Ni las lecciones aprendidas de los años del boom inmobiliario, que nos metió de lleno en una de las peores crisis de la que aún sufrimos consecuencias que miran de reojo a la nueva que dicen que se avecina, han acabado con las construcciones ilegales. La Fiscalía de Granada alerta de que siguen proliferando y da un toque de atención por las que se levantan en el Parque Natural de Sierra Nevada. 

Así se recoge en la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía consultada por El Independiente de Granada. En el apartado dedicado a la actividad que desempeña la Fiscalía de Granada en el área especializada en Medio Ambiente y Urbanismo, se indica respecto a los delitos contra la ordenación del territorio que, si bien disminuyen las diligencias -tanto fiscales como judiciales- "se siguen formulando un considerable número de acusaciones por construcciones en suelo no urbanizable común", levantadas con una licencia para una edificación "totalmente distinta a la ejecutada" o simple y llanamente "de forma clandestina" en suelos de especial protección.

Y al respecto, el Ministerio Público alerta especialmente de las que se encuentran en el Parque Natural de Sierra Nevada. 

La Fiscalía es muy crítica con lo ocurrido durante años en Cogollos Vega

Junto a esa preocupación por la actividad en zona protegida de Sierra Nevada, en su memoria menciona también, en tono muy crítico, al municipio de Cogollos Vega, donde según la Fiscalía, "son numerosos los procedimientos por estos delitos". En esa localidad, agrega el Ministerio Público, "tradicionalmente se ha hecho dejación de funciones de disciplina urbanística que competen al Consistorio".

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Estribaciones del Parque Natural se Sierra Nevada. p.v.m.

Hay otra realidad que constatan los fiscales. Las dificultades para ejecutar las sentencias condenatorias que acuerdan la demolición de lo ilegalmente contruido. Esas sentencias se dictan, pero la Fiscalía observa "la falta de cumplimiento de un importante número de sentencias en las que se acordó la demolición, en atención a las solicitudes presentadas de posible regularización, hipotético cambio de Normas Subsidiarias, etc.". Pese a todo, en 2018, según refiere la Memoria de la Fiscalía de Granada, se han ejecutado tres demoliciones con carácter forzoso y una de carácter voluntario.

El toque de atención llega cuando la Junta acaba de aprobar un decreto para regularizar viviendas ilegales

Este toque de atención de la Fiscalía de Granada en la Memoria de 2019 -que repasa las estadísticas del ejercicio anterior- llega en un momento en el que la Junta de Andalucía acaba de aprobar un decreto para regularizar viviendas ilegales. Son más de 300.000 en la Comunidad, desde urbanizaciones a diseminados. Y el objetivo del decreto ley, llamado de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de Edificaciones Irregulares es dar seguridad a sus propietarios, para que puedan recibir servicios municipales, venderlas o dejarlas en herencia, tras años en un limbo legal. 

Según explicó la Junta al aprobar el Decreto ley en Consejo de Gobieron, son viviendas sobre las que "ya no es posible adoptar medidas para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico, al haber transcurrido el plazo del que dispone la Administración para actuar sobre las mismas". El Gobierno andaluz defiende que "pone fin a años de caos jurídico y urbanístico" con una norma basada en "la protección ambiental y la simplificación de trámites".

Caso Serrallo y Caso Nazarí, "las dos causas más significativas por su complejidad y trascendencia"

Es esta sección de la Fiscalía, la de Medio Ambiente y Urbanismo, la que se encarga de dos de los casos más complejos investigados en Granada. De un lado el caso Serrallo, que llega a juicio en febrero del próximo año, y, de otro, el caso Nazarí, "del que ese espera la recta final en el presente año". 

En lo que se refiere al caso Serrallo, que se ha llevado en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, se ha formulado escrito de acusación por delito contra la ordenación del territorio, delito continuado de prevaricación urbanística, prevaricación común, fraude en la contratación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos contra el constructor, el exalcalde José Torres Huertado, la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto y el exgerente de Urbanismo, Manuel Lorente, entre otros funcionarios.

Explica que el Plan de Saneamiento y Abastecimiento de la Vega de Granada culminó en una serie de estudios sectoriales y en la constitución de dos Consorcios -para el desarrollo de la Vega-Sierra Elvira y Sierra Nevada-, "adoptándose como la opción técnica y económicamente mejor la depuración conjunta de las aguas residuales de Granada y sus municipios próximos".

Los ayuntamientos alegaron respecto a la situación que "en virtud de la firma de los referidos convenios han delegado las competencias en los Consorcios respectivos y no son responsables de la depuración de las aguas". Pero esto, según considera la Fiscalía, "no es admisible dado que la competencia está atribuida legalmente a los municipios, habiéndose dictado numerosas sentencias de Tribunales de lo Contencioso Administrativo confirmando las sanciones a los Ayuntamientos por vertidos a dominio público hidráulico de aguas residuales sin depuración alguna".

"Ello implica que la ausencia de toda autorización de vertido de aguas residuales aboca al ente municipal a una situación de total ilegalidad en los vertidos de sus aguas residuales, lo que unido al incumplimiento reiterado a lo largo de los años ha determinado la interposición de querellas en todas las diligencias de investigación referidas por delito ecológico del art. 325 del Código Penal". 

Otra actividad en contaminación acústica y por incendios

Se han formulado también escritos de acusación por delitos de contaminación acústica contra los titulares de locales a consecuencia de emisión de ruido superior al permitido legalmente, en uno de los cuales ocasionaron "un gran padecimiento a los vecinos perjudicados que sufrieron lesiones psíquicas y físicas". 

Y en lo que respecta a los delitos de Incendios Forestales, corresponde "casi en su totalidad por incendio imprudente, la mayoría de los casos por quema de rastrojos sin autorización o por incumplimientos de las condiciones impuestas en la licencia". En algunos casos la causa del incendio ha sido "la falta de mantenimiento de líneas eléctricas". 

En los delitos contra la Flora y Fauna "se detecta la tendencia al incremento en el número de causas por maltrato animal lo que parece obedecer a una mayor sensibilidad ciudadana ante este tipo de hechos y a encontrar una respuesta adecuada por parte de la Fiscalía especializada, reconociendo la labor realizada tanto por la Policía Local como por el Seprona".

"Siguen incoándose un importante número de diligencias por pintadas en BIC"

En la actividad de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo también se investigan los delitos contra el Patrimonio Histórico, una materia a la que la Fiscalía dedica especial atención desde hace años, lo que ha derivado en una importante actividad en colaboración con las fuerzas de seguridad. "Siguen incoándose un importante número de diligencias de investigación y judiciales por grafitos o pintadas realizados en Bienes de Interés Cultural", resume la Memoria de la Fiscalía de Granada.