El Gobierno aprueba la Ley de Memoria Democrática, que declara nulos los juicios sin garantías del franquismo
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, un texto con 66 artículos agrupados en 5 títulos y varias disposiciones transitorias, derogatorias y finales, que busca "encontrarnos con la verdad, la justicia, la dignificación de las víctimas, el perdón y la convivencia de los españoles", en palabras de la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo.
Calvo ha explicado que el anteproyecto obedece "estrictamente" a los parámetros de defensa y reconocimiento de los derechos humanos, atiende a las recomendaciones de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo -"homologando a nuestra democracia con las de otros países que también han tenido que reconocer situaciones traumáticas parecidas" - y cumple con los pronunciamientos al respecto del Congreso de los Diputados.
Asimismo, ha continuado, sigue la estela marcada por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que "abrió la puerta a enfrentar nuestro pasado, ha dado extraordinarios frutos y ha marcado el rumbo de por dónde teníamos que seguir trabajando".
El texto será ahora remitido para informe al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal. Calvo ha expresado su esperanza de que, cuando llegue la tramitación parlamentaria, sea una ley "respaldada por todos, para que todos podamos reconocernos en ella y reconocer a nuestro país, y para que los más jóvenes entiendan que les toca el testigo de sostener la gran democracia que por fin es España".
Las ministras Carmen Calvo y María Jesús Montero se dirigen a la rueda de prensa del Consejo de Ministros. j.m.cuadrado/pool moncloa
La vicepresidenta ha destacado dos grandes objetivos del nuevo texto. El primero, la defensa y el conocimiento de la historia democrática de España. Y el segundo, el reconocimiento, la reparación, la dignidad y la justicia para las víctimas de la dictadura y la represión.
"Tenemos que reencontrarnos con esta historia brillante de nuestro país, que tiene que estar en la conciencia colectiva de la ciudadanía y en las aulas, para que podamos ser conscientes y responsables del sostenimiento de la democracia"
La vicepresidenta ha señalado que la nueva ley abandona el término "memoria histórica" e incorpora "memoria democrática" para recoger los hitos de la lucha del pueblo español por sus libertades y derechos, que comenzó hace más de 200 años: "Tenemos que reencontrarnos con esta historia brillante de nuestro país, que tiene que estar en la conciencia colectiva de la ciudadanía, y en las aulas, para que todos sepamos, estemos informados y podamos ser conscientes y responsables del sostenimiento de la democracia". La ley incluye medidas de carácter educativo para incorporar a los currículums de ESO y Bachillerato y también para la formación del profesorado.
Respecto a los españoles que perdieron la vida, o sufrieron exilio, cárcel y represión durante la guerra y posterior dictadura, la ley lleva aparejadas medidas de reparación. Una de ellas será la declaración de nulidad de pleno derecho de aquellos juicios y sentencias que, sin ningún tipo de garantías procesales y al margen de la legalidad propia de cualquier estado de derecho, supusieron condenas y ejecuciones.
La identificación de las víctimas sepultada en fosas comunes será asumida por la Administración General del Estado (AGE) en coordinación con el resto de administraciones públicas, con el objetivo de que las familias que así lo quieran puedan recuperar sus restos. Calvo ha adelantado que se actualizará el mapa de fosas y se elaborará un Censo y un banco de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura "que ofrezcan garantía estricta de las identificaciones".
Para llevar a cabo estas acciones, se aprobarán planes cuatrianuales dotados presupuestariamente, y además, para que todos los procedimientos sean rigurosos, se impulsará la creación de una fiscalía de sala específica en el Tribunal Supremo, un Consejo Territorial para la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, y un Consejo de la Memoria Democrática, para asesorar al Gobierno, en el que participarán las asociaciones memorialistas de nuestro país y las familias.
Carmen Calvo ha subrayado, además, que la ley enfatiza la necesidad de recuperar la memoria de víctimas que lo fueron y sufrieron represalias "especialmente indignantes" simplemente por su sexo, orientación sexual o etnia: las mujeres, el colectivo LGTBI y el pueblo gitano.
