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El juicio por el caso Serrallo arranca el lunes

La corrupción urbanística en la etapa del PP, al banquillo

Política - M.A. - Domingo, 2 de Febrero de 2020
El que fuera alcalde, José Torres Hurtado, nueve de sus ediles, funcionarios y un empresario serán juzgados en el primero de los casos que han señalado toda una etapa, la de los sucesivos gobiernos populares en la capital.

Torres Hurtado, en una imagen de archivo, junto a Isabel Nieto y Manuel Lorente. ayto.granada

Con pleno conocimiento del entonces alcalde y con "absoluto desprecio" a las leyes. Así actuaron, según la Fiscalía, los acusados que a partir de este lunes se sientan en el banquillo por el caso Serrallo, el primero que lleva a juicio la presunta corrupción urbanística en la etapa del PP en el Ayuntamiento de Granada. 

En el banquillo de los acusados se sentarán el que fuera alcalde, José Torres Hurtado, nueve de sus ediles -con Isabel Nieto, exconcejala de Urbanismo, al frente-, funcionarios del Consistorio y el empresario Roberto García Arrabal, promotor al que beneficiaron con esta operación urbanística ilegal.

Es más que un caso, porque al banquillo de la sala de vistas en la que se celebrará este juicio -programado a lo largo de cerca de treinta sesiones entre febrero, marzo y abril- llega la gestión desarrollada por el PP durante sus sucesivas mayorías absolutas. Una gestión que no solo ha quedado cuestionada por la construcciones ilegales asociadas al Centro Comercial Serrallo que levantó García Arrabal, sino por el reguero de operaciones que forman parte del llamado caso Nazarí, aún instruyéndose y que debe determinar si lo que hubo fue una trama corrupta organizada. 

Llega el juicio con el PP de nuevo en el gobierno, aunque en coalición, y tras una marejada en el Consistorio con la aún caliente dimisión de Sebastián Pérez como presidente del partido en la provincia. Y con el PP -con los mismos socios que en el Consistorio- gobernando por primera vez en casi cuarenta años en la Junta de Andalucía.

Si fuera una predicción meteorológica, que vendrá a partir del lunes en Granada, con la tormenta política y la judicial que se abre, bien podría considerarse una 'ciclogénesis explosiva', con condiciones muy adversas. Pero no será breve, porque hay sesiones programadas hasta el 2 de abril. 

Los delitos que se juzgan: delito continuado contra la ordenación del territorio; delito continuado de prevaricación urbanística; delito continuado de prevaricación común; delito de fraude en la contratación; delito de tráfico de influencias; y falsedad en documento público.
Los acusados: Junto a José Torres Hurtado e Isabel Nieto se sentarán los concejales que formaron parte de la Junta de Gobierno Local. Son Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma, Juan García Montero, María Francés, Fernando Egea, Telesfora Ruiz, Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera. Entre los funcionarios, Manuel Lorente, Agustín Belda, Gaspar Navarro, Emilio Martín, María Paz Spínola y Francisco de Paula Aguilera. Y el empresario Roberto García Arrabal. Hay también cuatro empresas mercantiles acusadas.

Torres Hurtado, el día de su dimisión, acompañado por algunos de los ediles de su equipo. m.Rodríguez

Además del Ministerio Público, ejercen la acusación el Ayuntamiento de Granada, el partido Vox, el empresario Tomás Olivo -promotor del Centro Comercial Nevada- y las empresas que compraron el negocio de Arrabal. Ni Fiscalía ni Ayuntamiento formularon acusación contra los concejales que votaron en Junta de Gobierno a favor de la operación urbanística. La Fiscalía consideró, en su escrito de acusación, que su actuación fue "poco diligente", pero también entendió que "pudieron no ser conscientes de la vulneración de la legalidad".

Según la Fiscalía, "los acusados (...) puestos en común acuerdo, guiados de ánimo de beneficiar económicamente, al también acusado, Roberto García Arrabal y a sus empresas, con absoluto desprecio al ordenamiento jurídico, tanto sustantivo como procesal, fueron sorteando la legalidad, para el logro del fin propuesto".

"De forma consciente y voluntaria, vulneraron tanto la normativa urbanística, como la que establece el régimen jurídico de los Bienes de Dominio Público y la legislación de contratos de las Administraciones Públicas así como el procedimiento legalmente establecido para la tramitación y aprobación de los pertinentes expedientes municipales, encomendando los mismos a servicios sin competencia para ello y excluyéndolos de su cauce jurídico normal, de tal modo que puede afirmarse que no hay sumisión a la ley de los funcionarios municipales sino lo contrario, la búsqueda torticera de preceptos, no aplicables a la actuación administrativa, para la obtención del fin propuesto. Todo ello con el olvido del deber legal que incumbe a los funcionarios públicos y autoridades de velar por los intereses públicos que gestionan, siendo así que, en esta actuación urbanística, los actos de los acusados pertenecientes al Área de Urbanismo del Consistorio están sistemáticamente encaminados a beneficiar a García Arrabal y a las demás empresas que concurrieron a la explotación de los negocios ilegalmente implantados"

Todo ello, con el pleno conocimiento de Torres Hurtado.

La operación urbanística: El concurso público para la construcción y explotación del parque infantil se adjudicó en 2006. A partir de la ejecución de la concesión, que no se hizo hasta estar construido el centro comercial Serrallo Plaza, esta "se fue modificando sucesivamente, incorporando varias edificaciones sin licencia". En concreto para la instalación de una sala de fiestas y otros negocios. A lo largo de la tramitación, se elaboraron informes favorables a pesar de que sus autores eran conocedores de que lo planteado no podía autorizarse legalmente. En su manera de proceder, también se ha detectado que alguno de ellos, por ejemplo a Manuel Lorente, elabora y firma un informe favorable "apropiándose" de un expediente que correspondía a otro departamento al suyo. 

El juicio comenzará con el planteamiento de cuestiones previas por las partes, después será el turno de la declaración de los acusados, posteriormente comparecerán testigos, tras ellos los peritos propuestos y, por último, tendrán lugar las conclusiones finales. 

Entre los testigos, nombres conocidos como el de Luis Gerardo García-Royo, que fue concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, y funcionarios como Jacobo de la Rosa, cuyo testimonio también está siendo clave en el caso Nazarí, como denunciante de las prácticas ilegales que se llevaban a cabo en el área de Urbanismo.

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