la idoneidad de cambiar la adscripción de enseñanzas a centros en aras de una “optimización” de recursos. Los centros “objeto de estudio” son todos los Colegios Públicos Rurales, Semi-Ds (colegios en los que, por su lejanía a un instituto, aún se imparte 1º y 2º de ESO), Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Enseñanza Secundaria.

• Sin embargo, queremos dejar muy claro a la Delegación y a toda la comunidad educativa que estaremos vigilantes a cómo se desarrolla dicha “optimización” y nos opondremos contundentemente a todo cambio que suponga pérdida de unidades, cierre de centros en la red pública o pérdida de puestos de trabajo.

• Queremos también expresar nuestro malestar por la falta de transparencia, información y diálogo de la Delegación con toda la comunidad educativa, y en particular con los representantes de las trabajadoras y trabajadores. Entendemos que un cambio del calado que parece que están preparando no se puede hacer sin el necesario diálogo y consenso de todas las partes. Dado que la educación es (o debería ser) una prioridad de estado y que los cambios van a afectar necesariamente tanto al alumnado como a los docentes y al resto de trabajadores de la enseñanza, se nos debería haber convocado y escuchado a todos los agentes de todos los sectores antes de generar la alarma. 

• Por otra parte, exigimos a la Delegación que antes de iniciar ningún cambio nos informe adecuadamente, con datos de centros implicados, actuaciones a corto, medio y largo plazo, espacios afectados, posible movilidad del profesorado, garantías al alumnado y a las familias y consecuencias previstas de dichas actuaciones, entre otros. Manifestamos nuestra total disconformidad con la manera en que se ha actuado, sin permitir que haya tiempo para el necesario diálogo y la valoración de las consecuencias que puedan tener las actuaciones previstas. Cambios de este calado no se pueden hacer de prisa y corriendo y sin consenso.

• Lo que sí parece cierto, y queremos informar de ello a toda la comunidad educativa, es que los cambios que se están planteando podrían afectar a todos los centros que imparten enseñanzas obligatorias (CPR, CEIP, Semi-D, IES, etc.) y por lo que hemos podido vislumbrar podría suponer a la larga un cambio drástico y generalizado en la manera en que se organizan las enseñanzas en los centros públicos.

• Aunque la delegación no ha querido confirmar nada, sí se nos ha informado por parte del profesorado de algunos centros, como el IES Zaidín Vergeles o el IES Veleta, que al parecer ya hay una hoja de ruta para eliminar la Enseñanza Secundaria Obligatoria en estos centros, comenzando por la supresión de 1º de ESO el curso próximo.

• Ante estos hechos queremos transmitir tanto al profesorado como a las familias que estaremos atentos a todas las actuaciones que se vayan anunciando y no descartamos tomar las acciones necesarias para evitar males mayores como la vulneración de derechos laborales o la pérdida de unidades en la enseñanza pública.