Los técnicos de la Oficina Social de la Vivienda del Ayuntamiento de Granada atendieron el pasado año un total de 438 casos de familias que se enfrentaban a desahucios y en todos ellos lograron ofrecer alternativas. 

Lo ha subrayado la concejala de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, al presentar el balance de la Oficina, que ha incrementado la coordinación con otras instituciones -lo que ha permitido contar con viviendas de AVRA y Visogsa, las empresas de vivienda de Junta y Diputación- y que mantiene también un cauce de colaboración "muy fluido" con las plataformas que luchan contra los desahucios.

Respecto a estas últimas, ha subrayado que han conseguido establecer "una alianza muy importante", ha subrayado para explicar que cada uno ocupa sus espacios y que confluyen "en la defensa de los derechos de las familias". "Estamos orgullosos del trabajo que hacen los compañeros y compañeras activistas, que ejercen la presión necesaria ante los bancos e incluso ante los juzgados, y que tienen la mano a la coordinación con los Servicios Sociales. Esto hace dos años era impensable", ha reflexionado la concejala. 

En datos, el 25 por ciento de los casos atendidos el pasado año correspondió a ejecuciones hipotecarias. El porcentaje ha caído respecto al ejercicio anterior, cuando estos lanzamientos representaban el 45 por ciento. No obstante, ha alertado de que no se puede "bajar la guardia", pues frente a esa disminución, las cifras evidencian que crecen los desahucios por impago de alquiler. Así lo refleja el hecho de que el 55 por ciento de los casos atendidos por el Ayuntamiento de Granada correspondiera a esas situaciones: la de familias que no pueden hacer frente al pago de las cuotas mensuales por el alquiler de las viviendas. Hay otro pequeño porcentaje, que se acerca al 5 por ciento, de desalojos por ocupaciones ilegales de vivienda. En estos casos, la única opción es ofrecer una alternativa habitacional, pues no se pueden paralizar. El resto se corresponde con familias con grandes dificultades para hacer frente al pago de alquileres y a las que se ofrece ayudas específicas. 

La concejala, que ha elogiado la dedicación de los técnicos de la Oficina, ha insistido en que se ha dado respuesta al cien por ciento de los casos para no ejecutar los lanzamientos: dación en pago de viviendas; alquileres sociales; aplazamiento de los desahucios -en muchos casos hasta marzo de 2020, como permite ahora la ley- o con alternativas habitacionales.

Sánchez ha hecho un llamamiento a las familias para que acudan cuanto antes a los Servicios Sociales, para no demorar la búsqueda de soluciones.