la junta no ha parado la intervención en un paraje protegido
Las obras en el Barranco del Carrizal continúan, a pesar de la denuncia por ser Lugar de Memoria Histórica
Las excavadoras siguen removiendo tierra en el paraje protegido de Órgiva, donde yacen varios miles de víctimas el franquismo.
P.V.M.
Las excavadoras operaban este jueves sobre el terreno.
Ante la inacción de la Junta de Andalucía, competente en materia de Memoria Histórica, mediante el comisionado de la Concordia, que ya tiene conocimiento de la intervención, dos retroexcavadoras continúan removiendo tierras en el Barranco del Carrizal, cementerio de víctimas del franquismo.
Tampoco ha intervenido la Guardia Civil, aunque la Subdelegación del Gobierno cursó oficialmente al instituto armado la denuncia de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH), que pedía el pasado martes la suspensión cautelar de los trabajos para garantizar que cumplen lo establecido en las leyes de Memoria y preservar cualquier hallazgo.
Pese a todo, dos operarios al mando de dos retroexcavadoras seguían removiendo tierras a última hora de la jornada de este jueves, como comprobó sobre el terreno El Independiente de Granada.
La maquinaria pesada operaba a unos cien metros del monolito en memoria “de las miles de víctimas de la cruel represión llevada a cabo contra las personas que defendieron a la Segunda república, como expresión de su lucha por las libertades frente al fascismo”, colocada en el verano de 2014, tras ser declarado en diciembre de 2013 Lugar de Memoria Histórica.
Tras la denuncia de la asociación memorialista, y requerido por El Independiente de Granada, el Comisionado para la Concordia, unidad que tiene atribuidas las competencias en materia de memoria democrática, informó que no se ha recibido comunicación oficial ni solicitud de autorización para llevar a cabo movimientos de tierra en el Barranco del Carrizal (Granada), espacio declarado como Lugar de Memoria Histórica. La Consejeria estará vigilante ante estas supuestas actuaciones en el terreno para que cumplan la legislación vigente".
A la información reaccionaron la Diputación de Granada y el PSOE, que pidieron la paralización de las obras.
Como adelantó este diario, en el barranco, que alberga seis fosas de víctimas del franquismo, maquinaria pesada está llevando a cabo movimientos de tierra, en unas labores que según distintas fuentes consultadas, tienen como objetivo la plantación de árboles en una finca privada. Ante el peligro que supone la intervención de maquinaria pesada en los terrenos, la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH) registró un escrito en la Subdelegación del Gobierno para que se comprobara la legalidad de los trabajos.
El presidente del colectivo memorialista, Rafael Gil Bracero, recordaba en el escrito que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía obliga a contar con autorización previa a cualquier intervención en estos terrenos, protegidos por su consideración de Lugar de Memoria Histórica.
"De acuerdo a la normativa vigente consideramos que no se ha respetado los condicionantes que obligan tanto el artículo 8.4 así como el art. 28.3 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en cuanto a la remoción o cambio de uso en ámbitos de terrenos sometidos a información y autorizaciones por las instituciones competentes (Consejería de Cultura y Comisionado de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía), autorizaciones que son previas a cualquier intervención de facto sobre el terreno sometido legalmente a la salvaguardia de los valores históricos, ambientales, paisajísticos, pedagógicos, etnográficos, antropológicos u otros singulares previstos en los artículos 21 y 22 que motivaron su inscripción en el Inventario", indica el escrito registrado.
Tras recibir el escrito, la Subdelegación del Gobierno en Granada pidió oficialmente a la Guardia Civil que investigue los trabajos para comprobar si cuenta con los permisos pertinentes. También dió curso al escrito ante la Delegación del Gobierno de España en Andalucía y la Secretaría de Estado de Memoria Histórica.
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