La FSC CCOO Granada ha denunciado que la Junta de Andalucía "utiliza más de 1.135.000€ de fondos europeos para privatizar los servicios de limpieza de los centros dependientes de la Delegación de Educación". 

El sindicato afirma que la Administración autonómica "está enmascarando la tasa de temporalidad", dejando sin cubrir las plazas vacantes del personal laboral que depende de la Delegación de Educación y haciendo contrataciones de personal con empresas privadas que están financiadas con fondos europeos. CCOO  alude concretamente al “refuerzo de limpieza” al que hacen referencia las licitaciones que, en su opinión, no es otro que "la intención de la Junta de privatizar los servicios públicos y destruir empleo cuando no se cubren las vacantes y sustituciones por los procedimientos habituales”.

CCOO ha denunciado en numerosas ocasiones la situación que sufren los centros educativos (insalubridad, sobrecarga de plantillas, sin apoyo a niños y niñas con necesidades educativas especiales, y de corta edad, etc...), por la falta de personal laboral perteneciente a la Junta de Andalucía, y así lo ha trasladado mediante las correspondientes denuncias al Comité de Seguridad y Salud de la Administración, y a la Inspección de Trabajo.  

Algunos ejemplos de centros en extrema dificultad, según CCOO, son: el IES Luis Bueno Crespo (Armilla), la Residencia Escolar Virgen de las Nieves (Granada), el IES Pedro Antonio de Alarcón( Guadix), IES Padre Poveda (Guadix), el CEEE Jean Piaget (Ogijares), el E.I. Santo Ángel. (Baza), el- E.I. Virgen del Carmen (Granada), o el IES Zafra (Motril).

Desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación han contestado, a petición del sindicato, y aseguran, dice CCOO; que no es posible contratar porque aumentará la temporalidad. El sindicato considera que esa misma tasa la ha provocado la Administración, al no ofertar empleo público real de personal laboral de la Administración, para camuflarlo mediante la contratación de servicios externos, y la solución que están barajando es la de una movilidad funcional o geográfica del poco personal tan castigado que permanece. 

Por todo ello, el sindicato realiza un llamamiento contundente a la Administración autonómica para que solvente esta situación, cubra las vacantes  y no privatice ni precarice este empleo público.