El pleno de la Diputación de Granada ha aprobado este jueves el expediente de contratación del servicio de seguridad y vigilancia de las 39 sedes y centros que la institución tiene en toda la provincia, que incluye cláusulas sociales para favorecer la contratación de mujeres víctimas de la violencia de género o desempleadas, y personas mayores de 45 años.

Tal y como ha explicado el vicepresidente y diputado responsable de Contratación, Pedro Fernández, al menos un 30 por ciento de las contrataciones que se efectúen deben realizarse atendiendo una de estas prioridades establecidas en el pliego de condiciones. 

Además, las nuevas condiciones que deberá cumplir la empresa adjudicataria incluyen la subrogación de los contratos del conjunto de la plantilla actual, que es de 65 personas, y penalizaciones en caso de que los nóminas se abonen con más de cinco días de retraso.

Igualmente, el texto aprobado incorpora las llamadas cláusulas medioambientales, que permiten otorgan mayor puntuación a las empresas que utilicen de forma activa las nuevas tecnologías en perjuicio del papel en el marco de su gestión interna. 

El nuevo contrato asciende a 8.292.416,36 euros para los próximos 3 años (2.764.138,79 euros de media por año), e implica, según ha subrayado el vicepresidente, una mejora general de las retribuciones y de las condiciones de trabajo, incluyendo un plan de formación.