El Tribunal Supremo acoge este jueves la vista pública del recurso de casación del caso Medina Elvira Golf, en la que se dilucidan penas de prisión e inhabilitación contra diversos constructores y cargos públicos y una responsabilidad civil superior a mil millones de euros, de la que tendrán que responder, si se confirma que el ex alcalde y el promotor inmobiliario no son culpables, el municipio y los vecinos de Atarfe, de 18.000 habitantes, según destacan los recurrentes.

El recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Granada acordando la absolución de todos los acusados ha sido interpuesto por diversas organizaciones de la sociedad civil granadina, representadas por el abogado y fiscal anticorrupción en excedencia Carlos Castresana.

La Fiscalía sostuvo la acusación contra los responsables en Granada, pero no ante el Tribunal Supremo. La Audiencia Provincial de Granada absolvió a todos los acusados. 

La causa se remonta a 2005, cuando los acusados levantaron una urbanización de más de mil viviendas y un campo de golf de 600.000 metros cuadrados en una zona calificada de máxima protección urbanística y excepcional valor medioambiental. En concreto, construyeron edificios de 9 pisos, más de 1.000 viviendas, donde el máximo autorizado eran 150 chalets de dos alturas.  

"En la actualidad, el complejo, que se vendió sin los servicios básicos de agua, luz y saneamiento, en su mayoría a ciudadanos británicos jubilados que nunca han podido ocuparlo, a los que se prometió que estaba entre la sierra (a 50 kilómetros) y la playa (a 100 kilómetros), se encuentra en una situación de completo abandono".  

Las acusaciones interpuestas por los distintos colectivos sociales que ejercen la acusación popular, se fundamentan en "la ilegalidad de las obras, calificadas por los acusados como de 'bajo impacto', y en la falta de ofrecimiento de acciones al Estado, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Atarfe, así como a los propietarios de los inmuebles de la urbanización Medina Elvira Golf, a quienes nunca se les comunicó la existencia del procedimiento penal".   

Además de "destruir un entorno natural de excepcional valor ecológico, los acusados se apropiaron de 61.000 metros cuadrados del a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, propiedad del Estado, destruyeron una vía pecuaria autonómica y un camino público municipal, sustrajeron 100.000 metros cuadrados propiedad del Ayuntamiento de Atarfe, y construyeron una depuradora de aguas residuales en un barranco de dominio público, que puede contaminar el agua de abastecimiento y riego de 30 pueblos de la Vega de Granada", según recuerda la representación legal de los colectivos que recurrieron.