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Los vecinos de 'Cármenes del Mar' piden a Junta y Gobierno central que ejecuten la orden del juez para evitar que la urbanización se siga derrumbando

Ciudadanía - Europa Press - Lunes, 14 de Septiembre de 2015
Estado de una de las viviendas de la urbanización.
www.savecarmenesdelmar.com
Estado de una de las viviendas de la urbanización.

Los vecinos de la urbanización 'Cármenes del Mar' de La Herradura, en Almuñécar, han enviado dos solicitudes tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España para que trabajen conjuntamente en la ejecución de las medidas cautelares decretadas hace meses por el Juzgado de Instrucción número 12 de Granada con el fin de evitar que sus casas sigan derrumbándose.

En dos cartas enviadas tanto al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, como a la delegada del Gobierno de Andalucía en Granada, Sandra García, los vecinos piden una reunión urgente con ambos y solicitan su intervención con el objetivo de evitar "situaciones irreparables" dada la situación de emergencia en la que se encuentra la zona residencial.

Entre dichas medidas, instan a que se subsanen los graves defectos constructivos y se lleve a cabo la necesaria rehabilitación de la urbanización y sus suburbanizaciones y además piden una intervención urgente de los servicios técnicos de las diferentes administraciones para tomar las medidas que eviten nuevos deslizamientos de tierra y el consiguiente riesgo para la integridad de los vecinos de la urbanización.

Por último, han insistido en la necesidad de adoptar medidas para garantizar la habitabilidad de la urbanización, teniendo en cuenta que existe riesgo inminente de colapso en los viales de acceso a la misma, y de sus servicios generales.

En ambas cartas, los vecinos de 'Cármenes del Mar' han recordado que el juzgado no sólo ha condenado a todos los denunciados por los defectos en la construcción, sino que ha aprobado una serie de medidas cautelares para evitar que el deterioro continúe y para reparar los innumerables  desperfectos que presenta la zona residencial, decretando incluso un embargo a los demandados de 3,6 millones de euros.

Recursos e insolvencia

No obstante, los recursos de las empresas condenadas y la declaración de insolvencia de muchas de ellas están haciendo imposible que esas medidas se pongan en marcha, de ahí que los afectados pidan a las administraciones que las ejecuten con carácter subsidiario, ya que ello no conllevaría coste alguno para el contribuyente.

"No espere a que haya que lamentar situaciones irreparables, que caerían bajo su responsabilidad y su conciencia, y transforme lo que hoy ya se conoce en toda Europa como 'La ruina de Andalucía' en solución y tranquilidad para todos", han explicado los vecinos en su carta al  delegado del Gobierno en Andalucía.

Por su parte, en la misiva enviada a la delegada del Gobierno de Andalucía en Granada, Sandra García, los residentes de 'Cármenes del Mar' advierten de que "parece evidente que sin la implicación de la administración autonómica que usted representa, no existirá solución al deterioro progresivo de la urbanización y ello a pesar de la existencia de responsabilidades jurídicas ya declaradas".

Los vecinos han aprovechado, asimismo, para recordar a la delegada que se comprometió en una reunión anterior a habilitar los recursos jurídicos necesarios para agilizar la situación, así como a interceder con los equipos técnicos de la Consejería de Fomento y Vivienda para evitar que nuevas viviendas acaben derruidas.

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Granada aceptó antes de verano el aval presentado por los vecinos de 'Cármenes del Mar' como caución suficiente a fin de que se ejecuten las medidas cautelares que había decretado la propia titular del juzgado el pasado verano.

El objetivo de dichas medidas, que tendrán un coste aproximado de 4,5 millones de euros, no es otro que asegurar la zona en la que se encuentran las viviendas, con el objetivo de que no continúen  deteriorándose.

Este mismo juzgado falló el pasado noviembre a favor de los vecinos de 'Cármenes del Mar' y condenó de forma solidaria a todos los acusados a la reparación de la urbanización y las sub-urbanizaciones interiores según su intervención en las mismas.

De esta manera, decretaba que debían ser los propios demandados quienes deban correr a cargo de todos los costes de las obras,  incluyéndose en estas no sólo los gastos derivados de honorarios profesionales de abogado y  procurador, sino también todos aquellos derivados de informes periciales o cuales quiera otros requeridos por el proceso.