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Juicio del caso Serrallo

García Arrabal declara que el Ayuntamiento le obligó quedarse con el negocio multiaventura del Serrallo: "Si no os quedáis con la concesión, no tenéis licencia para el centro comercial"

Política - Europa Press - Jueves, 6 de Febrero de 2020
El empresario asegura que con la exconcejala de Urbanismo tenía una "relación complicada, que no quiere decir que no fuera educada"
García Arrabal, sentado en segunda fila, en la primera sesión del juicio.
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García Arrabal, sentado en segunda fila, en la primera sesión del juicio.

El promotor Roberto García Arrabal, uno de los 17 acusados en relación a la supuesta construcción irregular de una discoteca, con pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza de Granada, ha declarado este jueves, ante el tribunal de la Audiencia Provincial que enjuicia el caso, que habría preferido construir el proyecto inicial, en el que no figuraba "el restaurante con sala de fiestas".

El Ayuntamiento le emplazó a quedarse con la concesión administrativa de un "negocio multiaventura" que le permitiera sufragar la urbanización de la zona, ha mantenido este acusado. "Si no os quedáis con la concesión, no tenéis licencia para el centro comercial", ha explicado que le dijeron al respecto García Arrabal, quien ha contestado, en la cuarta sesión de este juicio, a las preguntas de la Fiscalía y de su defensa.

La vista se celebra en el edificio judicial de Caleta y se reanudará el 19 de febrero, y antes del empresario también se han declarado inocentes este jueves ocho ex concejales del PP, también procesados junto al que fuera alcalde José Torres Hurtado, y su concejal de Urbanismo Isabel Nieto.

García Arrabal ha indicado que los distintos proyectos que fueron presentando no "gustaban" al Ayuntamiento, y que el centro comercial iba en una "superficie impracticable", que ha definido como "un barranco vertedero".

Para conseguir el "equilibrio económico-financiero" del proyecto, se planteó finalmente una fórmula "bastante bonita e interesante" con una pista de patinaje "cubierta con una carpa", y en la que este procesado ha mantenido que nunca figuró "un quiosco de chuches", y que resultó ser luego "un desastre económico".

Este pasado miércoles, uno de los técnicos acusados reconoció algunas irregularidades en el proyecto que fueron corregidas en el departamento de Urbanismo correspondiente.

Como empresario, Roberto García Arrabal ha indicado que con la que era edil de Urbanismo, Isabel Nieto -que participa en el proceso también como letrada en defensa propia y mantuvo en su declaración que no era partidaria personalmente de construir allí "una discoteca"-, tenía una "relación complicada, que no quiere decir que no fuera educada".

Ha agregado que mantuvo conversaciones en su etapa profesional con "concejales de cualquier municipio" y "políticos de todo tipo", entre los que ha citado, por ejemplo, al exalcalde socialista de Granada Francisco Cuenca, o al que fuera portavoz del Grupo de IU, el edil Francisco Puentedura.

Dice que el hijo de Lorente trabajaba en su empresa porque tenía los conocimientos que requería

También ha defendido que en su empresa trabajara un hijo del que fuera director municipal de Obras Manuel Lorente, también en el banquillo en el caso Serrallo, porque tenía los conocimientos que requería para el trabajo que desempeñaba.

Aunque sean familiares de cargos públicos, "tienen que encontrar trabajo en la ciudad", ha argumentado, incidiendo, en referencia a un proceso judicial contra el Consistorio en que le han dado la razón recientemente, en que "tendría que haber ido más veces contra el Ayuntamiento" y "habría ganado".

En la causa están personados el Ayuntamiento de Granada, ahora gobernado por el PP y Cs, así como el grupo político Vox, un particular, General de Galerías Comerciales S.A., y Sky Club Serrallo Plaza S.L.

Están acusadas también cuatro empresas mercantiles, en un proceso que enjuicia supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.

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