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Nuevo giro en la investigación de la supuesta trama urbanística en la etapa del PP

La jueza apunta a Torres Hurtado en el caso Serrallo y abre la puerta a investigar a su gobierno

Política - M.A. - Lunes, 6 de Marzo de 2017
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 estima el recurso del Ministerio Fiscal y da marcha atrás en su decisión de transformar las diligencias en procedimiento abreviado, lo que la situaba a un paso del juicio, para proseguir con la instrucción y practicar nuevas diligencias, entre ellas la toma de declaración al exalcalde. Tras ello decidirá si cita a la Junta de Gobierno del PP, formada por la mayoría de los actuales concejales populares.

El exalcalde de Granada José Torres Hurtado también tendrá que dar cuentas por la operación urbanística del Serrallo, en la que la jueza investiga los presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. 

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, encargada de investigar también la supuesta trama urbanística en el Ayuntamiento de Granada durante la etapa del PP, así lo acaba de acordar en un auto, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada, en el que lo cita para declarar como investigado para el próximo 23 de marzo. 

Detalle del auto dictado por la jueza. indegranada

En el llamado Caso Serrallo están investigados, entre otros, la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto, el constructor y promotor del Serrallo Roberto García Arrabal y buena parte de la cúpula del área de Urbanismo, entre ellos Manuel Lorente. 

Hasta ahora la jueza había desestimado citar como investigado al exalcalde, pero ahora lo justifica en la existencia de los informes policiales de la UDEF que forman parte de las diligencias del caso Nazarí y que sitúan a Torres Hurtado en "la cúspide" de la presunta trama urbanística.

A ello añade la declaración de testigos como Jacobo de la Rosa, funcionario clave en las investigaciones, e incluso del exconcejal de Urbanismo y en su día hombre fuerte de Torres Hurtado Luis Gerardo García-Royo. Y también los reveladores correos entre Isabel Nieto y el constructor García Arrabal. "De ellos se deduce, a priori, la intensa relación y presunta connivencia del exalcalde y exconcejal con el empresario en la operación urbanística, objeto de la presente causa".

Torres Hurtado con su equipo de gobierno, tras las lecciones municipales de 2015. Miguel Rodríguez

El auto recuerda, además, que Torres Hurtado, como presidente de la Junta de Gobierno, estuvo al frente de la reunión que el 26 de julio de 2012, a propuesta de Nieto, autorizó y aprobó, por unanimidad, "el cambio de uso, al pronunciarse sobre horarios y ampliación a uso de restauración de las instalaciones terciarias, alterando, tanto la superficie construida como la ordenación estructural que para los Sistemas Generales y usos establecidos en el Plan General, alterando de forma esencial las condiciones del concurso y de la concesión administrativa otorgada en cuanto a su  objeto, con incidencia esencial en el canon establecido inicialmente".

Añade la jueza en su auto que el propio exalcalde, para desvincularse de la toma de decisiones urbanísticas, declara que él intervenía en los acuerdos adoptados por decreto, pleno o Junta de Gobierno Local, pero no de las Comisiones Ejecutivas de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Y en este punto recuerda que la Gerencia de Urbanismo se extinguió como organismo autónomo en junio de 2012, momento a partir del cual las competencias pasaron a la Junta de Gobierno Local presidida por el alcalde. 

"Además, en este caso, se investiga no sólo la vulneración de la normativa urbanística y posible delito de prevaricación urbanística sino que de lo actuado y en el transcurso de la instrucción, aparecen indicios, entre otros, de delito de fraude en la contratación por incumplimiento, alteración y modificación esencial del pliego de  cláusulas administrativas y del contrato inicialmente aprobado por el alcalde y la Junta de Gobierno Local por lo que no cabe alegar para eximirse de responsabilidad tal delegación de competencias", indica la magistrada, que recuerda que ni Torres Hurtado ni ningún miembro de su equipo de gobierno realizaron actuación alguna para "reponer la legalidad urbanística" en el Serrallo. "Todo lo contrario", precisa para recordar que, "para lograr la impunidad", lo que hicieron fue elaborar unas Ordenanzas de Edificación que recogían la posibilidad de implantar usos de espectáculos de reunión en espacios libres o zonas verdes y dominio público, "todo ello con la finalidad de legalizar a posteriori lo ilegalmente ejecutado". Tramitando después una innovación del PGOU y rechazando, en pleno, anular las licencias y paralizar lo actuado.
 

La jueza resolverá si deben declarar los ediles de la Junta de Gobierno del PP tras escuchar al exalcalde

De la declaración de Torres Hurtado, apunta la jueza en el auto, dependerá que posteriormente llame también a declarar a los concejales del PP que formaron parte de la Junta de Gobierno Local que aprobó esta operación. Porque todos ellos, como ha apuntado una de las acusaciones, avalaron la toma de esa decisión, votada por unanimidad en el seno de la Junta de Gobierno.

Entre las diligencias que dicta ahora la magistrada, a petición de la Fiscalía, también se encuentra la declaración como investigados del interventor y, en relación con otro posible delito, el de cohecho, al empresario García Arrabal y a Lorente, por la contratación del hijo de este en uno de sus negocios. 

Este nuevo giro en el CasoSerrallo se produce después de que el Ministerio Público, una vez que la jueza dictó auto de procedimiento abreviado, considerara que faltaban diligencias por practicar "esenciales y pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos, delitos y personas presuntamente responsables".

Entre ellas, además de la toma de declaraciones, se solicita nuevo informe pericial, en este caso a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, en los mismos términos que en su día pidió el Juzgado a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Intervención General del Estado. Estas dos últimas instituciones contestaron señalando en el primer caso que no podía elaborar el informe en cuestión y, en el segundo, en la misma línea señalando que se trataba de una entidad local y que no contaba con personal especializado, lo que en su momento podría "poner en cuestión la validez" de cualquier informe. 

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