El tribunal ha decretado el aplazamiento

Suspendido el juicio con jurado por el homicidio del agente Arcos tras considerar las partes que la sala no cumplía los requisitos de seguridad

Ciudadanía - IndeGranada - Lunes, 1 de Junio de 2020
Iba a ser el primer juicio con jurado popular que se celebrara durante el estado de alarma y se habían adoptado medidas extraordinarias de seguridad, que no han sido consideradas suficientes.
Sala donde se iba a celebrar el juicio.
Pool Efe/Pepe Torres
Sala donde se iba a celebrar el juicio.

La Audiencia de Granada ha aplazado hasta nueva fecha la celebración del juicio con jurado popular cuyo comienzo estaba señalado para hoy, 1 de junio, a petición de las partes personadas en el proceso. Se trata del juicio por el homicidio del guardia civil José Manuel Arcos, que arrancaba este lunes y que finalmente ha sido pospuesto.

Iba a ser el primer juicio con jurado popular que se celebrara durante el estado de alarma y para ello se habían adoptado medidas extraordinarias de seguridad. Además de las mascarillas, se anunció la instalación de pantallas de metacrilato.

Según han informado desde el TSJA, los letrados de las acusaciones particulares, a los que se sumaron el fiscal y la propia defensa del acusado, consideraron que la sala de vistas "no cumple las condiciones sanitarias y de distancia física que permitan la celebración del juicio en las condiciones necesarias". Ante esta petición, la magistrada presidenta ha decidido decretar el aplazamiento hasta nueva fecha. Ninguna representación legal se ha opuesto a la medida.

La familia del guardia civil espera "justicia"

Según informa Europa Press, en declaraciones a los periodistas a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la mujer del agente fallecido, Raquel Pérez, había expresado su confianza en que en este juicio, que se le hace "muy duro" y para el que ha tratado de "mentalizarse", "se haga justicia" y que el desenlace del proceso se acerque "a lo que sea más justo", tanto por su marido, como por los dos hijos que ha dejado y por el resto de miembros del Instituto Armado.

"Ellos son unos héroes grandísimos pero detrás de ellos hay unas guerreras que nunca los vamos a dejar solos, esto que lo sepa todo el mundo", había señalado. 

El agente perdió la vida a los 48 años en la madrugada del 15 de octubre de 2018 en acto de servicio, después de que se iniciara una persecución con el acusado a raíz de que hiciera una maniobra extraña con el coche robado que conducía y en el que llevaba un arma de guerra.

La mujer del agente ha dicho sentirse "muy arropada" por el Cuerpo desde aquel fatídico día y que "nunca" la han dejado sola. Se muestra consciente de que este juicio "hay que pasarlo, hay que hacerlo" y "cuanto antes pase mejor", por lo que lleva mentalizándose todo este tiempo.

A la llegada del acusado a la Audiencia de Granada se han vivido momentos de tensión durante su traslado a los juzgados, cuando una de las hijas del agente fallecido se ha lanzado hacia él y varios agentes han tenido que impedir que se le acercara.

La Fiscalía solicita para el acusado un total de 27 años de prisión por delitos de homicidio, daños, robo de vehículo a motor y otro de depósito de armas de guerra.

Junto a la pena de cárcel, la Fiscalía reclama para el acusado el pago de multas por algo más de 2.000 euros y más de 334.000 euros en indemnizaciones para la mujer y los dos hijos que dejó el agente fallecido.

La acusación particular, que ejerce la familia de la víctima representada por el bufete HispaColex, ha solicitado 42 años y medio de prisión; y la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la guardia civil en prácticas que acompañaba al fallecido, 37 años.

A ello se suman las acusaciones populares ejercidas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (que pide 23 años) y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, que se adhiere a la petición del fiscal.